Enredado en la porfìa con Nicolas Maduro y su régimen por el suboficial argentino encarcelado en Caracas, espía o no espía, Javier Milei y menos la Cancillería argentina parecen advertir otra amenazante contingencia vecinal: el próximo gobierno uruguayo del canario (nacido en Canelones) Yamandu Orsi y la exintendente de Montevideo Carolina Cosse. Tal vez no se trate de una simple transicion institucional la llegada de esta coalicion al poder en la que sectores de izquierda constituyen una fuerza determinante. Y nostálgica. Mucho más que en el aterrizaje anterior del Frente Amplio, capitaneado por José Mujica. Hoy sus integrantes parecen radicales, casi extremistas, seguidores ideológicos de la Cuba castrista, con propósitos revolucionarios manifiestos y con autonomía del futuro mandatario, quien –por ejemplo– reconoció que no conocía a muchos de los ministros con los cuales integró su gabinete. Se los pusieron. Como si los hubiera designado un orden superior, una Fuerza del Cielo de distinto color y consistencia a las de Milei.
El presidente argentino parece rodeado por una plantilla adversa en la geografía del continente, no lo digieren en las administraciones de Chile, Bolivia, Brasil –aunque con ese país realiza en conjunto el formidable emprendimiento del gasoducto– y, ahora, Uruguay. Ese núcleo contrario se referencia en la isla del Caribe y en Venezuela, la inteligencia activa de esos países en el nuevo gobierno oriental que avanza singularmente en esa orientación. Sorprende la escasa atención del fenómeno enredadera, quizás por la reducida relevancia territorial de la tierra de Artigas, por la bonhomía y placidez de sus ciudadanos y por aquello de que si no dieron vuelta el país con Mujica, ahora los nuevos tampoco se van a atrever con experiencias desatinadas.
Pero, sin necesidad de hurgar, más de una figura central del nuevo gobierno sostiene que la luz viene de la Cuba de Fidel Castro, a la que hay que añadirle más kilowatios. La energía podría provenir, como muestras de igualdad y mejora poblacional, en un impuesto a todos aquellos inmuebles que no se usan o se usan poco, casas, departamentos, vehículos. Así lo dicen públicamente como si se quisiera ahuyentar a posibles inversores en el real estate o poner nerviosos a los que ya han invertido por salirse de una patria siempre en zozobra. A esa propuesta se añaden otras iniciativas igualitarias, como el establecimiento de un IVA selectivo para que paguen mucho más los que más consumen, un encantador oxímoron legislativo. O, en el plano laboral, la reducción de ocho horas a siete la jornada de trabajo sin disminuir el salario. Ministros y legisladores futuros repiten estas propuestas, son candidatos a perseguir por la prensa debido a la naturaleza de las explicaciones. Uno de esos loables voceros es el ministro de Trabajo, quien viene a ser un Hugo Moyano del Uruguay, más precisamente el encargado del gremio que en la Argentina, Rodolfo Aguiar ha recomendado robarle la motosierra a Milei y, con ella, cortarle la cabeza. Casi un manual a copiar por Maduro, ese científico y dietista de la equidad social en Venezuela para que todos estén más flacos. Menos los militares que lo sostienen, claro.
El pantallazo sobre estas ideas económicas se acompaña con otras manifestaciones políticas, en el área de los derechos humanos. Como se sabe, el Uruguay ya atravesó un plebiscito que pretendía –con el Frente Amplio como gobierno– mantener sine die las causas judiciales por violaciones referidas al período de los gobiernos de los años 70. Se votó entonces por mayoría la Ley de Caducidad, cierre o clausura de un ciclo, fueron a la cárcel militares y hubo indemnizaciones para las víctimas. A varias décadas de esa decisión popular, se plantea para el futuro Congreso una derogación de ese instrumento. Un elemento de concordia. Al mismo tiempo, han ocurrido dos episodios singulares. En uno, Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky han revelado que muchos de sus compañeros tupamaros han mentido en algunos juicios contra militares, imputaron torturas y desapariciones que no ocurrieron a personal castrense que aún sigue en prisión. No parece, sin embargo, que esos inocentes de 70 u 80 años vayan a cambiar de estatus. Otro caso es la confesión pública de un tupa que reconoce haber asesinado al hermano de Gregorio Álvarez, general y exmandatario de facto (1981-85), quien en un video explica la operacion criminal –“lo corrí dos cuadras y luego le disparé varias veces”– al tiempo que jura no arrepentirse y que volvería a cometer el delito porque ese hombre había matado a un compañero”. Justicia propia, como en la Argentina, como Massera y Videla liquidando a los que volaron a la hija de Lambruschini o los que atentaron contra el comedor de la Policía Federal en una causa ahora reabierta.
Estas sucesivas declaraciones no implican, por supuesto, que la administración de Orsi-Cosse se convierta en un faro del comunismo o chavismo constituye apenas señales de un Uruguay que alberga más que un recuerdo del castrismo, confisque o repudie inversiones, que desate las iras de Donald Trump y que las relaciones con la Argentina –tal vez por la proximidad– pueden ser más complicadas de lo que no imaginó aún Javier Milei y su canciller Gerardo Werthein. Un empresario más que diplomático que ha desarrollado varias actividades en ese plano en el país vecino. También el canciller de Luis Lacalle Pou, Francisco Bustillo, era íntimo de Alberto Fernández, se suponía que por dormir en la casa de uno u otro el vínculo los volvería más amables.
Al contrario, los dos gobiernos terminaron enfrentados. En esta ocasión, esa figura se vuelve a repetir como en el tango, más intensa y peligrosa, gracias a los que reinventan el pasado a su favor y sueñan en que el olor a pólvora cambia a la humanidad.
