Ya no es una incógnita sino una certeza la posición de Argentina en el ranking de libertad de expresión durante 2024, según lo evalúa cada año la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París: caerá estrepitosamente en relación con 2023 y bastante más que en los años previos. Se lo debemos a Javier Milei, a sus funcionarios y a los cientos de trolls que acompañan su gestión desde las redes sociales, con particular énfasis en X, otrora Twitter.
Este pésimo augurio afecta tanto a quienes ejercemos este oficio como a las empresas que producen y cobijan medios, pero con mayor énfasis al hombre de a pie, al que recibe, en verdad, los bienes y males de cualquier gobierno. El hombre y mujer de pueblo, en definitiva.
Es por ello que este ombudsman viene apuntando, casi en cada columna dominical, a los desbarajustes (dislates, mejor) que Milei y sus acólitos descargan sobre quienes osan criticar, comentar o simplemente acotar medidas de gobierno. El tema de la creciente ausencia de acciones a favor de la libertad de expresión (que señala con sintética precisión el lector Fernando Miranda en su carta que encabeza el Correo de hoy) ya no es una cuestión doméstica sino un signo de alarma para organismos internacionales (RSF es uno de ellos), a los que acaba de sumarse la prestigiosa Amnistía Internacional por vía de su responsable para la Argentina, Mariela Belsky (abogada, luchadora por los derechos humanos y embajadora de She Decides, ONG dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en todo el mundo).
La acción de Amnistía Internacional Argentina no es un mero acto de presencia en el cúmulo de miradas críticas sobre la relación del gobierno Milei y sus satélites en redes con los medios de comunicación y periodistas independientes. La carta que se ha publicado y comentado con amplitud (a excepción de medios y periodistas que han expresado con claridad que no solo respaldan al Gobierno y sus medidas sino que lo alientan a profundizarlas) fue dirigida por Belsky a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando en ella “el deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en la Argentina”. Y señala al menos dos claras líneas de acción en tal sentido: el “ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y ‘asesinato de reputación’”, y las “restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas”.
La extensa misiva de Belsky a la CIDH cita los numerosos ataques personales de Milei y buena parte de su entorno contra periodistas en particular y medios no afines a su gobierno. Los gruesos calificativos, buena parte de ellos insultantes y soeces, contra profesionales de este oficio persiguen un objetivo claro: quien pretenda poner luz sobre oscuros pliegues del Gobierno (cuestionarlos, incluso) recibirá el rayo divino de las discriminaciones en el acceso a la información. La complicidad (en algunos casos rentada, en otros ni siquiera eso) de amanuenses expertos en el manejo de redes y de comunicadores ha dejado por el camino los elementales principios éticos que deben regir nuestro oficio. En ese marco se incluye la anunciada decisión (y puesta en práctica) de reducir las acreditaciones de periodistas en la Casa Rosada por vía de la no renovación de sus acreditaciones. O sea: una sala de prensa gubernamental a favor de Milei y sus decisiones. La primera acción punitiva fue contra Silvia Mercado, pero la tormenta censora no ha terminado aún.
No está en peligro solo la libertad de expresión. Está en peligro la democracia, que en ella tiene sustento.
