Diagnóstico erróneo: pasaron doscientos días de Javier Milei y, en lugar de padecer regueros de protesta y batallas sociales o explosiones callejeras, como imaginaban observadores de variada índole, la estabilidad del Gobierno ni se conmovió con esos anunciados acontecimientos. Aún con su ineptitud para enfrentar o consolar sindicatos, organizaciones de pobres que no son pobres, jubilados que se iban a suicidar en masa, indigentes o desocupados en estado revolucionario. Al contrario, casi misteriosamente esos sectores castigados soportan el tormentón y se han replegado a la vereda para alegría de Patricia Bullrich: ya nadie habla de voltear la Administración por medio de esos protagonistas. Al contrario, la inestabilidad que ahora se palpita obedece a derivados de la situación económica, a la dificultad cambiaria o la progresiva baja en los mercados. Viene a ser el colmo para un economista como el Presidente, a pesar inclusive del endiosamiento internacional y la opinión reconocida de que la situación del país –si uno compara fotografías o videos– era mucho peor hace siete meses y con una perspectiva mucho más cruenta. Típica la ocurrencia argentina: circula a contramano del tránsito o navega contra una correntada de residuos tóxicos, al revés del mundo.
Tampoco Milei “la vio”, lo sorprende este hand off económico, al que supone alimentan disconformes profesionales de su rubro, organismos como el FMI, y depredadores del país que se resisten a la transformación propuesta. O insaciables que ahora le piden a la Argentina más de lo que puede dar. Jamás se imputa un error propio, ni la baja exagerada de tasas o la falta de confianza en quienes hablan de sostener contratos y compromisos mientras violan normas de hace quince días en materia de tarifas, las que fueron emitidas por resolución tras haber suspendido por treinta jornadas la misma norma que habían emitido, también oficialmente cuarentas días antes. Un aquelarre, como el de aquellos respetados profesionales que sugieren ya sacar el cepo (Ricardo López Murphy) y otros de la misma naturaleza que auguran un mantenimiento prolongado de ese instrumento (Carlos Melconian). Difícil país. Aunque se mueve, como murmuraba Galileo, no para justificar que estamos vivos.
Para salir del tropiezo, el mandatario y su ministro Luis Caputo han anunciado una segunda etapa de un plan poco conocido, como si lo hubieran planeado y no fuese una cuestión de emergencia. Ahora con promesa de emisión cero cuando muchos confiaban en que ya había emisión cero. Obvio: el público atiende más las palabras en lugar de mirar los números, sin reparar en que emitir por debajo de la inflación no pasaba el cero. Se justifica la “segunda fase” en una trajinada ley Bases más acariciada que revisada, nacida luego de numerosos intentos de cópula, ofreciendo en su contenido portentos en algunos casos ignorados hasta por quienes manosearon la norma a favor o en contra durante un semestre.
Jueces, bancarios y petroleros tendrán que pagar ganancias ahora como el resto de los mortales
Mientras se desprende la ley del cascarón, dos observaciones a consignar: 1) el trámite final indica que el Gobierno requiere una sola Cámara para consumar sus proyectos, desmorona en cierta medida la necesidad de contar con mayorías legislativas y, en términos políticos, le ha restado importancia a un peronismo que presumía de imponerle condiciones al Gobierno en el Senado. Error y pérdida de tiempo: salió el proyecto como dispuso el oficialismo en Diputados y las modificaciones introducidas en la Cámara alta, en general, se fueron por la rejilla. Una novedad que estaba escrita, pero no ejercida. Además, otro dato clave: el lanzamiento de leyes ómnibus a aprobar o no, en general, finalmente habilita al Gobierno para decidir su suerte por medio de decretos de urgencia. Por lo tanto, para tratar el nuevo Presupuesto con éxito, cabe la posibilidad técnica –en lugar de la reciente y aprobada iniciativa ómnibus– de armar un transporte de artículos aún más grande al estilo Federico Sturzenegger, un camión de varias cabinas, un autobús con ducha incluida, un Hércules de la Fuerza Aérea o alternativas superiores que arrastren grúas o viviendas. Se ha abierto una compuerta institucional imprevista. Más de uno dirá que se avanza hacia la autocracia. Con este gobierno o con otro.
La observación número 2) es más curiosa: se refiere al pago de ganancias por parte de jueces & Cía., que introdujo Diputados, el Senado fulminó y, por último, repuso la Cámara de origen. Un lío. No demasiado advertido y que encenderá complicaciones, al margen de petroleros o bancarios que van a la guerra por tener que pagar impuestos como el resto de los comunes, cuestión que Sergio Massa los liberó para ver si ganaba las elecciones. El artículo 81 resulta preciso y, a partir de ahora cobrarán 30 o 35% menos de lo que percibían tanto jueces, empleados del sector, en el orden nacional y provincial: un golpazo a ese mundo encabezado por magistrados que llegaron a la Justicia a partir del 2018, quienes por habilidades propias en rigor no pagaban el tributo. En verdad, lo esquivaban: solo oblaban por una suerte de básico y el resto del sueldo se lo incorporaban como no remunerativo. Una genialidad evasiva para gente que le sobra tiempo y que, en el trasiego legislativo, casi lo logran mantener: cuando llegó de Diputados la obligación para pagar por ingreso completo, se hizo un lobby en el Senado, la decisión se postergó y por último se eliminó. En la vuelta al Senado, muchos pensaron que esa picardía compartiría la suerte excluyente de Aerolíneas Argentinas, Correo o las empresas públicas de comunicaciones que fueron apartadas de la privatización. No fue así. Diputados insistió y, como corresponde, habrá nube de demandas a la Corte Suprema para que resuelva si es factible retornar al régimen que permitía distinguir ingresos impositivamente en ganancias. Tendrá que definir un instituto en el que los titulares no pagan ganancias, una delicia más de la Argentina.
