Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología
El primero de septiembre de 2022 fue un día impactante para el kirchnerismo. Y para la democracia argentina. A las 20:52 de ese día se produjo un intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio de Capital Federal. La expresidenta sobrevivió de milagro a un intento de disparo, simplemente porque el arma usada no funcionó. El hecho político quedó en la memoria del país y del mundo para siempre, y ya nada volvió a ser igual en la Argentina.
Obviamente un evento de estas características opaca cualquier otra situación de esa jornada. Sin embargo, vale la pena repasar lo que había protagonizado la entonces vicepresidenta sólo horas antes. Cristina Fernández de Kirchner había tenido en su despacho del Senado un día más que agitado. Se había encontrado temprano con un grupo de eurodiputados, en un intento de rearmar sus relaciones con el mundo. También invitó al premio nobel Adolfo Pérez Esquivel, con el que el kirchnerismo se había reconciliado desde hacía poco tiempo. Finalmente, en su última reunión del día antes de volver a su hogar porteño, la exjefa de Estado tuvo un impactante encuentro con los directivos de la empresa malaya Petronas. Los había llevado al lugar el entonces presidente de YPF, Pablo González, hombre de cierta confianza de CFK que, incluso, en algún momento se lo mencionó como posible precandidato a presidente por el oficialismo; en los tiempos en que se buscaba alguna persona mercado friendly. El motivo del encuentro era histórico. Cristina presentaba por primera vez en sociedad, el proyecto de inversión más importante en años. Quizá décadas. Quizá en un siglo. Era la alianza estratégica entre YPF y Petronas (51% de la sociedad para la petrolera argentina y 49% para la asiática), para invertir en Vaca Muerta, un gasoducto y finalmente una planta de licuefacción de gas para exportar el combustible a Europa. "Es el proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas", reflexionó vía la red X la presidenta de la Cámara Alta, mientras aseguraba que "se modificará la matriz energética de nuestro país y tendrá un impacto directo en la economía nacional, aumentando las exportaciones, generando divisas, puestos de trabajo y el desarrollo de nuevas industrias". Decía, además, que: "Acabo de reunirme con directivos de YPF y Petronas, la empresa petrolera estatal de Malasia, que hoy anunciaron una alianza para construir una planta de GNL en Argentina. Trabajan en conjunto desde 2014 en el desarrollo de Vaca Muerta. Sí, el yacimiento que recuperamos en el 2012". El monto de la inversión anunciada era impactante: unos U$S 40.000 millones de dólares; distribuidos en unos 10.000 millones en una primera etapa; para luego ir en un in crescendo hasta llegar a esa cifra en menos de 5 años. "Una gran noticia para el futuro de la Argentina. Les agradezco a los directivos de Petronas y al embajador de Malasia la visita de hoy y, por sobre todas las cosas, la confianza en nuestro país", cerraba Cristina.
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Horas antes los directivos de Petronas e YPF se habían encontrado con Alberto Fernández y dado una charla en el MALBA. Sin embargo los anuncios se hicieron una vez terminado el encuentro con la expresidenta. Obviamente, todos sabían que la decisión final pasaba por CFK. Y que sin la foto desde el Senado, no habría acuerdos. En esa reunión quedaron algunas cosas en claro. Que el proyecto se concretaría bajo la venia oficial. Que habría una legislación específica para los malayos sobre la base de aquel acuerdo de 2013 por el cual la norteamericana Chevron se asoció a YPF para desarrollar algunos proyectos en Vaca Muerta, y que requirieron beneficios absolutos para los inversores en tiempos en los que Argentina en general y el kirchnerismo en particular eran vistos con desconfianza total por la eyección de Repsol del manejo de la petrolera. Petronas afirmó que una vez solucionado el tema de esa legislación, la empresa se encargaría de buscar los fondos por el mundo para concretar el proyecto. Como se dijo, primero unos U$S 10.000 millones; y una vez que la planta estuviera activa y comenzado a producir, los malayos aseguraban que lograr el resto del financiamiento será fácil. En definitiva, se habló en las reuniones previas entre la conducción de YPF y Petronas, gracias a la invasión de Vladimir Putin de Ucrania de febrero de 2022; Europa estaba desesperada por encontrar nuevos proveedores de GNL. Petronas ya le vendía el combustible a ese continente, y necesitaba un megaproyecto para terminar de cerrar el círculo de un negocio formidable. La ingeniería financiera requeriría entre seis y nueve meses, con lo que los fondos, afirmaban los visitantes, estarían disponibles hacia mediados de 2023 se podría realizar el anuncio más esperado: donde se radicaría la planta de GNL, para comenzar de manera inmediata la construcción. Ahí intervino Cristina de manera directa y concreta. No habría alternativas. Si los malayos quisieran el gas de Vaca Muerta y avanzar con el proyecto exportador, la planta, sí o sí, tendría que estar radicada en la provincia de Buenos Aires. Lugar donde su hijo político Axel Kicillof se jugaría o la reelección en la gobernación o, algo más jugado en esos tiempos, una candidatura presidencial. Algo tenía en claro Cristina: Alberto Fernández estaba terminado como presidente, no habría reelección para él y el oficialismo necesitaba otro candidato. En su mente la persona era Kicillof. Pero si no lograba ese cetro (porque, entre otras cuestiones, perdería la elección), Kicillof necesitaba repetir en Buenos Aires. Entonces, sin mayores vueltas, la inversión más importante, quizá, desde el regreso de la democracia se radicaría en ese territorio. Fue el Gobernador el que especificó que el lugar sería el puerto de Bahía Blanca, donde YPF y la industria petroquímica ya estaban instaladas exitosamente desde hacía décadas. El anuncio se haría en medio de la campaña electoral del 2023 y sólo quedaba facturar el evento.
No pudo ser. Todo se retrasó. La eterna crisis económica de la Argentina impidió que los tiempos programados por los malayos se cumplieran, y las posibilidades de encontrar financiamiento a precios razonables para el proyecto comenzaron a complicarse. Finalmente desde Petronas se decidió esperar a que transcurriera el proceso democrático local y trasladar la negociación al nuevo gobierno. Ya con Javier Milei en escena, el proyecto renació. Y desde el primer boceto del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), los malayos volvieron a interesarse en la idea de la planta de GNL.
Sin embargo, hubo cambios desde Buenos Aires. La nueva conducción de YPF, con Horacio Daniel Marin en la presidencia de la petrolera, aceleraron la idea; desempolvaron los contratos de factibilidad necesarios y desde enero ya se sabía que la planta sería una realidad. O al menos el anuncio del proyecto.
Se llegó así al martes pasado, donde el directorio de YPF aprobó por unanimidad la radicación de la planta de licuefacción conjunta entre la petrolera argentina y la malaya Petronas, en el puerto de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande y no en Bahía Blanca. Según lo explicado por la conducción de la compañía a los accionistas, se hizo por la ventaja competitiva de la localización, lo que le permitiría ahorrar unos U$S 600 millones de inversión. Se dejaba de lado definitivamente la alternativa de Bahía Blanca, desairando a Kicillof y enterrando aquel proyecto del primero de septiembre del 2022. El último argumento para lograr el levantamiento de manos de los accionistas, fue la promesa concreta del gobierno de la provincia de modernizar el puerto de aguas profundas de Punta Colorada, antiguamente utilizado hasta 1992 por la productora ferrominera Hierro Patagónico Sociedad Militar (HIPASAM), empresa dependiente a Fabricaciones Militares y cerrada en 1993. El puerto hoy es una atracción turística, y la única idea que se debatió seriamente desde su cierre hasta la concreción de la planta de GNL, fue transformarlo en una zona franca. El gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck se comprometió a que antes de los cuatro años, el nuevo puerto estará disponible para que el gas comience a ser exportado a Europa.
Fundamental para la decisión fue la lectura de ayer del informe de la consultora Arthur D. Little, contratada especialmente para la ocasión y para que realice una evaluación de factibilidad, de recomendar la radicación en Río Negro y no en Bahía Blanca. Aparentemente, el “paper” leído ayer fue lapidario con el puerto bonaerense, afirmando que tampoco contaba con la infraestructura necesaria. Y que, incluso, si era en esta provincia donde debía radicarse, la elección debía ser Zarate y no Bahía Blanca.
Un detalle importante, es que todo el directorio de la petrolera votó a favor. Sin observaciones ni cuestionamientos. Las manos estuvieron levantadas por unanimidad. Comenzando por Guillermo Francos. El jefe de Gabinete estuvo presente el martes en la reunión del directorio como representante del accionista mayoritario: el Estado Nacional, que detenta el 51% del 51% del paquete; situación heredada de la renacionalización del 2012. Lo curioso fue que también votó a favor de la radicación en Río Negro el otro 49% del 51%; porcentaje que representan las provincias petroleras argentinas. Están en el listado Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Salta, Mendoza, Jujuy y Formosa. Todos forman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, creada en 1984, y que cobra vida activa en el directorio de la petrolera argentina. De estos, Neuquén, Chubut y Mendoza son miembros permanentes del directorio, mientras que el resto tiene representantes rotativos. Omar Gutiérrez, por Neuquén, Emiliano Monglilardi por Chubut y César Rodolfo Biffi por Mendoza, votaron a favor de Río Negro. Curiosamente, el representante del resto de las provincias corresponde a Marilina José Jaramillo, de la provincia de Santa Cruz y corresponsable de las acciones del resto de las provincias. Y también votó a favor de Río Negro. Todos los representantes de las provincias son patagónicos, y votaron a favor de la consigna que la planta que exporte gas de Vaca Muerta, debe quedar en la Patagonia.
Pero hay otra lectura. Las cuatro provincias le dieron la espalda a Axel Kicillof. Y también a Cristina.
