De no mediar imprevistos heterodoxos, el 2025 terminará con un feroz ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei, que llevará el superávit primario por arriba del 2%. Seguramente incluso cumplirá con la promesa firmada en enero pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un nivel de gastos sobre recaudación, del 2,5% sobre el PBI. Si se tiene en cuenta que la gestión de Alberto Fernández terminó con un déficit de 2,9%, el ajuste implementado este año sumó unos 27 mil millones de dólares. Quizá Milei pueda finalmente darse el gusto, y mostrar a los argentinos, al organismo que maneja Kristalina Giorgieva, a los mercados locales e internacionales, y al mundo en general; que efectivamente realizó el ajuste fiscal más grande de la historia local. Y quizá uno de los fenómenos más notables de contracción del desequilibrio fiscal en la historia de la economía moderna.
Es tiempo ahora de comenzar a sacar conclusiones y analizar cómo lograron Milei y su ministro de Economía Luis “Toto” Caputo semejante meta. No fue por el incremento de la recaudación impositiva, la que navega desde que comenzó el año en un 15% por debajo de la inflación. Y que terminará el año en un serio rojo contra el IPC. Y no fue peor la situación, gracias a los tributos que gravan el comercio exterior como el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que terminará definitivamente y en su totalidad, en enero 2025 y las retenciones a las exportaciones; fundamentalmente las sojeras.
Si se dependiera de los impuestos vinculados al consumo (IVA) y a la renta (Ganancias), la situación hubiera sido aún peor.
La realidad indica que el resultado positivo del superávit fiscal habrá que buscarla en la otra columna contable de la variable. En el gasto público. Es ahí donde se aplicó la fórmula motosierra y licuadora, que le permitirá a la gestión Milei su objetivo máximo y del que el Presidente más orgulloso está. Si bien el primer concepto es el más promocionado por el libertario y su ministro, la realidad indica que es en la metáfora del electrodoméstico donde se debe buscar el resultado.
De no mediar cambios importantes, el ajuste del gasto público se habrá distribuido en el año en los siguientes ítems, de menor a mayor implicancia: 18% por la baja de subsidios, especialmente en los servicios públicos; 20% en la paralización de la obra pública, 23% en la evolución positiva del impuesto PAIS y un 32% en el ajuste previsional. El resto de los ítems es marginal. Incluyendo la disminución de ministerios y el cierre de reparticiones públicas y los topes de incrementos en los salarios públicos, todos ítems muy promocionados por el gobierno nacional, pero con poca relevancia en el número fiscal final. Para enero 2024, con el plan teórico sobre la mesa, la intención primaria del Ejecutivo, era concentrar los mayores esfuerzos en el primer ítem: la motosierra sobre los subsidios a la luz, gas, agua y transporte. Lo realizado en este capítulo fue mortal para la clase media, y la culpable de gran parte que aún no pueda reactivarse el consumo, ante la necesidad de destinar miles de millones de pesos de los ingresos de los trabajadores argentinos; a atender las subas en las tarifas mensuales. Esto aun con la decisión de paralizar el cronograma de eliminación de subsidios y control de daños porcentuales, para controlar tanto la inflación como el creciente malhumor social. Así, desde junio pasado, el ritmo de crecimiento de las tarifas vía eliminación de subsidios se morigeró, llevando el ritmo a algún que otro punto porcentual por arriba de la inflación del mes vencido. Saben en el Palacio de Hacienda que la quita de subsidios que resta (entre el 30 y el 40% del total de la factura), quedará para el 2025. O el 2026. Se verá. Lo cierto es que la intención primaria que el ajuste del gasto en este capítulo fuera la variable más aplicada por el Gobierno, con un 40% del ajuste general (al menos así se le había prometido a la gente del FMI al firmar el acuerdo de enero pasado), quedó rezagada con el 18% del total de la contracción del gasto.
Milei y Caputo, eufóricos por la ‘pax’ financiera
Como contrapartida, la idea de aplicar una licuadora dentro del sistema previsional que no supere el 10% del total del ajuste (la intención original de Hacienda), pasó a ser el principal capítulo de baja del gasto con un 32% sobre el total. Nada que haya sorprendido a cualquier conocedor de la estructura fiscal. Se sabía que llevar un déficit de 3% a un superávit primario por arriba del 2%, implicaría, sí o sí, licuar parte del ajuste previsional. No es original Milei. Ya lo había hecho con éxito Alberto Fernández. Y antes Mauricio Macri. Y antes, el kirchnerismo.
¿De cuánto fue el ajuste a los jubilados? Según el último informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un jubilado que hoy cobra la retribución mínima y el bono de 70 mil pesos, perdió en nueve meses el equivalente al 66% de su ingreso de noviembre de 2023. Si se quisiera compensar lo perdido en estos meses, se le debería otorgar una compensación de $ 198.804. En el caso de un jubilado que no cobra bono, la pérdida acumulada en los últimos nueve meses, en relación al haber de noviembre de 2023, fue equivalente al 60%. Es decir que perdió el equivalente al 61% del haber de noviembre. Si se toma como ejemplo al caso de una persona que tiene un haber equivalente a tres haberes mínimos, para compensar la pérdida se requeriría otorgarle 391.430 pesos.
Sin embargo, la situación no es inédita para los jubilados en los últimos años. Según el trabajo firmado por el economista Nadin Argañaraz, un jubilado que no cobra bonos perdió entre los años 2017 y 2023 el equivalente a 13,7 haberes de 2017. La pérdida acumulada en los primeros ocho meses de 2024 fue de cuatro haberes de 2017. En síntesis, este jubilado que no cobra actualmente bonos, lleva perdidos unos 17,7 haberes de 2017, durante los últimos siete años. En pesos de agosto de 2024, la pérdida acumulada de alguien que cobra tres veces el haber mínimo es de 21.185,28 pesos. Sintetiza el Iaraf afirmando que “en los últimos siete años, un jubilado perdió el equivalente a 17,7 haberes de 2017. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, la pérdida acumulada equivale al 60% del haber de noviembre de 2023”.
Mercados confían, pero “show me the money”
Más concretamente, un pensionado cobra hoy casi un 30% menos que en el 2017; cuando ya tenía una pensión ajustada.
Según los analistas previsionales, el sistema de jubilaciones y pensiones argentino está herido de muerte. Se maneja con un déficit mensual de aproximadamente 30%. Ese es el porcentaje entre lo que aportan al sistema los trabajadores argentinos en relación de dependencia o independientes, que realizan sus tareas con algún tipo de legalidad. Total o parcial. Se estima que deberían incorporarse al mercado de trabajo en blanco, o mejorar sus aportes, casi un millón de personas. Esto en un país que en realidad expulsa empleados y lleva a la situación de casi un 40% del total de trabajadores a la ilegalidad total o parcial. Involuntaria o voluntaria. Ante el panorama, el sistema previsional debe pedirle a otras reparticiones de ingresos públicos ese 30% para equilibrar las cuentas de pagos a los jubilados y pensionados argentinos. El Estado nacional debe entonces pedirle dinero al IVA, Ganancias y el resto de los impuestos que recauda la AFIP para atender el desequilibrio del sistema previsional. Obviamente cualquier presidente que ve la foto y que debe llevar la situación fiscal general al equilibrio, no puede evitar avanzar sobre las cajas jubilatorias. Parece inevitable.
¿Porqué se ajusta siempre a los jubilados? Porque se puede. Y porque en el Manual del ajustador fiscal, es un sector de imprescindible acción directa por sus atributos de nivel de gastos y desequilibrio con los ingresos. Y así será hacia delante. Tendrá que entender que en la trágica economía argentina que toca vivir a estas generaciones, por años será el sector más condenado. Sólo debajo de las personas por debajo que la línea de pobreza. Donde, además, cada vez se suman más y más jubilados.
