Desde hace dos semanas, en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, estamos recibiendo información sobre la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández. Algo que apareció como un hallazgo casual, al investigar la causa por corrupción del expresidente por el negocio de los seguros. A partir de ese hallazgo, que se difundió profusamente a través de dos fotos de las lesiones de la víctima, que fueron publicadas sin autorización y en forma muy poco adecuada para casos de violencia de género, se inició una nueva causa. A partir de esto, la atención pública se desplazó a la causa por violencia de género. Además, se complementó con la difusión de vínculos o relaciones del expresidente con otras mujeres famosas, que permiten aludir a relaciones sexuales o asimilables. Todo esto produjo mucho revuelo, con dudas sobre las conductas de muchas personas vinculadas al poder político y del ámbito farandulesco y artístico. Así, verificamos que en Argentina el interés público se asocia más a esto que a la corrupción. Visualizamos que la corrupción está tan “naturalizada” que no llama la atención y se acepta. Esto es gravísimo, pero es una realidad. Hace unos años, digamos diez, quince, esto pasaba con la violencia de género. Estaba naturalizada y sigue, pero menos que la corrupción. Esto es producto del movimiento del #NiUnaMenos y su gran manifestación en el 2015, hace solo nueve años. Entonces, ¿debemos hacer un movimiento similar anticorrupción? Eso parece ahora estar ocurriendo frente a la candidatura del juez Lijo, para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su propuesta está levantando una polvareda que rompe los alineamientos políticos, en el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional y otros niveles y ámbitos de decisión política y de la población. La candidatura de Ariel Lijo consigue que el tema llegue, aunque aún no tan masivamente como la violencia de género, a interesar al público general. Esto es bueno para mejorar la democracia. Si logramos que la mayor parte, ideal sería toda la población, sancione la incorporación al máximo nivel de la Justicia de un candidato inadecuado por su falta de garantía moral, capacidad y conducta, estamos fortaleciendo a la Justicia. Sabemos que la Justicia es clave para garantizar también la libertad y el derecho igualitario, para toda la ciudadanía de gozar de los derechos que la Constitución y las leyes dan. Una Justicia que no diferencie a los ricos o poderosos de las personas comunes como lo hace. Las cárceles y comisarias están llenas de personas privadas de la libertad por leves o graves faltas, e incluso muchos, sin nada que ver, de personas pobres o con pocos recursos. Los poderosos no están presos, la Justicia los valora diferente y eso no es nuevo. Está aceptado, por eso decimos está “naturalizado” y esto es lo que debemos acabar. Eso atenta contra la igualdad, que es más importante que la Justicia y la libertad. Porque las desigualdades debidas al nivel económico, el color de la piel, el lugar donde vive y/o el poder que tiene, hacen que la Justicia y la libertad sean garantizadas diferente. Acabar esto es clave para afianzar una democracia robusta, algo difícil en la Argentina hoy.
Tal vez es necesario mencionar algunas desigualdades para que se entienda mejor. Cuando el gobierno del presidente Milei niega la desigualdad de las mujeres y niñas, por eso acabó con no solo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino con todos los programas y acciones que promueven esa igualdad, está afectando: la libertad. Pero así ocurre con muchos otros casos, por ejemplo, cuando la ministra Pettovello se niega o demora el apoyo alimentario a las familias pobres e indigentes y allí las principales víctimas son la niñez, está afectando la libertad de esa niñez de ejercer el derecho básico a la alimentación. Igual con la eliminación del Fondo de Apoyo a las Provincias para la educación, que es responsabilidad provincial, pero que no todas pueden brindarla en forma de garantizar ese derecho y por eso el gobierno nacional debe apoyar para igualar las diferencias. El lema “Viva la Libertad Carajo” es mentira si se desconocen y no se enfrentan las desigualdades. El mercado, el valorado mercado por este gobierno nunca logra esto, solo un Estado que atienda a todos y promueva la igualdad lo puede lograr. Milei dice es “una burrada”. Ojalá seamos todos burros, para que sea como en la selva: Sálvese quien pueda, solo pocos lo logran.
