En Argentina, al igual que en muchos países de la región y del mundo pobre, es un problema de salud pública por su alta frecuencia y su impacto en la vida y la salud de adolescentes y niñas, y de sus hijos. Además de un problema social de gran impacto en la vida de estas adolescentes y niñas, sus familias y la sociedad. El 26 de septiembre se celebra el Día de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, es por eso que desde hace años la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM–, que presido, y desde hace siete años con otras ONG especializadas en adolescencia y niñez realizamos una campaña de información y movilización sobre el tema desde el 21 al 28 septiembre. El objetivo de la Campaña “PuedoDecidir” es informar y acercar a la adolescencia y niñez información para saber cómo se pueden proteger personas de su edad, para que realmente el embarazo, y por ende la maternidad y paternidad, no sea un accidente sino producto de una elección libre e informada. Decimos que no sea un accidente porque cuando se analizan los datos el 50% de las adolescentes madres de 15 a 18 años reconocen que fue un accidente, no lo decidieron sino que les ocurrió. En las menores de 15 años la situación es peor, el 70% no lo decidió, le ocurrió. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación de 2021. En el caso de las menores de 15 años la situación se agrava porque se considera que no pueden decidir y, por tanto, se consideran abusos sexuales, que están penalizados. Entre 2018 y 2022 el número absoluto de nacimientos y embarazos disminuyó en ambos grupos de edad, aunque más en las de 15 a 18 años que en las de menos de 15. Esto no ocurrió espontáneamente, fue el producto de una política pública muy clara iniciada en 2018, en el gobierno de Macri, que continuó en el gobierno de Fernández. Vale señalar que la continuidad y sostenibilidad de las políticas públicas es independiente de los gobiernos de turno, es la clave para su éxito. Esta política se ejecutó a través de la acción conjunta y articulada de Salud, Educación y Desarrollo Social a nivel nacional y se articuló con las áreas homónimas de las provincias y municipios. Se puso en marcha algo que debería ser lo habitual, que el centro de salud en su zona se vincule con las escuelas. Se designó una persona que las visitara, conociera y hablara con docentes y alumnado, contestara preguntas y ayudara a que el centro de salud o la salita atendieran a quienes quisieran consultar, ampliar su información o recibir insumos: anticonceptivos, tests de embarazo u otros medicamentos. Una forma de que la salud no quedara encerrada y se conectara con la población escolar, o sea alumnado, docentes y padres. Así, con solo una persona dedicada, a quien se le pagaba un extra o un pequeño salario en distintas localidades de algunas provincias –el plan no llegó a todas aunque estaba en camino al momento del cambio de gobierno–, se cubrieron necesidades que excedían los beneficios solo para la salud. Porque también se orientó a cómo hacer algunos trámites, gestionar subsidios y tantas otras cosas que surgieron. Esto se acompañaba con la garantía del Ministerio de Salud de la Nación de proveer los insumos a los centros de salud o salitas en forma rápida, segura y eficiente.
Lamentablemente, al asumir el gobierno nacional el 10 de diciembre de 2023 se suspendió el apoyo a las provincias y municipios para desarrollar actividades que les son propias. Es cierto que la atención de la salud es responsabilidad de las provincias, pero sabemos que no todas tienen los mismos recursos económicos y humanos, por eso el apoyo no solo económico sino técnico es clave para asegurar un derecho en forma igualitaria a toda la ciudadanía. Ahora el abandono nacional deja librada a la adolescencia a lo que puede cubrir cada provincia con las diferencias notorias. Además, tampoco está aportando Nación los insumos necesarios. Los adultos debemos hacer el reclamo.
