En la lista de cambios y modificaciones que está proponiendo el Gobierno es necesario analizar el modelo que quiere para la salud. Desde la campaña electoral el Presidente planteó la eliminación del Estado como su gran objetivo.
Concretamente, propuso soluciones como el voucher educativo para que se privatice la educación y con un voucher que otorgaría el Gobierno podrían elegir la escuela, esto para ellos es el objetivo fundamental.
En el campo de la salud la situación es similar; por eso desde el primer día el Gobierno con las propuestas de las dos leyes que envió se remitió a plantear ideas fundamentalmente para el sector privado. Como lo demostró la pandemia del covid-19, el sistema público de salud es clave en las epidemias, pero también en la promoción y la prevención. La promoción abarca acciones inespecíficas que la mejoran, pero no se refieren a una enfermedad o problema de salud específico, o sea son medidas sobre la vivienda y el medio ambiente. Por ejemplo, se trata de la provisión de agua potable, medida que previene una serie de enfermedades de origen hídrico, pero también mejora la higiene general. Éstas son acciones que se realizan a través de las obras públicas que están paralizadas y afectan la salud. La prevención actúa frente a enfermedades específicas. Tanto la prevención como la promoción de la salud, son acciones primordiales de la salud pública, que implican una responsabilidad colectiva que supera a la individual. Incluso en las vacunas lograr el impacto social implica vacunar a una proporción de la población, las acciones individuales si no se cubre esa proporción no logran la acción preventiva, lo individual es necesario, pero no suficiente.
La atención de la salud o de la enfermedad es donde participa el sector privado, asociado a la seguridad social u obras sociales y el sector público. Si bien toda la población tiene derecho a la atención en el sector público, en realidad, solo se registra en casos de accidentes hasta que se define la cobertura de la persona accidentada. Quienes no tienen cobertura de obra social y prepaga están obligadas a atenderse en los hospitales públicos.
Con el aumento de la pobreza como informó el Indec, la población que debe atenderse en los servicios públicos creció. Ante la reducción y retiro del apoyo nacional a las provincias o municipios, son éstas las que deben hacerse cargo de esta atención, con una diversidad de cobertura debido a las posibilidades de cada provincia o municipio de financiar estos servicios. El derecho a la salud pasa a ser muy diferente, según donde viva una persona. Esto atenta contra la igualdad de acceso al derecho a la salud y es responsabilidad del Gobierno Nacional asegurarlo. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad muy importante que debe asumir. Por ejemplo, la provisión de los insumos para programas como la Salud Sexual y Reproductiva, incluida la atención de la interrupción voluntaria del embarazo y de la ley de los mil días, la atención y prevención de la violencia de género y del VIH/ sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Llamamos la atención acerca de la continuidad de esta provisión, así como la coordinación con las provincias y municipalidades. Ahora no se está asegurando esta provisión y es clave que el Ministerio la continúe. Lo mismo para el Programa de la Salud Materno-Infantil con la provisión de insumos incluida la leche y otros es clave. Pero también no olvidar la provisión de vacunas, que no pueden quedar libradas a la compra de las provincias. La capacidad de regular los criterios de la atención de la salud es una responsabilidad ineludible del Estado según la Constitución, si quiere renegar deberá cambiarla. Necesitamos el sector público. Otro tema es la política de medicamentos, que será otra columna.
