COLUMNISTAS
la recomposición a los jubilados

La mala hora de Milei y Macri, por 20.000 pesos

Esta semana fue de las peores que le tocó enfrentar al Gobierno. De todos los reveses, el peor ha sido, por su carga simbólica, la sanción de la ley que restituye a los jubilados un porcentaje de sus haberes perdido en el contexto del duro ajuste fiscal. Junto con la recomposición de la deuda de Nación con algunas cajas provinciales, el costo fiscal asciende a 0,4 puntos del PBI, unos US$ 2.500 millones hasta fin de año. En el bolsillo, equivale a $ 19.992 por cada jubilado de la mínima. El “desierto legislativo” que viene, con una excepción crucial: el debate y la aprobación de la ley de Presupuesto 2025.

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Javier Milei vs. Mauricio Macri. Dos personajes del teatro de guiñol vernáculo. | Pablo Temes

Una vieja máxima de las ciencias sociales afirma que la economía sigue a la política, y no al revés. Siguiendo este criterio, de una mala semana política, inevitablemente se deriva una mala semana económica. Y esto es lo que le sucedió al gobierno de Javier Milei en los últimos días. Para peor, la mala hora les llegó a los libertarios; justo en un tiempo en el que lo que se esperaba es que el muy mal momento de la oposición kirchnerista, con Alberto Fernández y sus desventuras como estandarte tétrico, les dieran a Milei y a su gente un plafón de crecimiento político inigualable. Sin embargo, sorpresas da la vida (especialmente en la Argentina), los últimos siete días fueron de los peores que tuvo que sufrir el gobierno de los libertarios en casi todas sus líneas.

De todas, por su simbolismo, las peores horas se dieron el jueves por la tarde, cuando en el Senado se votó por una gran mayoría la restitución del faltante porcentual inflacionario a los jubilados argentinos. En un abrumador resultado de 61 votos a favor y 8 en contra (todos libertarios), el Senado decidió que el Gobierno deberá liquidarles un incremento de 8,1% retroactivo extra a los jubilados; además de una recomposición a los fondos previsionales adeudados a algunas cajas provinciales por parte de la Nación por un total aproximado de unos 704 mil millones de pesos. Ese dinero, sumado al 0,4% del PBI que costaría la mejora previsional, sumaría un costo extra para las arcas públicas de unos 2.500 millones de dólares hasta fin de año. En la proyección sobre el superávit primario calculado por el Gobierno, determinaría que el resultado final de 2024 –el resultado entre recaudación y gasto público (déficit fiscal primario)– se ubicaría por debajo del 2%; cuando el propio Javier Milei se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un final positivo de 2,5%. Se sabe dentro del Ejecutivo que ese nivel porcentual es hoy muy difícil de lograr, sin la reforma previsional impuesta en el Senado. Con ese gasto extra de 0,4%, directamente el logro se torna utópico. Por esto Milei adelantó que el veto es su única vía de análisis y diálogo. Aun exponiéndose a la vendetta que llegará pronto desde el Congreso, quizá, vía veto del DNU de reforma previsional vigente.

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Nunca en la Casa Rosada se pensó que las amenazas del miércoles, con la aprobación de la eliminación de los 100 millones de dólares de fondos para la SIDE libertaria ya concretada, un día después el mismísimo PRO avalaría también el misil previsional sobre las cuentas públicas. La diferencia entre la primera y la segunda votación en términos fiscales es clave. La baja de los fondos para “inteligencia” es imperceptible para las cuentas públicas. Los cambios previsionales implican un costo total de 0,4% del PBI este año, más un punto del producto en 2025. En total, unos 7.500 millones de dólares más de gasto. El primero solo es ruido político. Lo segundo, ruido político más costo fiscal. Con el apoyo del PRO. Se ingresa así en terreno peligroso. En todo sentido. Político, económico y fiscal. Y con el FMI mirando de cerca el espectáculo.

Curioso es el cálculo sobre los beneficiarios de la medida de la polémica. Si se tiene en cuenta que la jubilación mínima ya establecida para septiembre (que los pensionados cobrarían en octubre) sería de unos 234.472 pesos, un incremento del 8,1% llevaría el pago a unos 253.464 pesos. Si se sumara el bono de 70 mil pesos (en el caso de que el gobierno nacional lo pague), el total con el incremento aprobado por el Congreso llegaría a los 323.464 pesos. Sin la mejora legislativa, el Ejecutivo hubiera pagado unos 304.472 pesos. La diferencia entre ambos montos es de 19.992 pesos mensuales por casa jubilado que recibe el pago mínimo. En síntesis, la pelea entre el Congreso y el Ejecutivo es por algo menos de 20 mil pesos mensuales por jubilado. Casi una pequeña compra mensual en una verdulería o frutería del mercado.

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Javier Milei vive estos días su relación con el PRO como una traición. Imperdonable. Considera que sus movimientos políticos propios y los de su hermana Karina, limitantes primero y de actitud altiva después, hacia Mauricio Macri, siempre se mantuvieron en cuestiones vinculadas al espacio de acción gubernamental. Pero que nunca hubo debate abierto en cuestiones económicas, financieras, monetarias y fiscales. Creía que el expresidente estaba convencido y concentrado en que las reformas y los cambios, junto con el tremendo ajuste en la economía real que está impulsando el Gobierno, es lo imprescindible para sacar el país adelante. Y que Macri, en consecuencia, no pondría palos en la rueda en las muy duras acciones de cambio aplicadas por Milei y su elenco. Mucho menos teniendo en cuenta que al frente de la orquestación de los ajustes está un hombre de su riñón, el mismísimo Luis “Toto” Caputo, quien hasta hace unos días mantenía una relación de diálogo habitual con su exjefe político.

De hecho, el ministro de Economía tiene un listado de colaboradores del PRO que, avalados por Macri, podrían ingresar en el corto plazo en sectores claves de la administración nacional, como energía, transporte y relaciones con los organismos financieros internacionales. Solo restaba que Caputo le alcanzara ese listado al ahora presidente, para  hacer la última selección y terminar de forjar el avance final del ministro sobre las últimas áreas de su dominio, donde aún resta colocar personal de confianza. Gente que en general ya tiene un pasado en el Cambiemos del período 2015-2019.

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Sin embargo, aquellos votos senatoriales del PRO del jueves pasado hicieron que el destino de ese listado sean las cenizas. No hay posibilidades políticas ni de amistad que puedan hacer que hoy el Presidente pueda llegar a aprobar el ingreso de una sola persona proveniente del PRO o similar (con o sin pergaminos) para que ocupe un lugar en su gestión. Para Milei (y obviamente también para Caputo), los dirigentes cercanos a Macri tienen hoy la misma consideración que el kirchnerismo. O peor. “Por lo menos los K siempre dijeron lo mismo y estuvieron en el mismo lugar. Nunca traicionaron. Los otros sí”, se lamentaba abrazado a una tasa de café de madrugada temprana de ayer un funcionario que terminaba de hacer cálculos fiscales finales sobre los costos de lo que cerca de las cuatros de la tarde anterior el Senado había convertido en ley. Un interlocutor del funcionario completaba el panorama: “Menos mal que Bases II y el paquete fiscal está aprobado, porque lo que viene es el desierto legislativo”.

No era una reflexión más. Ambos funcionarios saben que lo que se viene, casi de manera inminente es que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de Presupuesto para 2025, donde, entre otras cuestiones, se incluye el plan económico, financiero y fiscal con el que el gobierno de Javier Milei quiere enfrentar el próximo ejercicio. Un año en el que, entre otras cuestiones, los libertarios se jugarán el logro de un incremento de su presencia legislativa. Y la posibilidad de una negociación de una alianza política con el PRO y el Cambiemos residual. Imposible de pensar en la aprobación de semejante proyecto de ley, con los puentes con la oposición dialoguista bombardeados. De las dos partes.