“Si echáramos a todos los Kueider que hay acá…”. Un legislador oficialista, en los primeros kilómetros de su carrera política, admite con una mezcla de amargura y resignación las limitaciones y contaminaciones que invaden al grueso de la dirigencia argentina, desde hace demasiado tiempo.
Pocas veces como en estos últimos días se exhibieron tantas escenas desvergonzadas. Una suerte de danza de la fortuna donde casi nadie de quienes participan se queda sin bailar. Y ganar.
El caso más escandaloso fue el del (¿ex?) senador Edgardo Kueider, con prisión domiciliaria en Asunción junto a su secretaria por haber intentado ingresar a Paraguay desde la Triple Frontera una mochila con más de 200 mil dólares sin justificación.
La obscena torpeza de Kueider tiene su razón de ser. Se llama impunidad. Se registraron al menos media docena de ingresos a
Paraguay de Kueider en los últimos meses. Una investigación de la colega Mariel Fitz Patrick en Infobae reveló que una firma propiedad de Kueider nunca registró actividad en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia. Y que su domicilio legal, falso, es una casa familiar en el barrio porteño de Liniers que está en venta desde hace meses por el fallecimiento de su propietario.
La obscena torpeza de Kueider tiene su razón de ser. Se llama impunidad.
Sin embargo, a través de esa empresa, Betail SA, Kueider habría adquirido numerosas propiedades en su provincia, Entre Ríos. La delicadeza del uso del potencial obedece a que la Justicia tiene abiertas dos causas desde hace tiempo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que dormían el sueño de los justos. Hasta que Paraguay las puso en evidencia. Y se despertaron.
Abramos un paréntesis. Es poco factible que la corrupción se castigue con un sistema judicial que mira para otro lado, es inepto o cómplice. Ese ámbito arrojó también recientes imágenes impúdicas. Como la del fiscal federal Ramiro González y su opulento festejo de cumpleaños, del que participaron, entre muchos otros, el cortesano Ricardo Lorenzetti y el aspirante Ariel Lijo. O la del juez federal Daniel Rafecas, que se desestresa haciendo de DJ en fiestas (más humilde que otros que navegan en embarcaciones “prestadas”). O la presencia de medio Tribunales y Comodoro Py en un elegantísimo ágape de la gala veraniega del Teatro Colón.
Juan Carlos Maqueda, a punto de salir de la Corte Suprema por la jubilación, se mostró preocupado en un discurso de estos días por el debilitamiento de las instituciones. Tras dos décadas en el máximo tribunal, ¿se trató de una autocrítica? Su colega, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, pareció hacerse cargo de los fuera de juego de los propios funcionarios judiciales. “No dejemos que muy pocos malos ejemplos nos hagan perder el orgullo de pertenecer a un poder destinado a marcar límites”, dijo en la cena de la Asociación de Magistrados. Un optimista del gol, Rosatti.
¿Cuántos Kueider hay en un Poder Judicial que debería efectivamente poner límites? Más de los que nos imaginamos. Muchos jueces, fiscales, camaristas, de renombre y no tanto, federales y de otros fueros, si fueran tan desprolijos como el detenido senador tampoco podrían justificar su patrimonio o nivel de vida. Hay un Consejo de la Magistratura para controlarlos, una buena idea institucional que devino en un aparato gigante para nombrar gente, pagar favores y asegurar que todo siga como está. Cerremos el paréntesis.
Kueider volvió a destapar, además de una corrupción sistémica, la lógica de la hipocresía dirigencial. La doble vara como emblema. En el primer acto, el Gobierno y el kirchnerismo se achacaron la culpa respecto de quién era Kueider. Ambos tenían parte de razón: llegó al Senado en la boleta del Frente de Todos en 2019 y se convirtió en un aliado libertario clave en 2024.
El segundo acto consistió en un aparente cambio de roles. El kirchnerismo se erigió en paladín de la transparencia para expulsar de la Cámara a Kueider (para que la banca pase a una camporista) y LLA y sus aliados en protectores de un impresentable (para no ceder esa banca).
Al tercer acto asistimos el jueves, en la sesión donde se trataba el caso. La inefable jueza federal Sandra Arroyo Salgado apareció con un pedido de desafuero, que obligó al oficialismo a un cambio de estrategia y entregar a Kueider. La votación resultó abrumadora y los K ni cosquillas tuvieron con el intento libertario de apartar también a Oscar Parrilli, procesado y próximo a ser juzgado con Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorándum con Irán.
El cuarto acto está en desarrollo. Durante el debate y la definición en el Senado del destino de Kueider, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel debía ejercer el mando del Poder Ejecutivo por el inicio del viaje de Javier Milei a Italia. La notificación y firma del traspaso se concretó terminada la sesión. Ya el Presidente, en un súbito expertise constitucionalista, anticipó desde Roma que la deliberación senatorial fue inválida. Kueider la impugnará, para seguir siendo senador. ¿Qué decidirá la Justicia? ¿Se impondrá la doctrina festiva del fiscal González o la doctrina esperanzadora de Rosatti? Todo es posible.
Este último capítulo le permite al Gobierno no solo la posibilidad de que quede en suspenso la banca de Kueider. También le da otra oportunidad para aplicarle rigor a la vicepresidenta Villarruel. Y desviar el eje de atención.
Kueider volverá a poner en juego la biblioteca judicial, tanto como la reciente denuncia contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados. La colega Emilia Delfino publicó en ElDiarioAr que su esposa estuvo al frente de una offshore a través de la que se compraron varios departamentos en Miami. Ritondo prometió dar las explicaciones que corresponden ante la Justicia. Le tocó el juez musical Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano, uno de cuyos hijos trabajó con Ritondo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense con María Eugenia Vidal. Seguramente se inhibirá.
Una derivación riesgosa para el Gobierno de ese caso es que una de esas propiedades en EE.UU. habría sido vendida por otra offshore, pero perteneciente a Juan Pazo, un colaborador muy cercano al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que acaba de ser designado nada menos que al frente de la ex-AFIP, tras el despido de Florencia Misrahi.
Junto al propio Caputo, a Santiago Bausilli (presidente del BCRA) y a Sergio Iraeta (secretario de Agricultura), Pazo es uno de los factótums de un fondo de inversión agropecuaria llamado Invernea. El fondo ha tenido una notable expansión en los últimos meses, seguramente producto del despegue económico del sector, donde se multiplican las intrigas al respecto. Pura envidia.
La danza de la fortuna avanza, no solo con Kueider. Y nadie parece querer, poder o saber frenarla.
