“Todo marcha bien. Lento, pero bien. Habrá acuerdo seguro, y con dinero disponible. Los 11.000 millones de dólares son el piso”. Una alta fuente del gobierno nacional confirmaba la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y daba precisiones sobre las fechas en las que habrá novedades concretas y escritas en los papeles técnicos el organismo. Será entre el 10 y el 15 de marzo, cuando vengan a Buenos Aires los enviados del Fondo encabezados por el responsable del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, junto con un puñado de personal técnico del departamento para el Hemisferio Occidental. Este equipo desembarcará en el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para comenzar a hablar, en serio en el nuevo acuerdo. La fecha es clave y estratégicamente elegida. Esos días de marzo vienen bastante tiempo después del 20 de enero, día del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca; y antes de la tercera semana de abril del 2025, cuando el FMI y el Banco Mundial organizarán la próxima Asamblea anual conjunta de los dos organismos en Washington. La primera fecha es importante, ya que no se concibe un acuerdo con el FMI sin saber el grado de ayuda/ pensión, del próximo presidente de EE.UU. sobre el Fondo para que haya un acuerdo fuerte firmado con Argentina; que implique además más fondos para el país. Pero es importante también la segunda fecha, la de la Asamblea, ya que en la mirada del FMI, este nuevo y por ahora potencial acuerdo, quiere ser presentado por la titular del organismo, Kristalina Giorgieva, como un ejemplo de convivencia entre el principal acreedor del Fondo ante el mundo. Desde el FMI también queda expuesta la mirada que no iba a haber un acuerdo rápido e inmediato, sino que hay muchas cosas por negociar. Cuestiones que el FMI necesita que queden en claro y firmes para cerrar un nuevo acuerdo, más allá de las presiones desde la Casa Blanca.
Y que había que esperar para obtener más dólares de deuda que se sumen a los US$ 44.800 millones que el país ya debe por el stand by firmado entre 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, reciclado en un Facilidades Extendidas firmado en marzo 2022 durante la gestión Alberto Fernández (con tres revisiones técnicas) y en el acuerdo actual cerrado en enero de este año. Luis Cubeddu lo había dejado en claro en las reuniones que se mantuvieron en Washington entre el venezolano y el equipo argentino comandado por el viceministro José Luis Daza. Los técnicos del FMI hablaron concretamente que aún no los convence la política cambiaria que aplica el gobierno de Javier Milei. Para el FMI, el país debe cumplir con dos requisitos innegociables, y complicados para el gobierno de Javier Milei. Aún más complejos que lograr las metas de equilibrio fiscal, emisión monetaria e incremento de las reservas del Banco Central; tres cuestiones donde el libertario y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, parecen tener la pelota dominada. Las dos obligaciones que Cubeddu dejó en claro en las conversaciones de Washington, fueron que cualquier acuerdo que implique un mayor endeudamiento por parte de la Argentina, deben ser aprobadas por ley; y, luego, avaladas por el board del FMI. La segunda, cambios estructurales reales en la economía argentina, incluyendo el mercado cambiario local, donde para el FMI aún hay mucho para trabajar. Según Milei, las dos condiciones son alcanzables; pero no en el corto plazo. Con lo que para un nuevo acuerdo de largo plazo con dólares frescos desde el organismo, habrá que esperar. ¿Cuánto? Primero, a la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos del 20 de enero próximo; ya que en teoría el “padrino” del acuerdo y el impulsor de los votos en el Board del FMI, será el republicano, aliado, se supone, incondicional, del argentino en el máximo órgano de conducción política del Fondo. Una vez con Trump en el poder y con dominio de la situación internacional, aún le faltará a Milei un paso complejo: que el Congreso Nacional apruebe el nuevo endeudamiento. Es la misma condición que Kristalina Giorgieva le impuso a Martín Guzmán para el acuerdo de 2022, y que derivó en la crisis terminal en la relación de Alberto Fernández y el kirchnerismo, con la negativa de Máximo Kirchner a apoyar la iniciativa y a la curiosa alianza con los diputados del entonces unido Juntos por el Cambio, quienes le dieron los votos al anterior gobierno para que el stand by de aquel año pasara el Congreso. Supone Milei que tendría los votos para la aprobación, pero que deberá tomarse su tiempo para negociar. Y que, en consecuencia, será un trámite parlamentario que deberá esperar a las sesiones ordinarias de 2025, que comenzarán el 1 de marzo del próximo año. Para el FMI, los tiempos cierran. Sería un acuerdo estrella para presentar en el primer evento importante del organismo del próximo año: la Asamblea de Primavera del FMI de abril 2025.
Se llega ahí a una paradoja: Argentina considera que para abrir el cepo se necesita el dinero del FMI. El Fondo cree que no puede otorgar dinero en estas circunstancias sin quedar a salvo que no se financiará una corrida; con lo que primero se debería actualizar el tipo de cambio para luego abrir el grifo de dólares. En otras palabras, el FMI insiste en que Argentina debe liberar su tipo de cambio, y, obviamente, devaluar. Precisamente lo que el ministro de Economía descartó el jueves pasado en Córdoba. Otra vez, Argentina confía en la fecha mágica del 20 de enero, el día en que Trump vuelva a la Casa Blanca.
Quieren Milei y Caputo que el Fondo les de la oportunidad de conseguir los casi 11 mil millones de dólares que se le reclaman al organismo, demostrando que funciona la idea de una mejora de la competitividad a partir del respeto del crawling peg al 2% mensual (puede cambiar tenuemente hacia arriba o hacia abajo); con una inflación que, aseguran en el gobierno argentino, se mantendría en un promedio de 2% mensual. O menos. Se respetará la estrategia de apertura del cepo según los criterios que considere el Ejecutivo y el Ministerio de Economía, siempre que el ritmo hacia delante sea de liberación y no dependencia. En palabras menos ideologizadas, que el cepo se vaya desmantelando y no profundizando o manteniendo. El criterio de prioridades sobre los rubros económicos donde se flexibilizará el acceso a las divisas quedará a criterio del gobierno argentino; pero en este caso ambos coinciden. Antes que nadie, se priorizará la apertura del cepo para la producción y la posibilidad de giro al exterior de las ganancias locales. Esto, además de una normalización total del acceso a los dólares para los importadores, no solo para las pymes (que según el oficialismo ya están casi al día), sino también para las grandes compañías. Por lo demás, acepta el FMI que la posibilidad de poder comprar dólares para el público en general para atesoramiento o turismo continuará trabada. Por bastante tiempo más. Esto incluye el mantenimiento de algún tipo de impuesto a consumo de dólares por tarjetas o vías digitales; con un nivel de costo similar al actual. Esto es, 1.600 pesos. Aquí coinciden tanto el Fondo como el gobierno criollo: no es tiempo de salida masiva de dólares para turismo u ahorro popular. Menos a este valor, que, para ambas partes, es barato. Desde el FMI se aceptarán estas políticas que no están en la carpeta clásica de las revisiones técnicas e históricas del organismo. Muchos menos en la cabeza del salido de la discusión, el director gerente para el hemisferio occidental Rodrigo Valdes.
En paralelo al acuerdo 2025, Caputo busca cerrar 2024 lo antes posible. Aún hay esperanzas para definir la cuestión antes que termine enero. Lo que podrá anunciarse en las próximas jornadas (quizá antes que termine febrero) es la aprobación de los períodos abril- junio (novena revisión) y julio- septiembre (décima). Hay solo un problema por resolver. Argentina sobrecumplió las metas de superávit fiscal primario de ambos períodos, y no tendrá problemas en lograr el objetivo anual de un 2,1% de ahorro entre recaudación y gastos. Incluso puede mostrar el Ministerio de Economía un superávit financiero (primario menos el pago de deuda corriente) entre enero y septiembre de un 0,45% aproximado. Esto es, unos 2.500 millones de dólares. Un hecho inédito de 2003 a 2005, con Roberto Lavagna como ministro y, entonces, con un país en default. También puede mostrar el gobierno argentino un cumplimiento estricto en cuanto a la emisión monetaria, donde hasta septiembre el resultado es cero. Justo lo que pide el FMI.
Donde habrá que pedir un waiver, tal como adelantó este medio, es en la acumulación de reservas. A septiembre, el número comprometido ante del FMI estuvo entre 1.000 y 2000 millones abajo. Un número comprensible, y una meta incompleta en vías de recuperación en el último trimestre de 2024.
Mientras tanto, el Gobierno no escuchará al FMI. Tampoco a los ortodoxos locales. A nadie que reclame una devaluación. No solo mantendrá sus convicciones de política cambiaria, sino que las profundizará. Si todo sale como se espera en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, cuando la inflación marque 2,5% mensual o menos, el ritmo devaluador bajará automáticamente a 1,8 o 1,7%. Y así hasta fin de año. A revés de lo que se reclama desde Washington, la ortodoxia criolla y parte del establishment empresario local.
