No hay nadie que pueda desconocer, particularmente en los últimos dos siglos, la trascendencia del sistema de administración judicial para el mantenimiento de cierta paz comunitaria y de alguna previsibilidad social.
El diseño del Estado moderno deposita en el rol de la autoridad judicial un porcentaje enorme de las posibilidades de lograr el equilibrio institucional y la confianza de la ciudadanía de que las evidentes asimetrías de todo tipo que exponen nuestras organizaciones no atropellarán las dignidades que poseemos ya como seres humanos.
Existe la tentación de ver en el sistema judicial la última protección del débil, pero ese camino ya hace mucho tiempo que lleva a la frustración.
Las ideas de crisis y reforma judicial no son nuevas, ni en Argentina ni en Latinoamérica ni en el resto del mundo occidental. Quizá sea un poco más novedosa la imagen de la necesidad imperiosa, urgente, de una refundación judicial: una profunda, permanente, interdisciplinaria y amplia discusión sobre qué poder judicial es esperable en un Estado democrático de derecho en estos tiempos.
El debate debe ser profundo porque debemos analizar las razones por las cuales las y los ciudadanos tienen muy poca confianza en los resultados de los procesos judiciales o qué es lo que ha impedido que haya tan pocas posibilidades de una reconstrucción de la verdad que genere esa primera respuesta pacificadora.
La discusión debe ser permanente porque debe superar la coyuntura o los ciclos políticos o ideológicos. No se trata de la crisis judicial de diez años a la actualidad, sino de los últimos cien años.
El diálogo debe ser interdisciplinario, porque hay que recorrer un conjunto variado de dimensiones en las cuales se manifiestan con fuerza digna de mejores causas las razones de esa crisis: un lenguaje (“forense”) incomprensible para el resto de los mortales, sistemas organizacionales alejados de cualquier racionalidad, ausencias de auditorías y una interpretación del principio republicano de la independencia judicial un tanto exótica (independencia de la gente y dependencia de algunos medios de comunicación concentrados y otros factores de poder).
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El intercambio debe ser muy amplio, ya que hay que analizar las razones de demoras operativas sólo permitidas a los jueces, o la pretensión permanente de involucrase en las políticas públicas, o la vigencia de sistemas de selección de magistrados que raramente facilitan el acceso al mejor candidato, así como la falta de compromiso con el resguardo de los principios de derechos humanos y garantías constitucionales, la aparición repentina de tendencias jurisdiccionales muy permeables a los cambios de clima político/electoral y la insensibilidad a la diversidad cultural.
No habrá en el futuro una vida democrática de la calidad institucional propia del Estado de derecho sin una refundación judicial. El problema no es de los abogados y jueces, sino de todos y todas: se trata del futuro y de quienes lo habiten.
*Doctor en Derecho y titular de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA). Autor de La Justicia prófuga. Por una refundación del sistema judicial (Fondo de Cultura Económica, 2024).
