La impugnación del Gobierno al plan de adecuación del Grupo Clarín a la ley audiovisual exige desplegar el análisis en distintos niveles. Es preciso aludir al plan del grupo y a su ajuste o desajuste a la ley; se necesita comparar el rigor con el que el Gobierno trata a Clarín con la consideración que dispensa a otros grupos concentrados; y es imprescindible comprender los alcances de esta decisión.
El Grupo Clarín presentó su plan de adecuación a fines del año pasado, después de que la Corte Suprema de Justicia validara la constitucionalidad plena de la ley audiovisual a la que el conglomerado resistió imponiendo un largo paréntesis en artículos (pocos, pero medulares) que afectaban su dominio de mercado. La ley cumplió cinco años sin que la política de medios muestre logros congruentes con los objetivos de la norma.
El plan de Clarín busca sacar provecho del principio de que los multimedios pueden desafectar unidades de negocios siempre que éstas no crucen accionistas y operen de modo separado. Este aprovechamiento está presente en las propuestas de otros grupos de medios, algunas ya aprobadas y en curso de adecuación. Es extraño que después de declarar admisible el plan de Clarín, tras diez meses, ahora se descubra que burla la ley. Pero entre la mansa aceptación del plan del holding y la aplicación de transferencias de oficio, el Gobierno puede exigir más enmiendas al multimedios. Las versiones del Gobierno y el Grupo son incompatibles al juzgar si el plan de adecuación respeta o no la ley. Esta incompatibilidad, sazonada con la dosis de victimismo al que son afectos el oficialismo y Clarín, conduce a la judicialización.
Por otra parte, el trato del Gobierno al Grupo Clarín contrasta con el que concede a otros conglomerados como Telefónica (Telefe), Vila-Manzano (y De Narváez), DirecTV, Pierri, González (Canal 9), Ick (Santiago del Estero), Cadena 3 y Aldrey (Mar del Plata), entre otros. Este contraste también será objeto de dictamen por un Poder Judicial que, lejos de ser prístino, está permeado por intereses cruzados y actúa con tiempos vaticanos, lo que añade picante a esta controversia.
Los efectos de la decisión del Gobierno son múltiples. Reactiva una escalada del conflicto que mutará en litigio judicial. Por lo tanto, no habrá adecuación antes del cambio de gobierno de fines de 2015.
El Gobierno no podrá exhibir el inicio de la adecuación de Clarín como logro. ¿Por qué sirve en bandeja al futuro presidente la resolución de un entuerto que protagoniza su narrativa? Quizá porque elige capitalizar en lo inmediato la más redituable resistencia del holding. Cortoplacismo.
Así como el Gobierno funciona como coartada para el Grupo Clarín, éste lo es para el Gobierno. Ambos se ven excusados de cumplir obligaciones, institucionales en un caso y periodísticas en el otro. Para los contendientes, el clima bélico blinda la adhesión de sectores afines. El olvido de las “nuevas voces”, así como el socorro económico estatal a grupos privados comerciales y concentrados ligados al oficialismo (aunque tendiendo oportunos puentes hacia otros sectores políticos) son subordinados a la guerra contra Clarín.
La pregunta acerca de por qué el Gobierno no aplicó artículos de la ley audiovisual que podrían haber mermado la posición dominante de Clarín halla respuesta en su noción de la guerra. Asimismo, para la conducción del Grupo, el Gobierno es una coartada que atenúa la contradicción entre narrar el interés de “la gente” y su carácter de oligopolio en un sector doblemente significativo (por lo económico y lo simbólico) como la comunicación.
La ventana de oportunidad del cumplimiento de la ley audiovisual en el cierre del mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue sacudida por una decisión que recrea la judicialización y agita una guerra que mantendrá movilizados a los antagonistas. Al menos, otro año más.
*Especialista en medios.
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