“En 2021, mi hijo, con 7 años, reveló que sufrió abusos sexuales, violencia física y psicológica por parte de su propio padre”, cuenta Daniela Dosso. “En ese momento ya estábamos separados con su papá hacía tres años. La separación fue por otros motivos, porque había violencia de género, pero en ese momento no conocía la situación. Esto sucedía desde que él tenía seis meses. En ese momento, mi hija, con 16 años, también reveló que sufrió abusos sexuales por parte del mismo hombre, cuando vivía en nuestra casa, y ella tenía entre 9 y 12 años. Los abusos contra mi hija terminaron cuando me separé”, revela Dosso.
Dosso participó de la “Jornada sobre el panorama actual de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país” junto a otras referentes en el asunto. La jornada fue organizada por FUSA AC, una organización que “busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la promoción, prevención y atención de la salud desde una perspectiva de género y derechos humanos”, y Equality Now, organización feminista global de abogadas de derechos humanos.
La verdadera lucha de Dosso comenzó cuando hizo la denuncia: “Ahí me encontré con esta ruta que atravesamos madres, protectoras y sobrevivientes, en la que ningún equipo, ni en mi obra social, ni en el sistema público, pudo ver a mi hijo. Nos encontramos con obstáculos en todo el sistema de protección: en la familia, en la escuela y en la salud. Pero el obstáculo más grande es el acceso a la Justicia”.
El juez Carlos Rozanski, en su libro Denunciar o silenciar, estima que de cada mil casos de abuso, solo se denuncian cien y de esos solo uno resulta en una condena. En la región, una de cada seis niñas y uno de cada diez niños sufrió o sufrirá abuso sexual, y la mayoría de los casos son perpetrados en el entorno familiar (74,2%) y por hombres (81,1%), de acuerdo con Unicef.
“A pesar de lo frecuente de estos hechos, en Argentina tenemos muy baja condena. Cuesta mucho hablar de esto, algunas familias no creen al niño o minimizan, y luego, hecha la denuncia por un familiar protector, en general por una mujer, se entra en una ruta plagada de malas prácticas en la que se defiende a los agresores sexuales. Si bien el problema culmina en la Justicia, empieza mucho antes, cuando en las consultas médicas no hacen preguntas”, afirma la madre protectora.
La abogada Mónica Bayá, de Equality Now, explica que la impunidad en los casos de abuso sexual tiene raíces en el patriarcado. “Esta disfunción muestra una estructura patriarcal arraigada en el sistema judicial. Los sistemas aún son discriminatorios, y el estándar de prueba en casos de violencia sexual es desproporcionadamente alto en comparación con otros delitos que no tienen un componente de género”, afirma.
El enemigo en casa. La médica especialista en ginecología infantojuvenil, y directora ejecutiva de FUSA AC, Sandra Vázquez, afirma que si el abusador es un familiar, en ocasiones no deja signos evidentes de violencia. Por eso, el papel de los ginecólogos infantojuveniles es crucial. “La mayoría de las veces, si el abuso es intrafamiliar, no se ven marcas a simple vista. Pero, si hay sospecha, hay que actuar en consecuencia, y enviar a los chicos a una revisión. Lo más importante es un diagnóstico precoz, que se puede hacer cuando se nota un cambio en el comportamiento del niño, tanto desde la familia como desde los docentes”, invita. La presencia de infecciones de transmisión sexual en niños puede ser un indicador de abuso. Por eso, las expertas señalan que es necesario indicar un examen a los adultos, en un intento de identificar al agresor.
“Cuando los agresores son figuras familiares cercanas, como padres, hermanos, padrastros o abuelos, con quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, se puede dificultar la revelación de los abusos. En otros casos, el silencio de las víctimas es resultado de la presión y amenazas directas por parte de los agresores”, revela Bayá.
Defensa indefendible. El uso de la estrategia de “alienación parental” como defensa de los agresores es común. Con este mecanismo se descarta el relato del niño por haber sido víctima de manipulación de un progenitor contra otro. “Esta defensa es aceptada por las autoridades judiciales, pero carece de evidencia científica y contribuye a la desprotección de las víctimas, por eso digo que falta un sistema de diagnóstico y registro del abuso sexual en el sistema de salud”, dice la abogada Bayá.
“Se dice que los relatos están construidos, que los chicos mienten, fabulan, fantasean. Se difama a los niños y se dice que las madres inculcamos el relato de abuso a nuestros hijos, que es una falsa denuncia, que queremos alejar al niño del padre. Revierten la escena planteando al agresor como víctima y, en los casos de abuso sexual paterno filiar, los niños terminan en revinculaciones forzadas con sus abusadores”, advierte la madre protectora Dosso.
“Para desestimar el testimonio de la víctima se usan recursos como la implantación de memoria y la manipulación por parte de los progenitores. Se estigmatiza a la denunciante como una loca, como una persona que miente”, dice Sofía Quiroga, especialista en DD.HH. y violencia de género, de Equality Now.
Quiroga destaca la importancia del caso de Brisa Angulo, que sienta jurisprudencia en la región. “Brisa sufrió violencia sexual en su adolescencia. La acompañamos en el proceso de Justicia en Bolivia, con sentencia en 2022. La Corte Interamericana condenó a Bolivia por la violencia institucional contra la menor. La resolución es importante para garantizar el acceso a la Justicia en toda la región, porque es vinculante para todos los países que adhieren, como el nuestro”, precisa.
Bayá identificó junto a sus pares otra estrategia recurrente, pocas veces mencionada, en las defensas contra abuso sexual utilizada por agresores. “Es el backlash (feedback, respuesta negativa), las denuncias y amenazas que se hacen hacia los profesionales de diferentes áreas, sobre todo del trabajo social y de la psicología, que brindan atención a las víctimas de violencia sexual y que son el nuevo blanco”, señala.
Diagnóstico necesario. La médica Vázquez subraya la necesidad de que las familias reciban diagnósticos fundamentados en evidencia científica. “Los profesionales tienen que estar bien preparados y deben actuar con integridad, sin ocultar información y sin intenciones encubiertas”, afirma. Vázquez cree que la única manera de abordar esta problemática de manera efectiva es a través de la colaboración entre salud, educación y Justicia.
“Tenemos que lograr realizar una escucha activa de la situación, posibilitando que los niños y niñas encuentren un espacio seguro para revelar las situaciones traumáticas vividas. Y, como profesionales, hay una gran falla a la hora de contar con un sistema de diagnóstico que pueda servir como prueba en el campo judicial y aportar, de esta manera, a la reconstrucción de la verdad”, dice Dosso.
