Médica. Presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Defensora de Género de Diario Perfil.
El tema de la prioridad asignada a la niñez en el país es un tema recurrente y que deja mucho que desear en la mayoría de los aspectos. El corte o suspensión de actividades y apoyos existentes a nivel nacional destinadas a las familias con niños y/o a organizaciones intermedias existentes hasta el 10 de diciembre del 2023 fueron abruptamente cortadas con motosierra por el nuevo gobierno. Solo persistieron los apoyos directos como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. La nueva estructura ministerial implicó además del cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades la desaparición de ministerios como Desarrollo Social, Educación y Cultura, Trabajo, que se fusionaron en un megaministerio llamado de Capital Humano. Este supuestamente era el único que iba a tener fondos disponibles frente al: “No Hay Plata” del Gobierno ante otros sectores. Esto no resultó así. El megaministerio congeló los fondos para apoyar a los comedores comunitarios, ante la sospecha de irregularidades, que en algunos casos existían. Así se interrumpieron todos los apoyos para dar comienzo a la investigación. Se anunciaron irregularidades, mientras aumentaron los reclamos de quienes requerían ese apoyo sin registrar irregularidades. Estos conflictos se presentaron en la Justicia y hubo persecución policial ante reclamos pacíficos. A esto se sumó la falta de distribución de alimentos en los depósitos del ex-Ministerio de Desarrollo Social, necesarios para completar la dieta infantil. Esto se agravó cuando se constató que algunos de esos alimentos tenían fecha de vencimiento próximas, alcanzando nivel de escándalo ya que la ministra acusó a los funcionarios que ella había designado en el área de Niñez como los responsables de la falta de distribución y la proximidad con la fecha de vencimiento. Denunció también la contratación a través de un organismo internacional de funcionarios designados y a otros con funciones, pero sin designar, constituyendo la primera denuncia de corrupción en el Gobierno. En paralelo, la ministra fue conminada por la Justicia a distribuir los alimentos, para eso el ministerio hizo convenios con dos organizaciones representativas de la Iglesia Católica y de la Iglesia neopentecostales, así como la Fundación Conin. Esta última sin capacidad de distribuir rápidamente porque carece de comedores y solo lo hace a través de las madres que controlan sus hijos en los centros Conin, lo que demora y no permite cumplir. A su vez la pobreza siguió aumentando en el país desde diciembre 2023 ante las medidas de ajuste del valor del dólar que produjo un rebrote inflacionario muy grande que sumergió a la población de clase media y baja en la pobreza, agravado por el aumento de la desocupación tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público se produjeron tres olas de despidos que eliminaron servicios, algunos muy vitales que quedaron descubiertos. En muchos casos el gobierno nacional derivó la responsabilidad de cubrir estas atenciones a las provincias, que con sus propios recursos las están cubriendo en forma muy desigual y con menos capacidad que antes. En el sector privado el cierre de empresas nacionales medianas y pequeñas es constante debido a la caída del consumo y al aumento de los costos de los servicios como la luz, el gas y los alquileres que les impide seguir operando. Esto produce que muchas familias caigan en la pobreza e indigencia, la mayoría con niños y que asisten a comedores comunitarios, los que a su vez tienen menos recursos por la retracción del apoyo del gobierno nacional. En resumen, la niñez es la más afectada y en una forma que deja secuelas físicas, psíquicas y sociales. Ya existen informes del deterioro en la talla en los menores de 5 años que se acompaña del deterioro cerebral. Estas consecuencias se verán en el futuro próximo, pero se lo deberemos agradecer a este gobierno.
