El Gobierno asegura estar preocupado. Más que por la cantidad de asistentes a la Marcha Federal Educativa, cuya masividad descuenta, lo inquietan las dificultades legislativas para volver a proteger el veto presidencial, ahora sobre el aumento del presupuesto universitario.
Contra lo que creía el oficialismo, los “87 héroes” que avalaron la cancelación del alza para las jubilaciones dudan de ratificar esa misma potestad del Poder Ejecutivo en el caso universidades.
Ya ni siquiera tienen asegurados los votos de los cinco miembros del bloque radical que visitaron a Javier Milei en la Casa Rosada, con celebratoria selfie incluida. De hecho, apenas uno de ellos, el tucumano Mariano Campero se hizo presente en el asado de agasajo en Olivos y sería el único que volvería a darle una alegría al líder libertario.
Algo similar sucede entre quienes ocupan bancas en representación de partidos provinciales. Y hasta en el cada vez menos amigable PRO, tras una sucesión de cortocircuitos con los oficialistas ajenos y propios. De hecho, horas antes de la marcha, el jefe de los diputados amarillos, Cristian Ritondo, admitió lacónicamente que aún no habían acordado una postura en común.
Por eso el Gobierno activó todos los puentes con la cámara Baja (la correlación de fuerzas en el Senado hace imposible evitar los dos tercios del rechazo) para sostener la “heroicidad”, según la terminología mileista.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos; su secretario del Interior, Lisandro Catalán; su secretario ejecutivo, José ‘Cochi’ Rolandi; el presidente de la Cámara, Martín Menem, y hasta el asesor premium Santiago Caputo desarrollan un amplio “operativo seducción” hacia legisladores accesibles, con vistas al momento en que Diputados pretenda ratificar la validez de la ley de financiamiento universitario.
Es en ese marco que hay que entender la demora de las autoridades en oficializar el anunciado veto presidencial a esa norma emanada en el Congreso. La tardanza obedecería menos a lo que pueda ser tomado como una provocación antes de la protesta, con lo que azuzó el vocero Manuel Adorni el último martes. Tendría más que ver, según fuentes oficiales, con estirar los tiempos para que la previsible contundencia en las calles a favor de la universidad pública influya menos en los diputados con los que se está conversando.
Fluyen dos corrientes entre los negociadores libertarios. Los optimistas creen que conseguirán superar las resistencias legislativas con argumentos y propuestas difíciles de rechazar. “Se hacen los difíciles para aumentarse el precio”, comenta un funcionario, hablando siempre en términos políticos, se aclara.
Los pesimistas avisan que está difícil. La universidad pública está presente en casi todos los distritos del país, con vínculos estrechos -en ciertos casos, en exceso- con las dirigencias políticas provinciales. Eso se traslada a sus representantes en el Congreso.
El Gobierno acelera en el convencimiento, con el argumento del equilibrio fiscal que la ley no pone en juego, porque sabe que el rechazo al veto sería un golpe durísimo a la gobernabilidad que pretende ejercer Milei en nombre “del ajuste más grande de la historia”.
Peor aún si ese límite llega en momentos donde las encuestas que llegan a Balcarce 50 registran un incremento del mal humor social y cierta caída en la imagen presidencial.
Por eso el Presidente se expone a un riesgo político mayor que al de una simple “marcha política opositora”, como algunos quieren instalar desde el Ejecutivo. Está claro, es más que eso.
