La gestión del presidente Milei recibe apoyos y críticas; con mayores críticas entre los intelectuales progresistas, y mayores apoyos entre los ciudadanos que provienen del campo popular. Lo que lleva a una posible relación entre esas opiniones y la importancia que cada uno otorgue a una u otra de las dimensiones de la organización de las sociedades: la superestructura política e ideológica o a su base estructural productiva (diferencia importante para el materialismo histórico). De ser así, las opiniones contrarias a Milei vendrían en su mayoría de ciudadanos preocupados por los principios del liberalismo político, mientras que los que lo apoyan serían, mayoritariamente, ciudadanos preocupados por lo que se haga en la estructura productiva, ya que han sido castigados por una opción que les trajo desocupación, informalidad, pobreza e inseguridad.
Un ejemplo de construcción de opiniones negativas desde el intelectualismo progresista puede encontrarse en una nota reciente publicada en un medio de amplia difusión, cuyo autor (con formación en filosofía y experto constitucionalista) denuncia violaciones a la Constitución Nacional que justificarían “desear que al Gobierno nacional le vaya mal”. Violaciones que ocurrirían cuando, a juicio del autor, el Gobierno ataca la justicia social (art. 75 inc. 19); la libertad de prensa (art. 14); los derechos de los trabajadores (art. 14 bis); y las políticas orientadas al bienestar general (Preámbulo). Todas denuncias que no parecen ratificadas por observaciones de la realidad, como lo prueba el caso de violación a la libertad de prensa, desmentida precisamente por la publicación de sus opiniones en un importante medio público.
Otra debilidad de esas denuncias surge al ir acompañadas de juicios de valor, negativos, sobre características psicológicas de Milei; lo que lleva a mezclar diferentes niveles de análisis. Al afirmar que se trata de “un gobierno que cotidianamente se expresa a través de arrebatos violentos y chiquilladas absurdas” (afirmaciones avaladas por la realidad). El autor transita el camino de los juicios de valor para condenar al gobierno de Milei en su conjunto, omitiendo una consideración objetiva sobre hechos concretos, como son las políticas que buscan modificar el funcionamiento del Estado para ponerlo al servicio de una reactivación económica que, de prosperar, terminaría con nuestro estancamiento productivo, responsable del desempleo, la informalidad, la pobreza y la inseguridad.
Reactivación que es un requisito ineludible para hacer efectiva la “declamada” justicia social, que necesita de la creación de empleos genuinos para que los desocupados y los informales pasen a ser trabajadores genuinos, y así gozar efectivamente de los derechos constitucionales. Proceso que requiere seguridad jurídica, control de la inflación y una legislación laboral moderna que no ahuyente la contratación de trabajadores. Sin descuidar los derechos y garantías republicanas de todo ciudadano.
De ahí que, mientras muchos intelectuales progresistas (que alguna vez llamaron a votar por la continuidad kirchnerista a través de Sergio Massa), condenan al gobierno de Milei alegando presuntas violaciones a la Constitución Nacional; los sectores populares marginados por esa forma de dominación, apuestan a que se haga realidad un cambio estructural que les dé trabajo e ingresos para convertirse en ciudadanos libres de las migajas alienantes de los planes sociales.
*Sociólogo.
