El Gobierno vive una primavera cambiaria, producto del ingreso de dólares y pesos por efecto del blanqueo, mientras la pregunta sobre la capacidad de aguante de los sectores medios y populares crecen día a día.
Vacas verdes. La relajación de la cotización de los dólares financieros oxigena la estrategia de Caputo para evitar una nueva devaluación, que llevaría a comenzar de cero en su programa de desinflación por la vía de la recesión. Por ese mismo motivo se alejan las posibilidades de un nuevo acuerdo con el FMI, aunque sea uno de facilidades extendidas y las expectativas están puestas en los resultados del blanqueo. Se estima que podrían ingresar entre 20 y 30 mil millones de dólares, lo que no es poco en épocas de vacas flacas. La posibilidades de inversión que se abrieron con la reglamentación de la ley ha generado expectativas, en especial, en el mercado inmobiliario.
No sólo los economistas ortodoxos, sino los grandes empresarios, y en particular los del sector agropecuario, vienen planteando en privado la necesidad de aplicar una depreciación de la moneda en un 30% para mejorar el perfil exportador y acelerar la salida del cepo. La demanda de la elite empresaria obtuvo la vehemente respuesta del economista ultraortodoxo Ricardo Arriazu, que significó un duro golpe para los devaluacionistas: “si devaluamos, chau, se acabó el programa, se acabó Milei, se acabó todo”. Cabe agregar que la mayor parte del empresariado argentino, incluso los pequeños, viven el cumplir el sueño de tener un ultraliberal en el trajinado sillón de Rivadavia –prácticamente todos lo acompañaron en el balotaje–, pero sienten la reducción de su facturación.
La discusión sobre los candidatos a la Corte subirá de volumen en los próximos días
Lejos de devaluar el Gobierno anunció el retorno al valor del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) del 17,5% al 7,5 para las importaciones, lo que significa una revaluación del peso nacional. Este impuesto fue creado en 2019 por el tándem Alberto Fernández-Martín Guzmán para aplicar a la compra de los olvidados 200 dólares a precio oficial y para las compras con tarjeta de crédito en dólares (turismo y servicios) y luego fue ampliado a las importaciones de bienes como una barrera paraarancelaria. Pocos creen que esta medida traiga una reducción de los precios finales del consumidor, que deberían ir en proporción a la incidencia de insumos importado, por efecto contrario aumentaría la rentabilidad empresarial.
Vidas paralelas. En una suerte de país lejano, la dirigencia política aplica su propio ajuste. Ante la indiferencia de los argentinos de a pie, preocupados por el incremento incesante de la canasta familiar, en especial las tarifas públicas, las internas en La Libertad Avanza toman temperatura. A la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta, ahora se suma la del senador Francisco Paoltroni. Ambas con escándalo público. En el medio de ambas situaciones queda Victoria Villarruel, la nueva estrella de la política argentina. Con respecto al encuentro de los seis diputados en la cárcel con conocidos represores, se genera la hipótesis sobre si el objetivo fue quitarle a la vice la agenda de los 70, ya que nadie pudo confirmar que estuviera vinculada.
En cuanto a la expulsión de Paoltroni la hipótesis más probable fue que se trató de una respuesta de Santiago Caputo por los comentarios de Paoltroni sobre un encuentro con el asesor. El senador por Formosa –coterráneo de José Mayans– ha logrado hacerse medianamente conocido, por sus vehementes declaraciones y la cerrada oposición a la candidatura del Juez Ariel Lijo, mirando sus posibilidades de capturar la gobernación de la irreductible provincia que Gildo Insfrán gobierna con puño de acero. De hecho, en la comparecencia de Lijo ante la Comisión de Acuerdos del Senado mostró su hostilidad al candidato, negándole su presentación como doctor, ya que es sólo abogado. Es normal llamar doctor a abogados, médicos y odontólogos aunque no hayan cursado su Phd.
El peronismo en su hora oscura
Sin lugar para los débiles. Si quedaban dudas sobre la influencia de Santiago Caputo en el oficialismo, Manuel García Mansilla no hizo más que confirmar que el asesor le ofreció en persona la candidatura. Habitualmente se espera que el ofrecimiento lo haga el Presidente de la Nación o en todo caso el ministro de Justicia. No quedan dudas que esta declaración dicha casi como un murmullo por el decano de la Universidad Austral fue solicitada de antemano. En el caso de García Mansilla las mayores embestidas corrieron por cuenta de Oscar Parrilli, quien desempolvó hasta el último detalle del CV de García Mansilla a la Corte, y que buscó desencajar a la correcta presentación del candidato. La estrategia del senador neuquino no fue por el lado esperable de mostrar el lado conservador del decano de la Austral, sino ahondar en su relación con grandes empresas, y en particular, por su rol de Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Aquí el candidato cometió el desatino de manifestar que se correría de los casos vinculados a las empresas de la Cámara, en vez de decir que renunciaría a la misma. Bajo los efectos del RIGI los conflictos entre las empresas hidrocarburíferas y las comunidades locales sólo tenderán a aumentar.
Las manos mágicas. La discusión sobre las candidaturas a la Corte Suprema subirá de volumen en los próximos días. Si bien el tema está muy lejos de las preocupaciones ciudadanas, cabe preguntarse qué efectos se producirían en los núcleos duros si se realizara un acuerdo Milei-Cristina ya para cambiar la designación en vez de García Mansilla por otro candidato, votar un proyecto para ampliar la Corte y/o el nombramiento en los juzgados federales vacantes. Se necesita que 48 senadores aprueben los pliegos por lo que el bloque de los 33 senadores peronista tiene la llave dorada. En otros países, puede ser normal que las fuerzas políticas mayoritarias negocien la composición de los altos tribunales bajo la lógica de un conservador por un progresista, no en Argentina. Pero otro contraejemplo lo constituye México, donde Andrés Manuel López Obrador a poco tiempo de abandonar la presidencia avanza con un proyecto para que los jueces sean elegidos por votación popular.
*Sociólogo.
