El Gobierno logró un éxito con la aprobación de la ley Bases en medio de noticias negativas vinculadas a la caída del consumo, crecimiento de la desocupación, suba del dólar, confrontación con el FMI, reporte de bancos extranjeros como el Barclay sugiriendo la conveniencia de abandonar las posiciones de bonos argentinos, por dudas en la solvencia del Estado. Para lograr el apoyo confluyeron dos miradas.
Por un lado, la de los legisladores oficialistas y sus aliados directos del PRO; por el otro, los de opositores dialoguistas que de algún modo quieren ponerle fin a la excusa del Gobierno de que no le dan los instrumentos para gobernar. Algunos como De Loredo y Pichetto dijeron estar convencidos de que correspondía darle las leyes y que además en el tratamiento previo se habían mejorado muchos puntos como en el caso del paquete fiscal. Teniendo aprobados los poderes delegados la mayor preocupación del Gobierno estaba en el paquete fiscal. Con la reposición de Ganancias recupera recursos y con la baja de Bienes Personales logra fondos a través del blanqueo.
Mientras muchos gobernadores presionaron por la reposición de Ganancias como modo de lograr recuperar coparticipación y obras a través de negociaciones con el Ejecutivo, las cuentas no parecen tan sencillas. Quienes se oponían al paquete fiscal no lo hacían solo por razones políticas, también aducen razones económicas.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, explica que la aplicación de las modificaciones impositivas impactará de modo negativo en el federalismo. Su argumento parte de la base de que al incrementarse recursos vía impuesto a las ganancias y disminuirlos vía Bienes Personales, las provincias estarían perdiendo casi cinco billones de pesos desde aquí hasta 2028.
A la inflación se suma que un tercio de hogares dice tener problemas con el empleo
Por otra parte, el quitarles una parte del salario a los trabajadores ello redundara en bajas en el consumo y por tanto en disminución en la recaudación de impuestos en las provincias.
Que la ley se haya aprobado no garantiza que las cosas vayan a mejorar ni en lo económico ni en lo institucional. Es muy probable que lo definido en el Congreso sea judicializado, lo cual podría alargar los tiempos de ejecución.
El Gobierno necesita dar señales de que las cosas están por arrancar. Por ahora tiene la ventaja de que la expectativa de sus votantes lo sigue acompañando.
La mayoría de las encuestas de opinión, más allá de diferencias numéricas, tienen el mismo diagnóstico. Expectativa de que las cosas mejoren y echarle la culpa al gobierno anterior son un combo que se mantiene inalterable. Sin embargo, empiezan a verse los problemas de gestión. Lo registramos en las dudas que tienen no solo opositores, sino un cuarto de los votantes del Presidente de que este sepa gobernar.
Quizá más emblemático es el caso de Capital Humano, en donde los propios votantes del oficialismo lo ven como un caso de incapacidad de gestión; el resto, como un hecho de corrupción.
Hay otro tema que inquieta; a la preocupación por la inflación y la baja del poder adquisitivo se les suma un tercio de hogares que dicen tener problemas con el empleo.
Una vez terminado el episodio de la ley Bases viene el episodio Pacto de Mayo. Hay gobernadores que no concurrirán. Las razones están vinculadas a la orientación del Gobierno y a que no se han incluido puntos vinculados a la producción la inversión y la educación. Sobre si deben firmar o no nuestros estudios registran una leve ventaja de quienes piensan que los gobernadores no deben hacerlo.
Una muestra más del grado de polarización en que se encuentra la sociedad. A partir de ahora, el Gobierno no tiene más excusas para mostrar gestión.
* Consultor y analista político.
