Javier Milei cree que domina la situación y quiere evitar cisnes negros. Y ya dio la orden. No quiere cortes de energía este año. El Presidente exige cerrar su primer año de gestión el 10 de diciembre sin sobresaltos impopulares; y, según su visión, con un país en recuperación. Aún los números de la economía real no lo ayudan, pero confía que para fin de año todo mejorará. Y podrá mostrar alzas en sectores clave. También está convencido de que los mercados financiero y cambiario seguirán reacomodándose, y que dos variables le jugarán a favor. Esto es, primero, la rebaja del impuesto PAIS al 7,5% que “sí o sí” asegura, se anunciará en septiembre; mostrándoles a todos los que aún desconfían de que su estrategia de lograr una mejora de la competitividad de la economía sin recurrir a devaluaciones es posible. Y, segundo, la seguridad hacia los operadores del mercado de capitales local de que está garantizado el pago de los aproximadamente US$ 5.100 millones que vencen en enero de 2015 (liquidación cuya martingala está en pleno diseño por parte de Luis “Toto” Caputo); vencimiento que desvela a los privados defensores del modelo financiero libertario.
También confía Milei en que cerrará 2024 con una inflación en absoluta baja, y que mostrará con el pecho inflado que del 25,5% de alza del IPC de diciembre 2023; el último mes de 2024 terminará, quizá, en el rango del 1%. Y si fuera el 2, aun así será para celebrar.
Como contrapartida, sabe Milei que seguramente no podrá mostrar grandes avances en el levantamiento del cepo, que la economía no crecerá este año y que, en definitiva, tendrá un debe importante en cuanto a la contracción de la pobreza. El único indicador que mide el éxito o el fracaso de una gestión económica.
La W, la nueva versión de la economía real que obsesiona al Gobierno
Por esto, no quiere sorpresas para cerrar 2024. Y, en definitiva, economista especializado en planificación (su especialidad en la materia), cree que debe adelantarse a cualquier movimiento extraño. Uno de estos es la alternativa posiblemente cierta de cortes de energía para fin de año. Un hecho que no por repetitivo siempre resulta molesto. Sobre todo para el votante mileísta que supone que el jefe de Estado tiene la eficiencia como principal promesa de cucarda.
Un informe reservadísimo que se maneja dentro del Gobierno habla de lo siguiente.
- De los aproximadamente 40 mil MW declarados como disponibles, solo 31 mil lo estuvieron el verano pasado.
- En el AMBA, la red de Edesur sufrirá los peores efectos de los cortes y tendrán el mayor impacto social / mediático. Los cortes en el interior del país (Patagonia-NEA-NOA) van a ser mucho más severos que en el AMBA, Córdoba y Mendoza.
- Las redes de las distribuidoras –excepto cuyo– no están en condiciones de soportar picos.
- Los pronósticos de temperaturas medias para la mitad centro norte del país están por encima de la media, similares al verano anterior.
- A medida que las temperaturas aumentan, las TG pierden potencia aprox 1.000 MW.
- La red de transporte de 500 kv está al límite de su capacidad y, cualquier situación que genere un “evento simple” puede dejar sin energía un grupo importante de provincias.
- Recomendamos realizar un arranque en negro en tiempo real para testear la capacidad de respuesta del sistema (una simulación).
- La importación de 2.500 MW desde Brasil es indispensable.
- El organismo regulador de Brasil no permite realizar contratos firmes y –dada la situación hídrica prevista– no creemos que vayamos a contar con esa importación en los horarios de máxima demanda.
- La importación de Paraguay es muy reducida.
- La de Uruguay suele ser no competitiva.
El informe reservado es directo. Hay posibilidades ciertas de que cuando las temperaturas aumenten, suba también la demanda y que la estructura energética no tenga posibilidades de atender el problema. Y haya cortes. Incluso dentro del Ejecutivo hay que aventurar las posibilidades de que esto suceda. Hablan de entre un 20 y 25% de probabilidad de cortes. Un porcentaje muy alto. Demasiado para un economista especializado en proyecciones y cobertura de daños. Como Milei. Para peor, las alternativas que se analizan para llevarle al Presidente son alarmantes. La más importante: aumentar tarifas de electricidad para el último trimestre del año, con el objetivo de frenar la presión de la demanda. Esto llevaría a la ejecución de la teoría de la manta corta. Un alza de las tarifas disminuiría la suba de la curva de demanda, pero aceleraría otra curva que el Gobierno necesita tener controlada: la de la inflación.
Esta semana, el Gobierno deberá enfrentar otro problema serio. En el que sabe que no tiene razón. Representantes del Ministerio de Economía, quizá hasta el propio Luis “Toto” Caputo en persona, deberán concurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para una audiencia de mediación con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza.
Vuelve Rodrigo Valdés, con su manual devaluador de siempre
El tema es cumplir con el fallo contrario a la Nación por el del giro de la coparticipación federal del 2,95%, cumpliendo aquel fallo del máximo tribunal del 22 de diciembre de 2022, con Alberto Fernández presidente.
Por este fallo se le deben a la Ciudad unos 886 mil millones de pesos a valores históricos, cifra que ajustada por inflación supera el 1,8 billón de pesos. Redondeando, unos US$ 1.800 millones. Y solo del stock de deuda.
La nación además debe pagar unos 80 millones de dólares mensuales por la diferencia del 1,55 entre el coeficiente del 1,4 (que actualmente recibe CABA) y el 2,95 que la Corte dictaminó. El 1° de agosto pasado el gobierno nacional tendría que haber cumplido con la transferencia a la Ciudad de ese 2,95% total, y en su lugar decidió girar de manera discrecional 20 mil millones de pesos cada viernes.
No obstante, la Ciudad no reconocerá esa transferencia como parte del pago del coeficiente del 2,95, sino que lo acreditará como pago de la deuda ya acumulada.
La Ciudad reclama que se cumpla el fallo de la Corte y que se deposite el 2,95 de la misma manera que se transfieren todos los recursos coparticipables, es decir, mediante transferencia diaria del Banco Nación.
