Este Defensor de los Lectores debe hacer una advertencia antes de entrar en materia para su columna de hoy: está escrita, por una cuestión vinculada con el cierre de la edición, el miércoles 19 por la mañana, cuando se aguardaba un agravamiento en la situación ante la nueva marcha del sector y la previsible represión anunciada por la ministra Patricia Bullrich.
Dicho esto, voy al tema.
El viernes 14, la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, publicó un artículo muy crítico sobre los acontecimientos ocurridos dos días antes, durante la manifestación de los jubilados y la represión consecuente. El director para América Latina de RSF, Artur Romeu, escribió para ese informe: “La agresión violenta contra el fotoperiodista independiente Pablo Grillo, herido en la cabeza por la policía mientras ejercía su labor, es una muestra alarmante de una peligrosa escalada represiva. Este ataque contra un periodista se enmarca en una política de represión que convierte a los reporteros en objetivos privilegiados. Representa un incremento en el uso de la fuerza bajo el gobierno de Milei y refuerza un clima ya hostil contra los medios de comunicación. El gobierno argentino debe poner fin a esta ofensiva contra la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor. RSF insta a la Policía a proteger a los periodistas que cubren las manifestaciones y a garantizar un acceso libre y sin restricciones a la información. Esta estrategia sistemática de silenciamiento de los medios debe detenerse antes de causar un daño irreversible a la democracia en Argentina”.
La nota de RSF centra su contenido en el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, como lo señala Romeu. Pero no se queda en él: “Al menos 15 periodistas fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad durante la misma manifestación, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Varios resultaron heridos por balas de goma, otros sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos y algunos fueron golpeados con bastones”, denuncia y añade: “Desde la llegada al poder del gobierno de Javier Milei, la represión policial contra los periodistas se ha intensificado en el marco del llamado ‘protocolo antipiquete’, que restringe el derecho a la protesta y autoriza el uso excesivo de la fuerza”.
“En marzo, el gobierno argentino tomó nuevas medidas que atentan contra la libertad de prensa –resume–. El 3 de marzo, el presidente Javier Milei se jactó de haber eliminado el apoyo a los medios en forma de contratos de publicidad, una decisión que pone en riesgo la supervivencia de numerosos medios independientes. Tres días después, el Gobierno anunció su intención de implementar un sistema de selección de periodistas para las conferencias de prensa en la Casa Rosada, en el que se realizaría una votación pública y se permitiría silenciar los micrófonos de ciertos periodistas durante las sesiones de preguntas al Gobierno”.
RSF recuerda que “la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina (Acera) denunció el 10 de marzo nuevas restricciones a la cobertura de manifestaciones y eventos oficiales, como las recientes limitaciones en la acreditación de fotoperiodistas durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso”.
La organización de periodistas actualiza cada año un ranking de libertad de prensa sobre un total de 180 países. En su última edición, la tabla indica que Argentina ocupaba en 2024 el puesto número 66. Un año antes, estaba en el lugar número 40. Se estima que en 2025, con la política del Gobierno respecto del periodismo, la posición argentina será aun peor.
