Una máxima permanente de las ciencias políticas dice lo siguiente: los problemas nunca son económicos, son políticos, porque la economía sigue a la política; nunca al revés. En el conflicto doble entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), parece confirmarse el concepto. El problema entre Javier Milei y Jorge Macri, y, también por qué no, Mauricio Macri es, en el fondo, por política. No por economía.
Comencemos por lo segundo.
En su eterna búsqueda del superávit fiscal lo más alto posible, la nueva víctima fue la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En la mira están unos US$ 19 millones que la Nación destina a subsidiar a unas 31 líneas de colectivos que solo circulan por las fronteras porteñas. Luis “Toto” Caputo dijo, imperturbable, que es una decisión de transferir a la Ciudad este costo, ya que, con cierta lógica, la Nación no debe subsidiar un servicio de transporte porteño ya que no lo hace en ninguna otra repartición del país. Por esto, los colectivos de, por ejemplo, Rosario, Mendoza, Córdoba o cualquier otra ciudad importante de la Argentina tienen boletos de factura plena que pagan los usuarios, y en todos los casos, más caros que Buenos Aires. El problema es que el anuncio de Caputo se dio a veinte días del traslado, sin tiempo de reacción en la administración Jorge Macri y sin mucho apego a las instituciones, las normas, las costumbres y las leyes.
Mercados confían, pero “show me the money”
Si bien las partes abrieron el jueves pasado una ronda de diálogo, el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires batallaron durante toda la semana por el aumento del boleto mínimo de las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, especulando con un incremento que llegaría a un 73% desde hoy. El boleto mínimo se transformaría de los 371 pesos actuales a unos 642 pesos.
Por el lado de los empresarios, el cálculo se queda corto. Los propietarios de los colectivos aseguran que el nivel de los boletos debería ubicarse, sin el aporte de los subsidios de la Nación, en unos 1.400 pesos por viaje; al incluir no solo la salida de los aportes de dinero público, sino también el costo de amortización y de recuperación de los fondos para recambio de unidades, una operación que debería concretarse cada diez años.
Fuera de esto, y tal como adelantó ayer este medio, el gobierno de Jorge Macri descarta asumir el costo del traspaso de los subsidios de la Nación.
La posición de la Ciudad siempre fue firme, y con ciertos pergaminos institucionales de sostén. Se basa en las siguientes afirmaciones:
- Las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen hoy exclusiva y directamente en todo del gobierno nacional. El servicio tiene este estatus desde los tiempos en los que CABA dependía del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), antes de la reforma constitucional de 1994. Es la Nación quien dispone de la administración de las tarifas en su precio al público, subsidios a sectores como estudiantes y jubilados y, fundamentalmente, cuánto y de qué manera se les envía dinero a las compañías prestadoras habilitadas. Por este último mecanismo, es la Secretaría de Transporte de la Nación quien determina cuánto es el dinero que los empresarios del sector pueden disponer para, por ejemplo, mantener y renovar unidades. Hasta la actual ronda de negociaciones entre el PEN y CABA, nunca hubo transferencias de jurisdicción ni responsabilidades, con lo que si se eliminaran los subsidios, debería ser la Nación la que aplique el incremento de los boletos.
- Entienden en la Ciudad que no es razonable hoy exigirles a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual. Menos sin contar con el subsidio nacional. En este sentido, los empresarios del rubro afirman que, en realidad, el boleto debería llegar a un rango de entre los 1.300 y los 1.400 pesos para poder contar con algún dinero de ahorro destinado a un fondo específico de renovación de unidades. Algo que hoy, se asegura, es una utopía para los privados que trabajan en la concesión.
- Para CABA, la Secretaría de Transporte de la Nación tiene hoy, además de la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación; y se considera que hoy no son responsabilidad ni atribución del Gobierno de la Ciudad. Se considera así que Ciudad no participa de la elaboración de la estructura de costos del sistema, de la fijación de las tarifas, ni de la decisión sobre el monto final de los subsidios.
- Contabilizan desde CABA que desde el año 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió al Estado nacional con un aporte de más de 610 mil millones de pesos (aproximadamente 610 millones de dólares).
- Institucionalmente se considera que el PEN no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la CABA sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por ley del Congreso Nacional luego avalado por la Legislatura porteña. La interpretación legal desde los tiempos del gobierno de CABA bajo la administración de Mauricio Macri es que hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Constitución.
- En esa ley, la Nación, además de un acuerdo sobre el monto de subsidios a la Capital, debería traspasar a la administración porteña el poder de fiscalización de todo el servicio, incluyendo la facultad de fijar el valor de las tarifas y los montos de las compensaciones. Pero también la facultad de diseñar recorridos, paradas y el poder de policía de seguridad de las unidades.
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Se negocia ahora un plazo temporal de entre tres y seis meses para trasladar el servicio en los términos de CABA. En realidad, la Nación no tiene mayores problemas en trasladar el servicio de una jurisdicción a otra. Lo único que busca en realidad la Secretaría de Transporte de Franco Mogetta es dejar de subsidiar. Y hacer su aporte al superávit fiscal. En este caso, serían unos 18 millones de dólares mensuales. Si las negociaciones con la Ciudad se extienden en el tiempo, sería un aporte de aproximadamente 216 millones para el próximo ejercicio. Todo suma y toda gota moja.
Con el mismo criterio fiscalista, las partes en conflicto se enfrentarán esta semana en algún despacho. La próxima semana las partes tendrán que volver a cruzarse en algún despacho negociador de la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto más grave que hay entre la nación y la Ciudad. Se trata de aquella reducción de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández contra la Ciudad en los tiempos de la pandemia y con Horacio Rodríguez Larreta manejando CABA con intenciones presidenciales. El reclamo es por la restitución del 2,95% de la coparticipación federal que el algo fallido presidente Fernández le quitó a la Ciudad para financiar aumentos de presupuesto para la policía de la provincia de Buenos Aires. Un gesto hacia Axel Kicillof en tiempos en que el gobernador sufría asonadas de la Policía Bonaerense, y el kirchnerismo proclamaba el hundimiento fiscal de la administración porteña. El hecho político derivó en la enemistad eterna de dos aliados circunstanciales de esos tiempos: Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Ninguno de los dos están hoy en la arena política. Sin embargo, el conflicto sigue. Y pese a que hay una acción cautelar desde diciembre de 2022 impuesta por la Corte a favor del gobierno de la calle Uspallata, desde la Casa Rosada no llegó un solo peso o dólar. Ni con Alberto Fernández. Ni con Javier Milei, quien, sin embargo, se había comprometido durante la campaña hacia la vuelta final electoral a cumplir en tiempo y forma con la obligación. Según cálculos de la Ciudad, la deuda llegó en agosto a US$ 1.900 millones; monto que implica un goteo mensual por unos US$ 80 millones.
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En algún momento de las últimas negociaciones, desde el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo se deslizó incluso la posibilidad de invitar a Jorge Macri a rediscutir si ese 2,95% de coparticipación no es un porcentaje demasiado elevado. Y si no ameritaría otra ronda de negociaciones para reducir tanto el nivel de la deuda como el goteo mensual a un porcentaje más cercano al 2% del total. Obviamente desde Uspallata solo hubo como contestación una mirada fulminante. Y la amenaza de continuar la batalla en la Corte, y no ya con discusiones entre funcionarios; sino con abogados.
Curioso destino el de Milei con Macri. De no cambiar la actitud del gobierno nacional hacia CABA, la gestión libertaria puede asumir el mismo libreto antiporteño que la gestión Alberto Fernández, un porteño que recibía órdenes de ataque hacia la Ciudad desde el despacho de la presidencia del Senado nacional.
