Deudas: Caputo cierra un bono energético y Jorge Macri llama a la Corte

Luis “Toto” Caputo cierra otra semana en modo “rockstar”. No solo fue uno de los pocos funcionarios que acompañaron a marca personal al presidente Javier Milei por su gira tech por San Francisco, sino que además cerró con un acto casi simbólico el principal éxito autoproclamado del Gobierno para el primer trimestre del año: consolidar como algo realista el superávit financiero del primer cuatrimeste del año. Todas las generadoras eléctricas agrupadas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) aceptaron su propuesta de liquidar la deuda por unos US$ 1.200 millones generada por el no pago de los servicios del sector entre enero y diciembre, con la emisión de un título público de vencimiento en 2038. Si se tiene en cuenta que un papel de características similares cotiza hoy en el mercado a un 48% de su Valor Presente Neto (VPN), las compañías aceptaron una quita de aproximadamente el 50% de sus acreencias. Dólares más, dólares menos, sería una pérdida de US$ 600 millones. La información que llegó a los mercados financieros, siempre receptivos para este tipo de iniciativas, es que muchas compañías (YPF) ya recibieron el papel, e inmediatamente comenzaron los trámites para desprenderse cuanto antes del flamante y efímero título público. Ese dinero resulta imprescindible para equilibrar algo los balances de las generadoras, que comenzaron el año dañados por el no pago de Economía, y ahora deben recalcular inversiones y proyecciones para el resto del ejercicio. Como para precalentar el momento de presentar papeles a los inversores del mercado de capitales local, donde las energéticas vienen siendo vedettes de la bolsa porteña, Pampa Energía informó que tanto por la forma de liquidar la deuda como el no reconocimiento de intereses por mora, le generaron pérdidas por unos US$ 58,5 millones. Por su parte, Central Costanera contabilizó unos 4,5 millones, mientras que Central Puerto informó unos US$ 17 millones. Todos los CFO de las generadoras de capitales privados están ahora a puro grupo de WhatsApp debatiendo los pasos a seguir: el gran dilema es liquidar o aguantar que el bono empiece a subir, lo que dependerá obviamente de cuestiones externas a la generación de energía y sus circunstancias. Para saber si conviene o no salir a la cancha con doble línea de cuatro y cinco, es indispensable saber si conviene esperar o no la aprobación de Bases II y luego un esperado momento de revalorización de los títulos de deuda argentinos.

La mirada personal de Caputo es otra. Considera que la generación de energía es uno de los sectores que más crecerán en los próximos tiempos, y que, aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, (RIGI) mediante, donde más interés habrá en desembarcar dólares para mejorar la demorada y alicaída infraestructura energética argentina. Caputo incluso deslizó en alguna que otra conversación con las empresas del sector que pueden hasta esperar que algún extranjero con capacidad de dinero y gestión ofrezca comprar las operadoras. Como se sabe, el sistema energético está en uno de sus momentos más frágiles (sino el peor) luego del proceso privatizador de los 90. Las tarifas, aun con los aumentos del primer trimestre del año, cubren menos del 60% del costo de generación de energía eléctrica, y las compañías hablan del temor serio de tener que negociar o defaultear contratos vigentes. Es latente el peligro de que las generadoras puedan tener dificultades para encarar el mantenimiento de sus equipos. Y si esto se mantiene, podrían no tener posibilidades de abastecer la demanda pico en el comienzo del verano, cuando suelen darse días de intenso calor con familias aún en sus hogares, lejos de vacacionar. Pero para los empresarios esto no es lo peor. En su visión, se trata de una lisa y llana violación a la seguridad jurídica comprometida, un paso que con ningún gobierno anterior se había terminado a dar. Caputo lo ve de otra forma. Considera que el bien máximo del altar de la seguridad jurídica que se debe respetar, aun a costa de decisiones dolorosas y polémicas, es el superávit fiscal. Y en esa meta se explica que las jubilaciones, las transferencias a provincias y el pago en tiempo y forma a las generadoras y trasladadoras de energía eléctrica sean los sacrificios a consolidar. Hay algo concreto. Con el bono en cuestión, Caputo ya tiene 1.200 millones de dólares de superávit adentro. Ya nadie le cuestionará en algún acto en el instituto Patria cómo consiguió el superávit financiero de casi un 0,5% en el primer cuatrimestre del año.

Mientras tanto, alguien se despertó. Por ahora de manera tranquila y algo remolona. Pero marcando la cancha. El gobierno porteño de Jorge Macri le dejó esta semana claro a la administración Milei-Caputo que de ninguna manera se olvida de la deuda generada con la Ciudad de Buenos Aires, por el juicio con fallo definitivo el 22 de diciembre de 2022 a favor de los porteños en la Corte Suprema de Justicia, por aquella decisión de Alberto Fernández de quitarle fondos a CABA para redirigirlos hacia la provincia de Buenos Aires. Con ese dinero Axel Kicillof pudo apagar un estallido policial. La historia dice que en septiembre de 2020, y cuando la relación entre Fernández y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mejor se encontraba, decidió rebajar la coparticipación a la Ciudad del 3,5 al 1,4%, afirmando que el incremento que le había asignado Mauricio Macri en su presidencia por el traspaso policial no correspondía y eran propiedad de Kicillof. Rodríguez Larreta fue a la Justicia, obtuvo fallo positivo en tiempo récord y el gobierno nacional debió retribuirle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables, liquidables por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Pero además, debía consolidar una deuda con CABA por unos US$ 700 millones de dólares, dinero que hoy ascendería con intereses a aproximadamente unos 1.500 millones de dólares. Ni Rodríguez Larreta ni su sucesor Jorge Macri aceptaron que se liquide el pasivo a través de unos muy inútiles bonos TX31 (papeles en pesos que pagan un 2,5% por sobre el ajuste del índice CER), papeles extremadamente devaluados que nunca fueron tocados por ninguno de los dos jefes de Gobierno porteño y que así quedaron en la vidriera, sin demanda.

En pleno balotaje, cuando la relación entre el PRO y los libertarios fluía hacia la victoria que llevaría a Milei a asumir el 10 de diciembre, el ahora presidente se comprometió ante Jorge Macri a liquidar esa deuda, de manera total y rápida. Sin embargo, a casi seis meses de gestión, no hubo novedades. Ni siquiera el tema fue tratado aunque sea de manera diplomática. Ahora Macri cambió la estrategia y le “recordó” a la Corte Suprema que aún no recibió ni un solo peso (ni dólares, obviamente) por el fallo a favor de diciembre de 2022. El tiempo pasa y el reloj corre. Y CABA quiere respuestas. No es fácil tampoco la vida financiera para el jefe de Gobierno porteño. Hace unos días tuvo que implementar una martingala financiera por fuera del BCRA para poder pagarle a la megaestrella internacional Marta Argerich, a la que había que liquidarle unos 70 mil dólares. El dinero llegó en tiempo y forma y el agua no llegó al río. Y las funciones del Colón con la legendaria artista argentina de alcance mundial están salvadas. Pero desde la Nación se ratifica que “no hay plata”. Para nadie.