Esta semana explotó el escándalo que se empezó a vislumbrar la semana pasada sobre la relación del expresidente Alberto Fernández y su pareja Fabiola Yañez. En medio de la investigación por el negociado con los contratos de seguros, surgieron las fotos y chats de su expareja Fabiola Yañez con signos de violencia de género en el celular de su secretaria pidiendo apoyo. Frente a estos hallazgos el juez interviniente se comunicó con ella para saber si quería denunciar. Inicialmente ella desistió, pero luego ante la masividad de la difusión de las fotos y los chats decidió denunciarlo. Aclaremos que la difusión de esas fotos fue algo que no debió ocurrir, ya que el medio que las publicó no tenía la autorización de la víctima para hacerlo, pudo haber difundido la noticia sin las fotos. Así se produjo la primera ruptura de la confidencialidad y el respeto a no mostrar esas fotos, sin contar con la autorización de la persona. Esto abrió una nueva causa por violencia de género. La reacción del expresidente fue igual a la de otros victimarios: negó los hechos y dijo que fue instigada a hacer la denuncia para conseguir algún beneficio. Lo cierto es que, si bien al comienzo Fabiola tenía mucho miedo y le costaba hablar, rápidamente recibió apoyo de los organismos especializados del Estado, consiguió designar una abogada que le permitió denunciar primero por escrito y luego a través del zoom. Esto además de conmocionar a la mayoría de la población, permite visualizar que la violencia de género no respeta clase social, jerarquías políticas ni ninguna otra característica. También como en todos los casos de violencia de género el desbalance de poder entre la víctima y el victimario existe y como en otras causas recientes de líderes políticos: Alperovich y Espinoza denunciados. procesados y sancionados, registran un mayor desnivel de poder, que se suma a la mayor capacidad de controlar a sus víctimas y mantener los hechos ocultos porque el entorno se abstiene de denunciar y menos mencionarlo. Por eso, estos casos son muy difíciles para las víctimas animarse a denunciarlos y lograr que la Justicia y la sociedad les crea y actúe en forma independiente a pesar del poder del victimario. A diferencia de las personas comunes, estos evidencian, frecuentemente, un grado de omnipotencia mayor e impunidad que ayuda a los victimarios a someter a sus víctimas en el mayor silencio e inmovilidad. En esta oportunidad la sociedad está conmocionada más por esta causa, que por la de corrupción. Es lógico que alguien que se proclamaba un abanderado de los derechos de las mujeres y se expresaba opuesto a la violencia de género, cuando lo denuncian no la niega, apenas la justifica en problemas de la víctima desde inestabilidad, adicción al alcohol, intereses económicos y otros. Ahora que ya se formalizó la denuncia y se abrió la causa, la Justicia deberá examinar y efectuar las averiguaciones, esperamos que lo antes posible pueda llegar a una conclusión. Porque es una causa legal que tienen muchas formas de violencia desde la psicológica, física continuada, la obstétrica por el aborto que fue conminada a hacer en un momento en que aún era ilegal, además de privación de una vida libre ya que estaba totalmente obligada a permanecer en esa convivencia y actuar como si nada pasara frente a los demás en actividades públicas y sociales. Todo esto que también experimentan las mujeres comunes víctimas de violencia, en ella estaban muy potenciados. Esta continuidad de años viviendo estas agresiones afectan la salud mental y en ella es evidente porque al principio ni podía hablar. Por eso la defensa de Fernández de que ella es una enferma mental y adicta al alcohol no es ningún atenuante, al contrario, son consecuencias de su forma de actuar, no constituyen pruebas de defensa a considerar en la medida que además se corroboren los distintas episodios que fueron aparentemente por los trascendidos, muchos, y con datos precisos que permiten corroborarlos.
Mientras esto ocurre el gobierno de Milei debe reconocer la vigencia de la violencia de género, adecuar y crear las instituciones para su atención y prevención. También reconocer que los errores o mal funcionamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades no justifican su eliminación, sí su adecuación, pero respetando la necesidad de eliminación de las desigualdades y discriminaciones que las mujeres y niñas aún experimentan en el país, reconociendo que no es el trabajo de un solo ministerio ni área de gobierno, sí de todos y cada uno. Veremos si esto permitirá lograr este cambio en el gobierno actual. Esto es urgente para que no sigan creciendo estas violencias.
