Un Presidente gana una elección en el año 2006, y decide en el 2009 reformar la Constitución y agregar una norma que avale la reelección en su país, permitiendo que desde aquel momento cualquier presidente de la nación pueda gobernar máximo dos períodos consecutivos.
Ese mismo Presidente, no se conforma con gobernar dos períodos continuos, y en base a ciertos artilugios logra presentarse como candidato nuevamente y gana por tercera vez consecutiva la presidencia, en contra de lo que fundamenta la Constitución Nacional que el mismo promulgó años atrás.
Ese mismo Presidente, no se conforma con gobernar tres períodos consecutivos y pretende la reelección indefinida, y frente a tamaña codicia, los partidarios de tal Presidente deciden convocar a un referéndum en febrero de 2016, para lograr modificar nuevamente la Constitución, con el objetivo de permitirle un cuarto mandato al Presidente.
Se lleva a cabo tal consulta popular, y el resultado manifiesta un “NO” a la modificación de la Constitución para autorizar la reelección indefinida; y con esta decisión ciudadana se esperó que el Presidente en cuestión, admita que llegó el momento de nombrar un sucesor y respetar la Constitución de una vez.
El mismo Presidente afirmó, respecto al referéndum, que “gane el sí o gane el no, vamos a respetar, esa es la democracia”, y efectivamente respetó el resultado de la consulta popular y aseguró que no volvería a presentarse para una cuarta reelección. Así las cosas parecían empezar a encuadrarse.
Sin embargo, un año más tarde, los partidarios del Presidente que no puede seguir gobernando por ley Constitucional y por un referéndum que le dijo “NO”, deciden solicitar un pedido al Tribunal Constitucional de Bolivia para anular el resultado que resultó del referéndum, aduciendo que el “NO”, ganó por estrecho margen, y demandando la reelección indefinida del mismo Presidente.
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El Tribunal Constitucional pasa por alto lo que determina la Carta Magna y lo que la ciudadanía expresó tras una consulta popular considerada vinculante y obligatoria, y falla a favor del Presidente, para que desde ahora éste pueda presentarse a elecciones de modo indefinido, porque poder ser reelegido eternamente constituye un derecho humano.
Todo esto ocurrió para que el Señor Evo Morales logre llegar a presentarse como candidato a Presidente por cuarta vez, eludiendo la ley y un referéndum vinculante.
Año 2019, 20 de octubre, llegan las elecciones generales en Bolivia y se convoca a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que controle el proceso electoral y asegure la transparencia en las elecciones.
La OEA se encarga de dicha tarea solicitada y, tras los comicios, luego de computarse el 83% de los votos la tendencia comenzó a marcar un inminente ballotage, debido a que Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) venía sumando 45,28% de los votos contra un 38,16% del opositor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC). Y en Bolivia, para ganar en una primera vuelta electoral y no ir a Ballotage, se requiere que el Presidente obtenga un 50% de los votos, o mínimo un 40% de los votos y una diferencia de diez puntos respecto al segundo candidato.
En el transcurso de la medición de los votos, sucedió algo inesperado, se presentó un abrupto apagón que duró varias horas, y cuando volvió la luz, Evo Morales había logrado obtener una diferencia mayor a diez puntos, lo cual lo consagraba como nuevo presidente, por cuarta vez, del país boliviano. Los resultados tras el apagón arrojaron un apoyo del 47,08% a Morales frente a un 36,51% a Mesa.
Este cambio de tendencia, de inminente ballotage a un triunfo electoral del Presidente Evo Molares en una primera vuelta electoral, llevó a que la OEA sospeche sobre la presencia de posibles irregularidades respecto a los datos arrojados en el sistema de medición, que se había interrumpido, en medio del prolongado corte eléctrico.
A medida que sucedía la investigación, la OEA fue detectando como algunos servidores del sistema de medición no se utilizaron correctamente, como los datos del sistema fueron desviados por fuera de la red oficial, mientras se percataba de la ausencia de documentos que testificaran la interrupción del sistema de medición durante el prolongado apagón.
Frente a la suma de irregularidades encontradas por un grupo de auditores, decide la OEA anular dichos comicios y convocar a nuevas elecciones.
Frente a tales acontecimientos, el desorden se apodera de las calles, donde seguidores oficialistas y opositores se enfrentan, cada uno reclamando lo que consideraba justo. El MAS manifestándose por la decisión de la OEA de anular las elecciones que lo dieran ganador en una primera vuelta electoral al Presidente Morales, y la oposición protestando por las irregularidades encontradas durante las elecciones, que consideraban volvían a demostrar, que Morales se proponía seguir gobernando, incluso valiéndose del fraude.
Continuaban los disturbios, mientras la OEA demandaba que se efectivice el reconocimiento del llamado a nuevas elecciones. Morales en un primer momento no reconoció válidos los informes que concluyeron sobre las irregularidades acontecidas durante el proceso electoral. Sin embargo, presionado tras las protestas y disturbios que escalaban, finalmente el Presidente Evo Morales convocó al pedido de nuevas elecciones.
Mientras tanto, el caos crecía en las calles de la Paz, observándose crecientes enfrentamientos entre oficialistas y opositores. En este estado de situación, la Policía y las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo a Morales, pidiéndole que renunciara a su candidatura.
La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, también le solicitó la renuncia a Evo Morales, aduciendo que este paso era necesario para lograr la paz, debido a que la violencia escalaba sin pausa en las calles.
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Finalmente, Morales renunció a su candidatura y a su función como Presidente, cuyo mandato debía continuar hasta el 22 de enero de 2020.
Tras su renuncia y la de sus principales funcionarios, Morales pidió asilo en México, país al cual arribó el último martes por la mañana, junto a su Vicepresidente Álvaro García Linera y la Ministra de Salud y ex Presidenta del Congreso, Gabriela Montaño.
Frente a tal estado de situación, asume el mismo martes, la Senadora Jeanine Áñez, la titular de la Cámara de Senadores que pertenece al partido opositor, Comunidad Ciudadana. En la línea de sucesión, el cargo de Presidente provisional le correspondería al Vicepresidente de la Nación del Movimiento al Socialismo, pero éste también renunció y se asiló recientemente en México.
Así, asume la presidencia provisional de Bolivia Áñez, quien manifestó querer convocar a elecciones lo más pronto posible, mientras sostenía una biblia en sus manos y entonaba el himno nacional. Y mientras criticaba seriamente a los congresistas del MAS, ausentes en la Cámara, al momento de definir la sucesión provisoria presidencial.
El impacto de tales acontecimientos sucedidos en el país boliviano llegó a las diferentes naciones del mundo, donde se debate sin pausa, si Bolivia sufrió o no sufrió un golpe de Estado.
Dejando de lado el posible fraude electoral, cabría destacar que las enormes faltas cometidas por Evo Morales y su Movimiento al Socialismo, se centrarían en un presidente que gobernó Bolivia violando la Constitución nacional una y otra vez, desestimando incluso un referéndum que le puso un límite a la reelección indefinida que aquel pretendía y demandaba sin pausa. Tal conducta se corresponde mayormente a la de un dictador y no a la de un presidente constitucional, que debe respetar la Constitución Nacional siempre.
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¿Esto admitiría que la Policía y las Fuerzas Armadas decidan sobre la renuncia de Morales? Absolutamente no. Los asuntos políticos deben dirimirse en el terreno civil y con exclusiva participación de civiles, de lo contrario las intervenciones se convierten en policiales y militares, y se estaría en presencia de un golpe de Estado policial y militar. ¿Y esto es ilegal? Absolutamente.
Pero volviendo a Morales, ¿éste fue un presidente que respetaba las Instituciones de la Democracia? No. ¿Y se encontraron modos, a través de canales institucionales, de poner límites a sus abusos de poder? No. ¿Y esto es ilegal? Absolutamente.
Un golpe de Estado militar, cívico-militar, o como fue calificado este último por el mismo Evo Morales, como cívico-policial, es el horror en su máximo exponente.
Y un Presidente que se perpetúa en el poder, en contra de la misma Constitución Nacional, es un dictador.
Pobre Bolivia.
*Politóloga y Profesora (UBA)
