“Está exultante”. Alguien que la frecuenta desde hace años, perfila el ánimo actual de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo argumenta desde el protagonismo asumido en el desembarco nacional en Bahía Blanca tras la tragedia y en la represión de la marcha en reclamo de mejoras en las jubilaciones.
De hecho, en una inequívoca señal de respaldo, Javier Milei decidió subir a Bullrich a la reducida comitiva que lo acompañó el viernes último a ExpoAgro, la feria que anualmente organiza la empresa de eventos cuyo accionariado comparten los grupos Clarín y La Nación.
Se entiende el regocijo bullrichista. Siempre va por más y este tiempo no es la excepción, al frente del ministerio de mayor exposición pública y ejercicio del poder de la administración mileísta, junto al de Economía de Luis Caputo.
Resulta comprensible también el reconocimiento presidencial. Dos fueron los ejes centrales de la campaña libertaria, centrados en el orden, tanto en la economía como en las calles. Y, en ambos casos, reina en el oficialismo el convencimiento de que el fin justifica los medios. En especial si se mantiene el aval de un sector social importante, según las encuestas que maneja el Gobierno.
Así, a los ojos del oficialismo, se justifica el recorte de las jubilaciones vía licuación de ingresos, si eso contribuye al equilibrio de las cuentas fiscales. En 2024, el tijeretazo previsional explicó casi un cuarto de la torta total del ajuste.
Lo mismo con el orden público. Tras demasiados años de anomia callejera, en la que cualquiera podía cortar calles o rutas para hacerse escuchar al amparo de la prohibición de criminalizar la protesta, el péndulo ahora pasó al otro extremo. Las fuerzas de seguridad tienen luz verde para reprimir. Lo que sea. A quién sea.
Ese es el contexto en el que se desarrolló la marcha del miércoles pasado en los alrededores del Congreso. En la previa ya se venía calentando el ambiente, por lo que poco sorprendió el estallido de violencia entre la policía y los manifestantes.
Al tradicional grupo reducido de jubilados que va cada miércoles a reclamar, apoyado por partidos de izquierda, esta vez se sumaron militantes sociales y de otras fuerzas, algunos gremios e hinchas de fútbol. El Gobierno impuso en su narrativa que se trataban de barras bravas.
En su conferencia de prensa posterior, Bullrich identificó a media docena de barras. Seis, entre unos 25 mil asistentes. Seguramente aparecerá alguno más, pero igual expuso la fragilidad de la propaganda oficial. Dato mata relato. En cualquier administración.
Otra curiosidad fue que la ministra denunció que desde los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora (gobernados históricamente por el peronismo) se enviaron nutridos grupos de violentos. Si fuera así, ¿por qué no interceptaron los micros en los que llegaron a la Ciudad para revisarlos y detenerlos preventivamente si se hallaban armas, como se hicieron en otras marchas?
Tampoco hubo explicaciones sobre el llamativo accionar policial para abandonar a su suerte y con sus puertas abiertas un patrullero, que inmediatamente fue incendiado, sin que ninguno de los autores fuera detenido. Ni durante, ni después.
Bochornosa sí resultó la calificación de “patotera” que Bullrich le endilgó a la anciana de 87 años que se desmoronó hacia atrás y golpeó su cabeza en la vereda, luego de que un agente la empujara y se desentendiera del asunto.
Peor resultó el ninguneo ministerial al ataque que sufrió el reportero gráfico Pablo Grillo, que al cierre de este texto aún lucha por su vida, al impactarle un proyectil lanzagases. Bullrich, inicialmente, lo había descripto como “militante K”. Ajá. Obviamente, brilla por su ausencia algún sumario interno para esclarecer cómo pasó y por qué.
Ante la presencia evidente de grupos violentos entre los manifestantes, los efectivos volvieron a elegir el sistema de detenciones a granel y al voleo, por portación de cara o de camiseta, en su gran mayoría. No cierran los porcentajes exhibidos (¿la mitad?) de gente con antecedentes penales entre los apresados.
Tampoco resulta demasiado sorpresiva la ofensiva oficial contra la jueza Karina Andrade, quien ante la falta de pruebas, imputaciones y datos básicos de las detenciones, liberó a los aprehendidos mientras se avanza en la causa judicial.
Además de la violencia desplegada en las calles, otro despropósito político cundió en torno a lo que ocurrió el miércoles. Flaco favor le hace a nuestras instituciones y la democracia que supimos conseguir que el Gobierno catalogue lo que pasó como un intento de golpe de Estado.
Semejante calificación no se convirtió en un exabrupto al pasar del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, un hombre curtido a la hora de declarar. Y hasta contemporizador. Menos mal. Fuentes oficiales señalan que ese concepto se bajó como línea argumentativa oficial desde el Triángulo de Hierro que integra el Presidente, su hermana Karina y el asesorísimo Santiago Caputo.
Haciéndose eco de esa valoración disparatada, una entidad española informó el viernes que Milei postergaba su agendado viaje a España –para recibir otro de esos premios fantasmales que disfruta– por la “delicada situación que transcurre la política y la institucionalidad democrática de su país”, ante un “intento de golpe de Estado por parte de sectores violentos con terribles intenciones” que quiere “debilitar el gobierno de la libertad”.
El despropósito es tal que hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió tomar distancia. Justo ella, que ha construido su carrera política en base a la reivindicación solapada (y no tanto) de la dictadura. ¿Habrá tenido algo que ver en su reacción algún contacto retomado con Mauricio Macri? Versiones que corren cerca del expresidente.
Funcional a la agitación oficial de golpismo fue la reaparición de Mario Firmenich, el condenado e indultado exlíder de Montoneros, a través de un video de apoyo a la marcha por los jubilados.
Lo mismo con que desde sectores del kirchnerismo se equipare la gestión de Milei con la de una dictadura o un gobierno autoritario. O, como hizo el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien trazó un parangón entre lo que se vive hoy en la Argentina con los tiempos previos al estallido del 2001. ¿Vale todo?
Azuzar la grieta puede servir para ganar elecciones, no para gobernar y construir una nación que nos incluya a todos. Menos aún si encima autoridades y opositores se trenzan a jugar con fuego. Un fuego, el de la violencia, que ya ha costado muchas vidas en nuestro país, también en democracia. Demasiadas.
