Ya están negociando. Y con Argentina de local, lo que no es determinante, pero siempre da algo de ventaja. Los hombres y mujeres del staff técnico del Fondo Monetario Internacional circulan desde el viernes por el quinto piso del Ministerio de Economía, y tuvieron las primeras reuniones con los funcionarios argentinos. Comenzando por el viceministro y responsable de las negociaciones, José Luis Daza. Además, por orden de Javier Milei, también participa el ministro de Economía Luis Caputo. Del otro lado no hay sorpresas. Está presente el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, el venezolano Luis Cubeddu, y el responsable del caso argentino luego del corrimiento del chileno Rodrigo Valdés, quien sigue siendo director del departamento. Y sigue pensando que el país debe devaluar.
Las reuniones se extenderán durante la semana. En ese tiempo, Cubedddu y su gente recabarán información de las cuentas locales, además de la visión de Economía sobre el contenido que el próximo acuerdo deberá contemplar. No será en estos encuentros de Buenos Aires donde se cierre el, seguramente, stand by, sino que la tarea de los negociadores será poner en claro los términos en los que hay acuerdo y dónde habrá que tomar decisiones políticas que exceden a Caputo-Daza y Cubeddu. Ahí está el centro de la acción. Según lo conversado en Washington entre Javier Milei y Kristalina Georgieva, el acuerdo tendrá un contenido político fuerte, y una apuesta personal de la búlgara, que en ese encuentro aceptó el desafío que le impondrá el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la necesidad de cerrar un acuerdo con Argentina.
Como ya se mencionó en esta columna, aún hay problemas para llegar al final feliz. Y se concentra en lo que todos ya saben. Al FMI no le gusta ni la actual política cambiaria ni la propuesta de apertura del cepo y liberación del dólar que manejan Milei y Caputo. Para el organismo, comenzando por Valdés, de manera firme, y siguiendo por Cubeddu, de manera diplomática, Argentina debe optar por una flotación del tipo de cambio (eventualmente sucia o semisucia). Algo que, inevitablemente, derivaría en una devaluación de entre el 10% y el 20%. Argentina se mantendrá firme en este 2025 en aplicar la estrategia del crawling peg del 1% mensual, lo que sumado al 2% de enero derivaría en una devaluación no mayor al 15% para el año. Aquí hay una diferencia importante. Nada nuevo. Y una cuestión que si las partes pretenden un stand by de la línea clásica (imposible según el nivel de deuda que mantiene la Argentina, y que quiere incrementar en no menos de 11 mil millones de dólares), deberá resolverse con alta política al nivel Milei-Trump-Georgieva-board del FMI.
Sin embargo, hay un escollo. El reaseguro que el staff técnico impondrá como condición para que desde el directorio para el hemisferio occidental se firme el acuerdo y se gestionen las etapas de desembolso del dinero previo cumplimiento trimestral de metas. La gente del FMI quiere que todo se apruebe por ley. El nuevo stand by deberá pasar por el Congreso y ser aprobado por las dos cámaras, para que tenga toda la legalidad e institucionalidad y sea una norma de Estado para el país. Este requerimiento innegociable para los hombres y mujeres del Fondo involucrados en el caso argentino es para Milei un problema. Simplemente, no tiene los votos necesarios y propios en el Congreso, lo que lo obligaría a abrir las negociaciones más importantes de todo 2025 en el Congreso. Año, además, electoral.
Los primeros sondeos internos dentro de su arco político ahondaron en la posibilidad de avanzar en las negociaciones y el acuerdo sin la necesidad del problema legislativo, donde Milei menos cómodo se siente. Y le faltan votos. Sin embargo, para los miembros institucionalistas de su gabinete (incluyendo al jefe de sector, Guillermo Francos, y al propio Luis Caputo) es indispensable que el acuerdo pase por el Congreso. Existe un punto donde la situación se define por sí misma. Solo el Congreso puede aprobar un nuevo endeudamiento del país. Y como el stand by incluye un aumento del pasivo con el FMI por unos US$ 11 mil millones más de piso (podrían llegar a los US$ 20 mil millones), inevitablemente debería pasar por el Congreso. No hay otra alternativa. Lo dice la Constitución. Está explícito en el artículo 75, que establece las atribuciones del Poder Legislativo. En el inciso 7, se dispone que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación y en su inciso 4 dice que también es su facultad contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. Pero además hay una ley vigente desde 2021 (la 27.612), impulsada en su momento por Alberto Fernández con Martín Guzmán como ministro, donde se establece en su artículo 2° que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. En algún momento, alguien del gabinete intentó sondear la alternativa de considerar que, como esta ley es anterior al stand by de 2018-2019 firmado por Mauricio Macri, que no pasó por el Congreso, y como a este le quedaban unos US$ 11 mil millones de liquidación según aquel acuerdo de Cambiemos (el préstamo era por unos US$ 55 mil millones y se giraron 44 mil millones, antes que Alberto Fernández lo suspendiera), en realidad el nuevo acuerdo solo sería relanzar el anterior; con lo que no habría deuda nueva. Esta visión está floja de papeles por dos interpretaciones. La primera es que aquel stand by fue luego reemplazado en tres oportunidades: 2022, 2023 y 2024; con la firma de nuevos acuerdos de facilidades extendidas. Dos cerrados por Alberto Fernández con Guzmán y Sergio Massa como ministros, y uno por el mismo Milei en enero del año pasado. Con lo cual, aquel stand by de Macri ya no existe. Y si se firma, sería un pacto nuevo. La segunda interpretación es que volver a ese acuerdo implicaría que el país solo podría pedirle al FMI el dinero firmado en 2019 que no se liquidó, lo que limitaría a los libertarios a recibir aproximadamente solo unos US$ 11 mil millones. Milei y Caputo insisten en que necesitan más fondos, con lo que esos dólares quedarían cortos. Y si no los presta el Fondo, habría que recurrir al financiamiento internacional; con lo que el acuerdo igual debería pasar por el Congreso.
Hay una tercera razón por la que el próximo acuerdo tendría que ser aprobado por ley: la posición de los técnicos del propio organismo financiero, que, esta vez, quieren estar cubiertos dentro de la estructura del FMI y no repetir la mala experiencia de 2018- 2019. Un informe interno publicado entre 2021 y 2022 indicó como una crítica severa a los negociadores de entonces del organismo el haber aceptado que semejante deuda por más de 55 mil millones de dólares no hubiera sido aprobada por el Congreso argentino. Esto, además de haber autorizado que el dinero que se le entregara a la Argentina no fuera a ser utilizado para contener el tipo de cambio y evitar corridas (lo que ocurrió entre abril y agosto de 2019). Los responsables del FMI de aquel acuerdo firmado con la Argentina terminaron perdiendo su puesto. Comenzando por el entonces director para la región, Alejandro Werner. Los actuales negociadores con Argentina no quieren repetir la experiencia. Y exigen que el nuevo acuerdo se cumpla obedeciendo las normas vigentes dentro del organismo (que el dinero no se utilice para sostener el tipo de cambio y enfrentar corridas contra el dólar). Y que dentro de las fronteras criollas, se apruebe por ley. Y que quede claro que los desembolsos dependerán de los cumplimientos dentro del país.
En aquel 2019, el economista argentino-mexicano y su gente quedaron desprotegidos. La titular del FMI de entonces, Christine Lagarde (verdadera responsable junto con Trump de la firma del acuerdo), se había ya ido del organismo hacia las costas del Banco Central Europeo. Y antes de que ingresara Georgieva, hubo un interinato del nortamericano número dos del FMI, David Lipton, quien siempre fue contrario a firmar el stand by con Argentina. Este economista firmó la sentencia de salida de Werner. Se sospecha que más por revancha contra la gente de Trump que presionó por el acuerdo, dada su filiación demócrata. Ahora la situación cambió. Los técnicos del FMI comandados por Cubeddu tienen otro tipo de respaldo. Los defiende la actual número dos del Fondo, la indonorteamericana Gita Gopinath, proveniente de las filas del organismo y quien más lejos llegó en la organización y se convirtió estos años en rock star, no solo del FMI sino del mundo de las finanzas. Se dice que ella defenderá a su troupe.
Se verá. Mientras tanto, las negociaciones finales entre el FMI y la Argentina comenzaron.
