Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (Idaes) de la Universidad de San Martín (UnSam), donde participa del Núcleo Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del Cono Sur en Idaes-UnSam, Rodrigo González Tizón se especializa en historia del pasado reciente en la Argentina. Docente de “Historia Argentina” en la UnSam y de “Historia de Occidente a Partir de la Modernidad” en la Universidad Di Tella (UTDT), González Tizón participó esta semana de Agenda Académica, la sección de Perfil para que profesores e investigadores universitarios puedan difundir sus trabajos en los medios masivos de comunicación
—En Anatomía de una mentira, un muy valioso ensayo que usted acaba de publicar junto a Hernán Confino, se analiza quiénes y por qué justifican la represión de los setenta en Argentina, a través de la comparación de lo que sucedió en otras instancias históricas del mundo en las que se produjo un terrorismo de Estado y luego, a pesar de la barbarie, algunas voces empezaron a banalizar o cuestionar la veracidad de esos crímenes de lesa humanidad. En particular, en Anatomía de una mentira se compara el negacionismo de Argentina con el del Holocausto. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre ambos tipos de negacionismo?
—Nuestro punto de partida fue establecer esa comparación, porque el término negacionismo se acuñó en relación a la experiencia del Holocausto. Entonces, nuestra pregunta era saber si sería posible hablar de un negacionismo para el caso argentino. Nosotros entendemos que el término negacionismo en Argentina funciona mucho más como una herramienta del debate político que como un concepto analítico. O sea, una de las grandes diferencias, quizás la más importante que encontramos entre el negacionismo del Holocausto y lo que se llama comúnmente el negacionismo en Argentina, tiene que ver con que en el Holocausto hay una negación, hay voces que niegan o la existencia del crimen o hasta la existencia de las cámaras de gas, mientras que en el caso argentino no hay una negación en sentido estricto del crimen, sino que hay una relativización o una banalización sobre ese crimen. En Argentina hay un planteo tendiente a decir que no son tanto los desaparecidos, o criticar las políticas públicas de memoria. Pero no vas a encontrar ninguna persona, por lo menos dentro de las voces que hay en el ámbito público, incluso las más reaccionarias, que diga que no existió la desaparición forzada de personas. Van a decir que fue una guerra en lugar de terrorismo de Estado, van a decir que la represión fue la respuesta a una agresión anterior de la guerrilla, pero no vamos a encontrar la negación absoluta del crimen. La otra diferencia que uno puede observar es que en el caso del negacionismo del Holocausto, las voces que niegan los crímenes son parte del campo historiográfico, son historiadores profesionales que, obviamente, tergiversan elementos o hasta falsean algunos documentos. Incluso, hay casos muy concretos y conocidos llevados a juicio. En cambio, en Argentina son voces exteriores al campo historiográfico. Victoria Villaruel, Nicolás Márquez, Agustín Laje y podemos seguir por ese camino. Son voces que no pertenecen al campo historiográfico y de hecho muchas de ellas, sobre todo las primeras voces que aparecieron, fueron de la propia familia militar. Pensemos en Díaz Bessone o Etchecolatz, que han escrito libros o producido trabajos que tratan de de relativizar el terrorismo de Estado o plantear la idea de una guerra, en lugar de una represión clandestina. O Cecilia Pando, como representante de figuras ya más conocidas. Tiene que ver con el efecto que produce tanto la negación, en el caso del negacionismo del Holocausto, como el efecto que producen estas voces, que nosotros llamamos del ecosistema de la memoria completa en Argentina. Son voces que buscan, de alguna manera, deslegitimar lo sucedido. Por medio de esta negación o relativización, buscan deslegitimar el reclamo de las víctimas e, incluso, pretenden invertir la carga de la culpa y tratar de sentar a las víctimas en el banquillo de los acusados para, de alguna manera, sembrar la duda sobre la honestidad y sobre la veracidad de su reclamo. Si en el caso de negacionismo del Holocausto lo que se plantea es que detrás de toda la memoria de la Shoá, hay una industria comercial muy redituable y que en todo caso también legitima la existencia del Estado de Israel, acá lo que se plantea es que detrás del movimiento de derechos humanos hay una transferencia millonaria desde las arcas estatales a estas supuestas víctimas que estarían siendo reparadas con dinero o a través de las políticas públicas de memoria.
—En Anatomía de una mentira, también se enfatiza que estamos frente a un escenario en el que, por primera vez en más de cuatro décadas de democracia, la “memoria completa” ha adquirido la jerarquía de política de Estado. ¿Cómo imagina usted el debate en torno a este nuevo aniversario del Golpe del 24 de Marzo, en relación a esa memoria oficial que hoy se proyecta desde el gobierno de Javier Milei?
—A los historiadores no se nos da bien la futurología, pero voy a hacer el ejercicio de pensar hacia adelante. Yo creo que el video que sacó el Gobierno para el primer aniversario del 24 de Marzo que tuvo en su gestión, fue realmente un paso muy en falso. Quiso instalar esto que nosotros planteamos de la memoria completa, ya como un discurso desde el Estado y quedaron muy en evidencia las falacias que había detrás de las voces y las narrativas que estaba tratando de levantar en ese video. Un video que, por otra parte, recupera hechos previos a la última dictadura y no dice nada sobre los desaparecidos. En todo caso, si hubiesen querido plantear una memoria completa, tendrían que haber levantado los supuestos dos bandos que dicen reconocer en ese conflicto. Por eso, ahora imagino un 24 de marzo con un Gobierno de perfil mucho más bajo en la batalla cultural por la memoria. Desde el plano discursivo de las memorias, de las narrativas, yo creo que van a bajar una marcha en relación a lo que fue el año pasado. Pero lo que me preocupa es que en el plano de la memoria están llevando adelante algo muy terrible en términos del desmantelamiento de las políticas públicas y de las agencias estatales. Por otra parte, yo creo que hay que redoblar los esfuerzos por visibilizar y por lograr recuperar la legitimidad social que en algún momento tuvieron las consignas de la memoria, la verdad y la justicia. Algo que nosotros hablamos permanentemente con Hernán, y que aparece un poco en el libro y en algunas participaciones que tuvimos en relación a la publicación del libro, es que si la sociedad votó por una fórmula donde había una candidata a vicepresidenta que promueve la idea de la memoria completa, y un candidato a presidente que habla de la dictadura como una guerra, eso no necesariamente demuestra que la sociedad haya cambiado en términos de lo que entendemos por la memoria. El triunfo de Milei-Villaruel no significa que la sociedad se haya ha vuelto prodictatorial ni negacionista, ni que ya no defienda la causa de los derechos humanos. En todo caso habla de una sociedad que tiene otras urgencias. Pensemos lo que fue la última gestión del gobierno anterior, con los niveles de inflación y descomposición del tejido social. Todo eso hizo que la sociedad tuviera otras urgencias y no pusiera la prioridad en sostener las políticas públicas de derechos humanos. Por eso, creo que hay que trabajar para poder volver a construir un consenso y una legitimidad en torno a esa causa, que en la Argentina demostró tener mucha potencia a lo largo de cuarenta años. Hubo momentos donde vimos mucha mayor efervescencia y acompañamiento desde la sociedad civil, como puede haber sido la transición a la democracia y los primeros tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Aunque hubo momentos donde hay un retroceso y queda todo más aglomerado en torno al núcleo duro que son los organismos de derechos humanos y quienes acompañan más cotidianamente esta causa.
—En No solo un testigo. Una historia de los sobrevivientes de El Vesubio (1978-2016), usted se concentra en el rol de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, a partir de la denuncia de los crímenes de la última dictadura argentina y el posterior activismo que tuvieron en el campo de los derechos humanos. ¿Cuál es la particularidad que tiene el sobreviviente de la dictadura en Argentina, en relación a los sobrevivientes de otras dictaduras en el mundo?
—El elemento distintivo de los sobrevivientes para el caso argentino es la intensa militancia en el campo de los derechos humanos que desarrollaron y el variado instrumental de prácticas que pusieron en juego para llevarla adelante. En el libro intentaba desarmar un poco la idea de asociación automática entre la sobrevivencia y el testimonio para mostrar que, en realidad, el sobreviviente como actor político, como militante del campo de los derechos humanos, contribuyó de muchas otras formas, incluso en coyunturas en las cuales el testimonio estuvo absolutamente obturado por este el marco político o por el marco memorial. Participaron investigando y reconstruyendo los listados de víctimas de los centros clandestinos. Y participaron reconstruyendo y analizando los circuitos represivos y las cadenas de mando, cuando todavía no estaban accesibles los archivos del Ministerio de Defensa. Contribuyeron también a presionar sobre los límites del derecho y dar lugar al desarrollo de nuevos tipos jurídicos que pudieran dar cuenta de una experiencia excepcional, como es la del cautiverio clandestino que, a veces, desbordaba los límites de la jurisprudencia existente. Desarrollaron militancia territorial, iniciativas con escuelas para que los jóvenes pudieran acceder ver a los juicios y entender cuál era la dinámica de un juicio de lesa humanidad. Circunscribir solamente esa actividad tan variopinta a una sola práctica de denuncia, que es el testimonio, era un poco reduccionista. No obstante, está claro que el testimonio del cautiverio es un aporte distintivo y fundamental de los sobrevivientes, que junto con los represores, son los únicos que pueden dar cuenta en primera persona sobre qué pasó en un centro clandestino. En ese sentido es su palabra es insoslayable y su aporte es invaluable.
—En “Los desaparecidos empiezan a hablar”: una aproximación histórica a la producción testimonial de los sobrevivientes de la dictadura argentina desde el exilio (1976-1983), usted propone, entre otras cosas, tensionar la construcción de sentidos que postula el silenciamiento público de los sobrevivientes a causa de las acusaciones de “traición” en los primeros años de la democracia. ¿Cómo se ha ido modificando en las últimas décadas, ese debate sobre la “traición” de los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos en Argentina?
—Es interesante esa pregunta y tiene bastante actualidad a partir de la publicación del libro La llamada, de Leila Guerrero, que justamente reconstruye la historia de una sobreviviente de la ESMA, Silvia Labayru, que durante mucho tiempo fue señalada y cuestionada por su supuesta colaboración, entre comillas, con los represores en el Grupo de Tareas de la Armada. En ese artículo yo trato de demostrar lo que se produjo con esas acusaciones de traición, esas miradas suspicaces sobre los sobrevivientes. Son miradas que, de alguna manera, planteaban algo similar a lo que se sostenía sobre los desaparecidos: si sobre los que desaparecieron se decía que habían desaparecido porque algo habían hecho, sobre los sobrevivientes lo que se decía era que si habían salido de los centros clandestinos debía ser porque también habían hecho algo. Lo que yo quería plantear es que esas acusaciones, que fueron muy pesadas para algunos sobrevivientes, se circunscribieron a algunos círculos y algunos ámbitos que estaban muy vinculados con los espacios de militancia, sea de la militancia revolucionaria armada o la no armada, y también a la comunidad del exilio, por ejemplo. Pero, en simultáneo a esas acusaciones, también hubo muchos espacios en los cuales los sobrevivientes fueron recibidos y sus testimonios fueron circulados, difundidos y validados. Pienso en los organismos de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional, o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pienso en organismos argentinos, como el CELS, o incluso en el exilio también, como la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Todos ellos tomaron la voz de los sobrevivientes y la validaron como una prueba irrefutable de lo que estaba pasando. Lo que yo quería era matizar un poco era esta idea de que no a todos los sobrevivientes en todos los ámbitos se los miró como traidores. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, quienes fueron vistos inicialmente como traidores, empezaron a ser mirados de otra manera. Comenzó a usarse el relato sobre la experiencia del cautiverio de otra forma. Y, sobre todo, se empezó a entender que todos los que habían estado dentro de un centro clandestino habían sido todos víctimas de la represión. Más allá de los comportamientos que tuvieran dentro del centro clandestino. Ya que, en todo caso, lo que hicieron fue desarrollar estrategias de supervivencia. Y ni qué hablar en el caso de los delitos sexuales que cometieron los represores, que es sobre lo que trata en parte de La llamada: esta idea de poder entender que las relaciones sexuales que tuvieron las secuestradas con los miembros del aparato represivo, no fueron consentidas, más allá de que no estuviesen mediadas por una violencia explícita y por la escena que todos tenemos en la cabeza de lo que es una violación. Que pudiera darse, en este caso, en un departamento al que la víctima era llevada por un miembro del Grupo de Tareas, eso no significaba consentimiento. Esas relaciones estaban atravesadas por el vínculo de sometimiento, entre una secuestrada y su secuestrador. Me parece que con el tiempo, los niveles de audibilidad de esas partes más grises de la experiencia concentracionaria fueron encontrando más ámbitos de escucha, ya que en un principio todo era más blanco o negro.
—Esta sección se llama Agenda Académica porque intenta ofrecer a docentes e investigadores universitarios un espacio en los medios masivos de comunicación para que difundan sus trabajos. La última pregunta tiene que ver, precisamente, con el objeto de estudio: ¿por qué decidió especializarse en historia del pasado reciente en Argentina?
—Cuando yo empecé la carrera universitaria, era un momento de mucha efervescencia política: el periodo post 2001. Y en ese entonces el pasado reciente era materia de mucha discusión y mucho debate público. Me parece que en los últimos años ese debate volvió a intensificarse, pero sin alcanzar los niveles del año 2003 o 2004. Yo soy, de alguna manera, hijo de esa época en la cual la ESMA pasó a ser un espacio de memoria, en el que se discutió qué tipo políticas de memoria había que llevar adelante. Y es también el momento en el que se reabrieron los juicios de lesa humanidad. En ese momento hubo una suerte de efervescencia sobre esos temas, y no es casual que fuera cuando se consolidara en Argentina un campo de la historia reciente. En ese sentido, no fui muy original, sino que me sumé a muchos otros investigadores y estudiantes que estaban interesándose por un período de nuestra historia, que todavía era poco estudiado por los colegas. Porque estaba muy presente la máxima de que la historia tenía que enfriarse para poder ser estudiada y que tenían que pasar cincuenta años para poder tomar la distancia necesaria y mirar críticamente al pasado. Yo me formé en un momento en el que todo eso se puso en cuestión y eso me llevó a la historia reciente. No fueron los motivos familiares o personales, porque no tengo familiares que hayan sido víctimas directas de terrorismo de Estado.
