En la Argentina estamos viviendo una situación muy especial. Mientras en el país se vive una crisis muy grave por el aumento de la pobreza, debida al congelamiento de los salarios, el deterioro de los ingresos de los jubilados y el aumento de la inflación desde el comienzo del gobierno de Milei. Se suma el desempleo por la eliminación de los contratos en el sector público nacional, que llega a alrededor de 20 mil, y por la caída brusca del consumo originada en el desempleo en el sector privado. En estos seis meses se cerraron más de 200 mil cuentas sueldo de trabajadores. A todo esto se añade que a partir de diciembre, el Ministerio de Seguridad promovió la adopción de un protocolo de control de las movilizaciones y manifestaciones callejeras, que permite a las fuerzas de seguridad reprimir muy severamente y mandar a prisión a los manifestantes, sin fundamento. Además, como ya se denunció, se cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y se eliminaron todas las actividades de apoyo y promoción de políticas de género, e incluso la paralización de programas como el de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia –Plan ENIA–. Programa que desde 2018 produjo una disminución de más del 50% de estos embarazos en el 2022, que benefició a niñas y adolescentes del país. Se dejaron de proveer alimentos y apoyo económico a los comedores comunitarios para investigarlos, en momentos en que alrededor del 60% de los niños en el país son pobres y en sus familias se realiza con suerte una comida por día, por lo tanto, la necesidad de los comedores comunitarios es mayor. A este cierre de los comedores comunitarios se sumó la suspensión de la distribución de alimentos, que culminó con la denuncia agravada por el vencimiento de muchos de esos insumos. Esto terminó con la denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello al secretario de Niñez, Pablo de la Torre, quien ella misma nombró. A éste se le adjudicó la responsabilidad por la no distribución de los alimentos, y la contratación de personal y el pago de sobresueldos al personal designado, a través de un convenio con un organismo internacional, al que se le transfirió una muy importante suma del ministerio. Esto implicó, incluso, un uso ilegal como compra de dólares transferidos a funcionarios y legisladores del partido de gobierno. Éste es el primer anuncio de un caso de corrupción en un gobierno que se comprometió en la campaña electoral a acabar con los beneficios de la casta y la corrupción. Ahora se está entendiendo que la “casta” resultó ser la ciudadanía.
Mientras el Presidente Milei viaja por el mundo para hablar, recibir premios y sacarse fotos con partidos, y organizaciones de extrema derecha y personajes exitosos conservadores, que supuestamente, van a invertir en el país. Algo que hasta ahora no se produjo. Por eso la nueva ley Bases que envió el Ejecutivo al Congreso promueve un sistema de beneficios muy grandes a las grandes inversiones por muchos años que discrimina a las empresas nacionales y las destruirá si no se modifica. Lo último que decidió el Ejecutivo es prohibir a nuestros diplomáticos apoyar y hablar de la Agenda 2030, algo que va en contra de todo el mundo. Frente a esta deserción de los compromisos internacionales que Argentina firmó, incluso la incorporación de muchos en la Constitución Nacional, las agencias de Naciones Unidas y los responsables de los Tratados de Derechos Humanos regionales y mundiales le pedirán cuentas al Gobierno. Hoy, el Director del Consejo de Derechos Humanos lo anticipó. Por eso, los premios y supuestos éxitos del Presidente, por ahora, sólo implican el rechazo del país en los ámbitos multilaterales. Es imprescindible recuperar la sensatez y el respeto de esos compromisos y así poder recuperar la dignidad de vivir con nuestro trabajo, algo hoy perdido.
