En su hiperrepublicano y ultraprogresista discurso de asunción, el 10 de diciembre último, el nuevo Presidente de los argentinos, Alberto Fernández, expresó magistralmente al final de su disertación “quiero ser el Presidente que escucha, el Presidente del diálogo. Si alguna vez sienten que no cumplo con mi compromiso salgan a la calle a recordármelo”.
Estas fueron sus últimas palabras que generaron profunda emoción y una recepción más que alentadora de oficialistas y opositores. Por fin, y a pesar de la triste Argentina partida, la República parecía colocarse en un primer plano, y poner de relieve que las diferencias, los cuestionamientos y los disensos capaces de generar nuevos consensos, valen en esta nueva Argentina, sobre la cual manifestaba el nuevo Presidente “nadie sobra en nuestra Nación. Ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones”, “ha llegado la hora de abrazar al diferente”.
Pasaron apenas diez días, y el Presidente de los argentinos presentó con celeridad un megaproyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, proyecto en el cual se incluían diferentes medidas de emergencia, algunas muy atinadas y proclives para ayudar a los sectores más vulnerables, y otras más polémicas, como la referida al artículo 85 del proyecto de ley de Emergencia Pública, que le otorgaba al Presidente Fernández amplias y excesivas facultades para reformar el Estado, o como la hipercuestionada medida que establece la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria por un mínimo de seis meses. Respecto al cuestionado artículo 85, el Presidente dio marcha atrás, anulándolo, escuchando a sectores opositores que se negaban a otorgarle un “cheque en blanco”, al margen del contexto particular de emergencia económica. Sobre la suspensión de las actualizaciones de haberes jubilatorios, mucho se relativizó por parte del Gobierno sobre tal suspensión, pero lo cierto es que los haberes de 19 mil pesos o más, sufrieron un congelamiento de sus ingresos y desde diciembre ya no recibieron incrementos ni bono alguno, y el resto, los que cobran la jubilación mínima, deberán confiar en la palabra del Presidente, quien asegura que desde marzo seguirá actualizando haberes jubilatorios, pero ninguna ley escrita aún ampara dichas actualizaciones, como sí la de los haberes no jubilatorios o jubilatorios de privilegio.
Frente a tal estado de situación, opositores políticos, periodistas críticos al incumplimiento de lo anunciado y luego no respetado, y sectores de la sociedad civil molestos con estas medidas que iban a contramano de lo enunciado tan solidariamente por el Presidente, se expresaron a través de los medios o redes sociales, para manifestar que querían que se cumpla con lo esbozado generosamente en su discurso de asunción, solo eso. Algunos cuestionamientos fueron tomados en cuenta nuevamente por el Presidente, así, decidió que se debata a la brevedad la reforma o eliminación de las jubilaciones de privilegio. Parece que las críticas pueden ayudar a promover medidas más justas y a construir consensos más generales, y que la oposición sin duda es un actor fundamental para fortalecer el pluralismo y la democracia.
Sin embargo, el sector más albertista comenzó un ataque verbal importante hacia aquellos que solo piden que el Presidente cumpla con lo pactado; ni siquiera se estimuló salir a la calle masivamente, como el mismo Presidente lo sugirió si él no cumplía con su palabra, sino que se optó por manifestaciones pacíficas demandando que el Presidente gobierne desde un comienzo como dijo que iba a gobernar.
Si los albertistas escucharon al Presidente de los argentinos en el emblemático último 10 de diciembre, deberían honrar la palabra de éste, y entender como él mismo afirmó, que si no cumple con todo lo anunciado “… habrá que recordárselo, porque nadie sobra en esta Nación…”. Así debe funcionar la República según palabras de Alberto Fernández, y así debería funcionar para sus fieles seguidores.
*Politóloga y Profesora (UBA).
