En una columna publicada en octubre de 2023 por la agencia de noticias Prensa Red, se decía que “la exposición constante de un caso puede generar una percepción pública sesgada y emocionalmente cargada y tiene un efecto en los jueces quienes, buscando satisfacer las expectativas sociales, pueden verse tentados a tomar decisiones que no se basen únicamente en la evidencia presentada en el juicio sino en consideraciones externas”.
El autor del artículo, Pablo Alejandro Charry Luna, escribía sobre la cobertura mediática de uno de los casos policiales/judiciales más tratados por la prensa desde 2020, cuando el joven Fernando Báez Sosa fue muerto a trompadas y puntapiés por un grupo de coetáneos en las afueras de un boliche en Villa Gesell. Aquel bombardeo periodístico que informó sin medir sus comentarios (en general, bastante certeros), creó en la opinión pública un casi unánime repudio y sirvió para condenar antes de la condena ejemplar de la Justicia.
Está pasando ahora con el asombroso proceso que tiene como principal acusado al expresidente Alberto Fernández, como su víctima de brutales agresiones a su exesposa Fabiola Yañez y como partícipes probables a personajes del entorno presidencial de entonces. No abundaré en detalles del caso porque esta columna intenta, justamente, no ahondar sin tener nuevos datos concretos sobre los hechos denunciados por la señora Yañez. Sí me detengo en lo que entiendo como una suerte de competencia mediática de periodistas, comunicadores, panelistas, influencers y “especialistas” más familiarizados con la farándula que con las tareas propias de este oficio.
En una competencia feroz por decir algo más de lo que el resto dice, se vienen mezclando temas que no tienen que ver con los sucesos en juicio penal, a saber: las sugeridas relaciones amistosas, amorosas y/o contractuales entre el expresidente y una trabajadora de los medios en carácter de chismóloga-humorista ya célebre por sus picantes intervenciones televisivas y radiales; otras relaciones de Fernández con actrices, empleadas y políticas en una galería que lo viene mostrando poco menos que como un adicto al sexo sin límites; visitas insólitas a la Casa de Gobierno y a la quinta de Olivos, que parte de los medios instaló (con poco rigor temporal) como ocurridas durante la pandemia; la reflotada “fiesta de Olivos”, en la que hicieron caer a algunos de los personajes descriptos más arriba. Y siguen las firmas.
“Desde el punto de vista legal –agrega el artículo citado–, la influencia de los medios en las decisiones judiciales puede violar el principio fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución”. La presunción de culpabilidad que exponen algunos medios y comunicadores en sus análisis cotidianos en relación con el expresidente, debiera quedar subordinada a la presunción de inocencia que consagran los preceptos jurídicos fundamentales de la democracia. “Los acusados tienen derecho a ser juzgados únicamente por los hechos presentados ante el tribunal”, expone Charry Luna. “Sin embargo, cuando los medios de comunicación producen información sesgada o incompleta, inciden en la percepción pública y, en última instancia, en las decisiones judiciales”.
Javier Darío Restrepo, maestro de la ética periodística, escribió: “El periodista no es ni debe ser juez. Se debe limitar a registrar los hechos y a hacerlos entender. Las suposiciones sobre causas y autorías carecen de todo valor informativo”.
Los lectores de PERFIL merecen información y no hojarasca.
