Sabemos que el gobierno de Javier Milei no es un defensor de los derechos de las mujeres y niñas, y menos aún de las personas de la comunidad Lgbtqi+. Es por eso que desde la asunción del Gobierno y antes en la campaña, se objetaban estos derechos y se criticaban los derechos y las políticas de igualdad de género que se implementaron desde la recuperación de la democracia hace 40 años. La sucesión de discursos del Presidente en ámbitos internacionales, especialmente desde la cumbre económica en Davos , donde claramente asoció la socialdemocracia y el socialismo con los avances en la defensa de los derechos de las mujeres y marcó que en su concepción las feministas y el pensamiento feminista son ideas que solo afectaron el mundo y crearon estas políticas de igualdad de género, asimilando a los sectores socialistas y socialdemócratas como los que siguieron estas ideas y lograron un deterioro importante frente a las teorías de la libertad que los libertarios defienden. Pero aclaremos, la libertad a la que ellos se refieren, no es la misma que entendemos la gran mayoría de nuestra sociedad y menos las feministas. La libertad a la que se refieren es relativa, porque no aceptan la igualdad de los géneros, o sea las mujeres y niñas no tienen la misma libertad que los varones adultos y niños, ellos sí gozan de libertad. Entre esas libertades, el derecho a vivir una vida libre de violencia es un reclamo de las mujeres, niñas y les integrantes de la comunidad Lgbtqi+. El derecho a vivir libre de violencia es reconocido mundialmente y son muy pocos los gobiernos que no la reconozcan como un problema de salud y social, que afecta a las mujeres y niñas de todo el mundo sin diferencias de clase social, lugar de residencia y /u otras variables. En Argentina, el Gobierno cerró todos los programas nacionales destinados a atender y prevenir la violencia de género. Hace aproximadamente 45 días se cerró la única entidad remanente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad: la Subsecretaria de Violencia, que inicialmente se incorporó en el Ministerio de Capital Humano y pocos días antes de cerrarse se trasladó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde fue asumida por la Secretaría de Derechos Humanos, clausurando todas las líneas de atención a la violencia como la 144 y la 137 para atención de maltrato/abuso infantil. A más de 75 días, aún no existe ninguna área o acción que las reemplace. Recientemente se anunció la apertura de una línea telefónica gratuita que reemplazará a la 144, pero de las seiscientas personas que la atendían siete días las 24 horas, tendrá unas setenta personas. Con esa dotación es imposible cubrir la demanda que existe en el país, por eso dudamos que esa línea sea capaz de cubrir la elevada demanda que caracterizó a la línea 144. Pero suponiendo que fuera suficiente nos queda la duda de la capacidad de ese personal, así cómo se va a seguir capacitando al personal de la Justicia y las fuerzas de seguridad, ya que se dejó sin efecto la aplicación de la ley Micaela que exigía la capacitación de todo el personal del sector público y menos aún cómo se va a apoyar a los hijos de las mujeres asesinadas por femicidios según la aplicación de la ley Brisa. Si todo evoluciona como hasta, ahora estas actividades no se retomarán o lo harán en una forma muy insuficiente dejando libradas a las provincias y municipios a dar respuesta como pueden y con las diferencias, según la capacidad de cada provincia para cubrir estas necesidades. Por eso el resultado será muy pobre y la violencia de género seguirá cobrando más vidas de mujeres y niñas, sin una respuesta acorde a las necesidades.
Si consideramos otras políticas en el área de la salud, allí se cortó el pago del personal de salud para el Plan ENIA de prevención del Embarazo en la adolescencia y dicen que se comprarán los insumos, pero aún no se ejecutaron las licitaciones, por lo tanto, no hay anticonceptivos ni otros para enviar a las provincias. Esto está ocurriendo en otros casos, como las compras de insumos para la atención de las personas que viven con VJH. Solo parece que se empezó a cubrir la provisión de insumos para atención del cáncer. No sabemos a ciencia cierta cómo está la provisión de insumos para el programa materno infantil, especialmente, la compra de leche para ser enviada a las provincias según ese programa. Sí sabemos que la política de que las provincias se autoabastezcan y asuman el costo de todos estos insumos y personal que antes estaba apoyado por el Ministerio de Salud de la Nación, se aplica en el Ministerio de Salud y eso produce una variación de la cobertura muy grande, dependiendo de las posibilidades económicas de cada provincia. Todo esto implica un retroceso que dejará una marca de enfermedad y muerte en la población, especialmente la más vulnerabilizada por la situación de pobreza en que viven amplios sectores de la población. Sus efectos se verán en unos años, lo que no quita la responsabilidad del gobierno actual.
