La organización internacional de periodistas Reporteros sin Fronteras (RSF), dedicada a la defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, es fuente habitual en esta columna por la precisión de sus datos y sus análisis de la situación de los medios periodísticos y soportes de información, en particular los que desarrollan su labor en países que suelen despreciar las libertades a las que tienen derecho.
Cada año, RSF difunde un ranking de libertad de expresión en 180 países. La posición que ocupa Venezuela es 156. Es decir apenas 24 lugares mejor ubicados que el peor de la lista. El ranking fue elaborado antes de las elecciones del pasado domingo, cuyos resultados son inciertos, porque tanto el oficialismo encarnado por Nicolás Maduro afirma que resultó reelecto por más del 52% de los votos (aunque se ha negado a proporcionar información sobre el escrutinio), y la oposición liderada por María Corina Machado (aunque no fue la candidata, porque fue proscripta por la Justicia cooptada por el gobierno), representada por Edmundo González Urrutia, se adjudicó el triunfo en base a las actas de votación gestionadas por sus fiscales.
En ese marco, la tarea de los periodistas es complicada y hasta peligrosa, situación que se viene acentuando en los últimos años. Por no insistir con las limitaciones impuestas por el gobierno de Maduro a la gente de prensa y a los medios que representan (ya fue ampliamente difundido lo que padecieron enviados argentinos, uno de los cuales fue, incluso, impedido de ingresar al país), quiero llevar a los lectores de PERFIL a la situación de años atrás.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El 14 de enero de 2021, RSF publicó un pormenorizado informe sobre los ataques a medios y periodistas en la capital, Caracas, en ciudades del interior venezolano e, incluso, señales con centro fuera de Venezuela.
“La cadena de televisión online Vpitv se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en territorio venezolano –dice el artículo de RSF–. Esta decisión se produce después de una operación conjunta realizada dos días antes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en las oficinas del canal en Caracas. Durante la intervención, que no había sido anunciada, los funcionarios de Conatel y Seniat se incautaron de todo el equipamiento de la redacción (sistemas de transmisión, cámaras, ordenadores…) y llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de la cadena”.
Agrega la nota que “el diario regional Panorama, que tiene su sede en Maracaibo (en el estado de Zulia, al noroeste del país) y se distribuye desde hace más de 106 años, también recibió el mismo día una visita sorpresiva del Seniat, que ordenó el cierre inmediato del periódico y su rotativa durante cinco días con el pretexto de que incumplía la normativa fiscal vigente. Por su parte, el medio digital de noticias Tal Cual, muy crítico con el chavismo, fue víctima de un ataque informático que dejó su web fuera de línea durante varias horas. El ataque se repitió el lunes 11 de enero”.
Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales.
Sería necesario un espacio sin límites para evaluar lo que el gobierno de Nicolás Maduro hace en contra de los medios y periodistas que no responden a sus arbitrios. Sus ataques no son distintos (aunque sin llegar a sus extremos) de los exabruptos que habitualmente dedican el presidente argentino y sus adláteres al periodismo independiente de nuestro país.
