La señora o señorita Viviana Canosa suele autocalificarse como periodista. No es una decisión antojadiza: sabe que el periodismo –el buen periodismo– es un oficio cuyo prestigio aporta a quien lo ejerce una suerte de certificado de garantía sobre lo que dice, escribe o expone. Quiero repetir un concepto: el buen periodismo es el oficio bien ejercido sobre la base de los pilares básicos de su compromiso: la búsqueda de la verdad, la buena información surgida de fuentes chequeadas y confiables, la ética profesional. Y la mayor lejanía del poder en cualquiera de sus formas.
El ejercicio del seudoperiodismo que ha elegido este personaje, validado por algunos de los tantos ingredientes que alimentan la mala praxis en esta profesión (es bella, tiene lengua filosa, no le importan las consecuencias de lo que hace y dice, reconoce los índices de audiencia como dioses inapelables), tiene consecuencias en el tejido social porque sus afirmaciones cargadas de fake news impactan fuerte sobre las audiencias y obligan a periodistas verdaderos y medios competidores a apoyarlas o denostarlas: el resultado en una incontenible sucesión de olas que se transforman en tsunami.
El nuevo episodio de la saga tramposa de este personaje es de una gravedad enorme porque perjudica a un número aún impreciso de personas de distinto ámbitos, en general con amplio y firme respaldo por su trabajo. Lo de Canosa, en realidad, no es consecuencia de un enojo personal ni una cruzada contra la condenable existencia de redes de trata o pedofilia. Es mera búsqueda de rating para las pobres mediciones de su programa de televisión: después de su mediática denuncia, el índice promedio diario creció hasta casi duplicarse. En fin, esa la madre del borrego.
Cuando la pandemia de covid-19 crecía y ponía a la humanidad ante un peligro sanitario sin fronteras, la conducta de este personaje mostraba una línea semejante a la de hoy: el 7 de agosto de 2020, cuando los científicos desesperaban por hallar vacunas o tratamientos para enfrentar la letal enfermedad, Canosa decía no promover el consumo de dióxido de cloro como tratamiento contra el covid-19 pero en su programa de televisión, en vivo, aseguró tomar este desinfectante. Lo hizo ante las cámaras pese a las advertencias en contrario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todos los organismos especializados. El 7 de abril de 2021 afirmó ante las cámaras que los hisopos usados en las pruebas de diagnóstico tenían metales para que siempre dieran un resultado positivo de covid-19, sin apoyo en evidencia científica. Como se comprobó, los hisopados nasofaríngeos son necesarios para realizar las pruebas PCR, las cuales son consideradas las más eficaces y recomendadas por la OMS para detectar el covid-19.
Ya había conmovido a la opinión pública al declararse antivacunas, rechazar la interrupción legal del embarazo y la muerte asistida. Es decir: buena parte de lo que las sociedades en numerosos países occidentales han elegido como avances en sus sistemas de convivencia ciudadana y sus políticas sanitarias.
Este es, entonces, el personaje que ha conmovido con sus afirmaciones (que incluso ha llevado ante la Justicia con el sustento de una fuente dudosa, descalificada por acusaciones concretas de abusos sexuales y violaciones al menos por seis de sus excolaboradoras) a la opinión pública argentina. Naturalmente, es responsable directa de tal conmoción. Sin embargo, no es ella la única: el medio que la cobija y le aporta el espacio y los recursos materiales para consumar sus denuncias carga sobre sus espaldas la mochila de la desinformación. Y el resto del sistema de comunicación audiovisual tiene su cuota en este ataque contra la verdadera libertad de expresión.
