En cuestión de horas o de días, el Congreso le volverá a entregar malas noticias a los deseos del Gobierno. Y Javier Milei deberá decidir si negocia y acuerda, como pasó con La ley Bases y el paquete fiscal, o precipita un conflicto de poderes.
Con frágiles, inexpertas y convulsionadas minorías en la Cámara de Diputados y sobre todo en Senadores, La Libertad Avanza está expuesta siempre al cachetazo. Sucedió en el verano, cuando quiso imponer en vano la primera mega versión de las Bases y lo fiscal.
Tras la ardua aprobación legislativa en junio de ambas iniciativas, el oficialismo creyó que lo peor había pasado. Hace dos semanas tuvo una muestra cabal de que no: en 72 hs. la oposición impuso la conducción de la bicameral de control del espionaje, dio media sanción al rechazo del DNU que otorga $100.000 millones extra a la SIDE y consagró un recálculo de la movilidad jubilatoria.
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El veto de Milei al aumento de las jubilaciones dio bríos a opositores no enrolados en los bloques peronistas (primeras minorías en ambas cámaras donde cualquier proyecto oficial es rechazado sin más), en muchos casos desorientados ante la legitimidad electoral libertaria, la demanda social de cambio y los requerimientos de gobernabilidad.
Así como las multitudinarias marchas en defensa de la educación pública universitaria constituyeron un alerta a la motosierra y licuadora mileista, el Gobierno se arriesga a un rechazo similar con la cuestión de las jubilaciones.
No se trata de una simple especulación. Federico Aurelio, de la consultora Aresco, que hace encuestas muy seguidas por el Presidente, acaba de terminar un estudio que arroja que el 60% de los consultados está de acuerdo con el aumento jubilatorio que impulsó el Congreso y sólo el 30% lo rechaza. Esos porcentajes se invierten frente al apoyo del veto presidencial. La oposición estudia cómo insistir con el aumento, que requiere los dos tercios de los votos legislativos.
Hace otro aporte interesante Aurelio, cuyos sondeos suelen sostener muy arriba la imagen de Milei en la opinión pública. Cuando se pregunta por dónde ajustarían al Estado, la opción más votada es “salarios” y las menos “salud” y “educación”.
Ese dato se revaloriza ante la previsión de que el Senado ratificará la media sanción de Diputados de la nueva ley de financiamiento de las universidades. El Poder Ejecutivo ya anticipó que también la vetará.
Y en este cruce de desafíos interpoderes, absolutamente validados por la Constitución Nacional, la cámara Alta busca derogar definitivamente el decreto que asignó fondos millonarios adicionales para los servicios de inteligencia. Nunca antes el Congreso había invalidado un DNU. ¿Eso habla bien o mal del Gobierno?
Más allá de los múltiples pases de factura internos en el oficialismo por estas derrotas legislativas (uno de los apuntados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explica en la cámara Baja lo que puede explicar), al Ejecutivo le convendría tomar nota de estas vicisitudes para definir algún cambio en la estrategia.
Sobre todo porque en los próximos días deberá presentar su primer proyecto de Presupuesto, el de 2025. Será el boceto del GPS oficial, nada menos que en un año electoral, con el que están obsesionados sectores claves del oficialismo. Y de la oposición.
Acaso eso explique por qué ciertos legisladores opositores han empezado a conversar sobre otro proyecto muy irritante para el ideario desregulador libertario y de alto impacto social: otra nueva ley de alquileres. El choque avanza.
