El uso extenso del poder presidencial en los Estados Unidos dentro de la última semana señala el comienzo de un gobierno listo para usar su poder para vengarse de sus oponentes políticos.
Donald Trump, durante su primer día en su segundo gobierno, aprobó indultos para más de 1.500 personas involucradas en la insurrección al Capitalio el 6 de enero del 2021.
El expresidente Joe Biden, como uno de sus últimos mandatos, emitió indultos anticipatorios a varios de sus familiares, incluyendo a sus hijos, y a figuras políticas que Trump ha amenazado con perseguir durante su gobierno.
Estos indultos, más allá de reflejar el partidismo en el país, señalan un incremento en la politización del uso presidencial para avanzar causas políticas y personales.
“La pregunta de quién y cómo la gente puede ser perseguida está ahora plenamente dentro del dominio de la táctica política”, dice Aziz Huq, experto de ley constitucional y profesor de leyes en la Universidad de Chicago. “Esto no era así hasta el primer gobierno Trump”, recuerda.
La ola reciente de indultos también podría ser un mensaje alarmante a grupos extremos que serán protegidos de cargos criminales si promulgan violencia política que vaya con la línea de la política del presidente. “Los indultos de los insurreccionistas involucrados en lo que pasó el 6 de enero claramente tiene la posibilidad de inspirar a que ellos o sus aliados usarán violencia política”, opina Huq.
Durante sus primeros días en la Oficina Oval, el líder MAGA (Make America Great Again) aprobó un mandato presidencial ordenando la investigación de los 51 agentes de inteligencia que firmaron una carta en el 2020 en la que expresaron que creían que una computadora perteneciente al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que contenía datos exponiendo negociaciones internacionales cuestionables, eran parte de una campaña de desinformación rusa para interferir en las elecciones Estadounidenses del 2020.
La decisión, además de revocar la autorización de seguridad para todos los nombrados, ordena que el director de la Agencia de Inteligencia Central (CIA), ahora el republicano de Texas John Radcliffe, lleve a cabo investigaciones sobre otras “actividades inapropiadas” de parte de relacionados con los 51 agentes. Además, pidió que el director aconseje al presidente acerca de medidas disciplinarias, incluyendo el despido de los involucrados.
La orden se firmó después del discurso de inauguración de Trump en el cual anunció que “nunca más se usaría el poder inmenso del gobierno para perseguir a oponentes políticos”. “Solo porque diga que no va a perseguir a sus oponentes políticos, no significa que no lo vaya a hacer”, dice Huq. “Está mintiendo. Lo que dice es objetivamente falso”, sentencia.
Aun así, la persecución de enemigos políticos de Trump se podría encontrar con resistencia dentro de su propio gabinete. Durante su audiencia de confirmación la semana pasada dijo que sacar a empleados de la CIA que fallan al demostrar su lealtad al presidente es “algo que nunca haría”.
