Primero, el dato duro. El controvertido juez federal Ariel Lijo se incorporará en comisión a la Corte Suprema, la que le tomará juramento luego de aprobar su pedido de licencia del juzgado que tiene a su cargo en Comodoro Py. La decisión ya se da por descontada, según varias fuentes del Palacio de Tribunales.
La pista clave para tal determinación la brindaron el último jueves los hasta entonces tres integrantes de la Corte. En la habitual reunión de acuerdos de las 10 de la mañana, el presidente Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz y el vocal Ricardo Lorenzetti resolvieron darle luz verde a que se sumara al cuerpo el académico Manuel García- Mansilla, el otro postulante promovido por el Gobierno en el Senado y ahora vía decreto.
De manera inusual para sus tiempos habituales, la Corte pareció inspirarse en Franco Colapinto para acelerar a fondo. Menos de dos horas y media después de iniciado el cónclave interno, Rosatti le tomaba juramento a García-Mansilla en una ceremonia tan imprevista como reservada. Contribuyó que, casualmente, el nuevo miembro estaba a pocas cuadras de Tribunales, adonde arribó caminando. Ni su familia estaba en la jura.
Para arribar a esa instancia crucial, los cortesanos ya le habían bajado el martillo a una definición clave: consideraron que los decretos de designación en comisión firmados por Javier Milei eran constitucionales, tal como adelantó PERFIL el miércoles 26 (https://www.perfil.com/noticias/opinion/de-la-motosierra-a-la-topadora.phtml).
En la Justicia admiten que los decretos infringen el espíritu de la Constitución
Pese a lo que se entiende en muchos ámbitos del derecho constitucional, los supremos creen que el Poder Ejecutivo cumple con el mecanismo de excepción previsto en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Esto es, que puede nombrarlos en comisión mientras el Senado está fuera de su período de sesión.
Fuentes judiciales admiten que los decretos sobre García-Mansilla y Lijo infringen el espíritu de la Carta Magna. Pero, al mismo tiempo, respeta técnicamente la letra fría del texto mencionado.
Acaso exista otro condimento en la interpretación de la Corte, más político. Desde que se conformó la actual integración (incluso antes de que se jubilaran Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda), la cabeza del Poder Judicial evitó por todos los medios cualquier choque institucional con el resto de los poderes del Estado. De tal rumbo evitó apartarse hasta cuando en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se impulsó un insólito y desprolijo proceso de juicio político en su contra. Con Milei resolvieron no hacer una excepción.
Bajo ese paraguas que cobijó a García-Mansilla llegará también Lijo a la Corte. Con un plus a su favor. El que le brindaron los senadores que al menos le pusieron la firma para que su pliego obtuviera dictamen en la Comisión de Acuerdos. Su colega de promoción cortesana, ni eso.
¿Por qué entonces Lijo no juró el jueves junto a García- Mansilla? Hay una explicación formal y otra extraoficial. La primera se basa en que como sus asientos en la Corte son provisorios hasta el 30 de noviembre (fin de las sesiones ordinarias) o cuando el Senado los apruebe (lo que ocurra antes), Lijo ha preferido esquivar la renuncia a su juzgado para pedir una licencia. No sea cosa que se arriesgue a quedar sin el pan y sin la torta. Hay demasiado en juego.
A toda velocidad, el mismo miércoles en que se publicó en el Boletín Oficial sus nombramientos en comisión por decreto, el aún juez de Comodoro Py consiguió el aval de la Cámara Federal porteña a su solicitud de licencia. Ninguna sorpresa: la mayoría de esos magistrados ya habían avalado ante el Senado su postulación.
La Corte debe ratificar el otorgamiento de dicha licencia. El expediente con la decisión de los camaristas arribó completo al máximo tribunal una vez que ya había arrancado el jueves a la mañana la reunión de acuerdos. Quedará para el cónclave del jueves 6, ya con la primera participación de García-Mansilla. Se da por descontada la aprobación.
Lorenzetti y Lijo deberían esperar unos días más para cumplir con sus deseos
La espera tuvo sin embargo otro nivel de análisis en Tribunales, menos técnico. Se vincula a la tradicional tensión que existe entre Rosatti y Rosenkrantz con Lorenzetti, padrino político-judicial de Lijo y quien lo recomendó con fervor ante la administración mileísta. Lo hizo a través del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, exsecretario de la Corte y muy cercano al asesorísimo Santiago Caputo. Otra casualidad: Amerio sí estuvo presente en la jura de García-Mansilla. Y estará en la de Lijo, claro.
Lorenzetti y Lijo deberán esperar unos días más para cumplir con sus deseos. “Les va a venir bien para el manejo de la ansiedad”, comenta un funcionario tribunalicio que los conoce. Cuánta maldad cunde en la familia judicial.
Un veneno similar deberán digerir ciertos sectores políticos, empresariales y mediáticos, próximos al Gobierno, pero demonizadores de Lijo. El espanto está justificado, desde ya. Pero llama la atención que la vara con la que miden su designación no la aplicaron o aplican a otros administradores de justicia, tan o más influyentes que Lijo. Curioso.
De la ofensiva participan hasta organizaciones empresarias, con el argumento de que la inseguridad jurídica que implica el arribo de Lijo pone en riesgo la confianza de quienes pretenden invertir en la Argentina. Puede que tengan razón, pese a que la historia desmienta esa tesis. El período de mayor inversión externa en nuestro país se dio durante la presidencia de Carlos Menem, quien antes de cumplir su primer año de mandato amplió la Corte Suprema a nueve miembros y sumó cinco nuevos integrantes que consagraron una mayoría automática vergonzosa. Todo con la venia del Congreso.
Las tragedias, aún bajo el formato de farsa, no necesariamente se repiten. Este nuevo intento de hacer una Corte Suprema a medida sin respaldo legislativo corre sus peligros.
Hay quienes en el Senado han empezado a escudriñar cuál sería el mejor camino para impugnar estas designaciones por decreto en la Corte. Como se soslayó el uso de DNU, es imposible voltearlas. Los más tibios propician votar una declaración. Cosquillas. Los más impetuosos analizan tratar cuanto antes sus pliegos de promoción. Y rechazarlos. ¿Se animarán con el vengativo Lijo?
En ese caso, teniendo en cuenta que igual se mantendrían como supremos hasta que las sesiones ordinarias terminen el 30 de noviembre, vale interrogarse acerca del valor legal de sus firmas en cualquier fallo del Máximo Tribunal, una vez que sus ascensos sean negados en la Cámara alta. “Podríamos exponernos a una catarata de reclamos de nulidad”, coinciden en señalar varias fuentes calificadas de la Corte.
Esta película continuará. La fragilidad institucional, también.
