Las opiniones de quienes ejercemos este oficio están subordinadas a la calidad de la información que las sustenta. Opinar sin datos concretos es una temeridad, por no decir una falta grave a las bases éticas que rigen la profesión.
La introducción debe ser entendida como la postura de este ombudsman para transmitir a los lectores de PERFIL algo de lo sucedido en los últimos días en el mundo de la política. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona es un viejo conocido de los medios en cuyos espacios hizo uso y abuso de protagonismo como abogado, en particular como defensor de causas contra famosos como Guillermo Cóppola (el ex-representante de Diego Maradona), imputado en un proceso por drogas que derivó en escandalosos sucesos en los 90. También defendió a Emir Yoma, cuñado del expresidente Carlos Menem, en causas por corrupción. Tuvo, además, un mal paso en la causa AMIA, que lo llevó a pasar un tiempo tras las rejas.
Es una síntesis, apenas. La historia legal-mediática-farandulesca de Cúneo Libarona es demasiado amplia para desarrollarla en esas líneas. Con eso alcanza para que los lectores sepan quién es el que abogó días atrás, ante la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación por una línea de acciones diferente de la seguida hasta no hace mucho, negando de manera implícita y explícita la validez de legislación vigente en la materia. Entonces, veamos información que pone sus dichos en el límite (o más allá) de lo legal. Y mejor no hablar de lo legítimo. Algunas leyes recientes que se oponen a las teorías cavernarias de Cúneo-Milei:
La Ley 26.150 y su posterior reglamentación creó el Programa de Educación Sexual Integral, un derecho al que pueden acceder niños, niñas y adolescentes de todos los niveles y escuelas del país. Imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa, hace de la escuela un lugar inclusivo, respetuoso y que fomenta la igualdad de trato y oportunidades.
La Ley 26.618, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, fue sancionada en 2010, el resultado de cientos de campañas y un largo camino de lucha llevado a cabo por las organizaciones y colectivos Lgbtiq+.
La Ley 26.485 procura prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Para llevarla a la práctica, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, moribundo por decisión gubernamental. La Ley 27.501 amplió la figura de violencia en el espacio público.
La ley de identidad de género 26.743 establece el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans.
La Ley 27.499 establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio.
Cúneo Libarona no habló de la interrupción legal del embarazo, aprobada por la Ley 27.610 tras un largo y rico debate en la sociedad y en ambas Cámaras del Congreso. No hace falta: se sabe cuál es la postura negacionista del gobierno Milei.
Al menos de palabra, el señor ministro de Justicia violó estas leyes consagradas por nuestro sistema de poderes divididos y majestad de la Justicia.
Así como dejó atrás su pasado de escándalos mediáticos, quiere dejar atrás la democracia.
