La batalla comenzó. Y durará lo que tenga que durar. Así piensa el gobierno de Javier Milei con su ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Y, del otro lado, lo saben los gobernadores. Aliados, semialiados, y los otros. Y también los privados, que ya sin sonrojarse, se animan a reclamarle de manera directa a los responsables de las administraciones provinciales que deben mirar a la Casa Rosada y avanzar en la disminución, y eventual eliminación del que se considera el peor impuesto de toda la administración tributaria argentina: el fin de Ingresos Brutos.
Milei había dicho alguna vez en campaña que se trataba del peor impuesto. Y que en su gestión se avanzaría en la tan demorada ley de Coparticipación Federal, incluida de una fallida manera obligatoria en la reforma constitucional del 94, donde el principal capítulo sería la eliminación de esta carga tributaria. El primer año de la gestión libertaria no incluyó este tema en la política de relación con las provincias, ni en la presión de la Casa Rosada sobre las gobernaciones. Había otras cuestiones más urgentes. Como reducir a cero la obra pública. Sin embargo, todo cambió este enero. El ministro, sin freno, pidió abiertamente a las provincias y a los municipios que reduzcan este impuesto, bajo la certeza (válida) que se trata de una carga muy negativa para el despegue económico. Cuestionó por “injustificada” la decisión de algunas provincias y municipios de hacerlo, pese a que “todos están recibiendo mayores ingresos por el aumento en la recaudación”. Su embestida tuvo una inmediata seguidilla de apoyos por parte de los privados, comenzando por las tradicionales entidades empresarias, como la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Sin embargo, el mayo ruido nació desde el sector más moderno y, quizá, poderoso, de los privados: la nueva economía con las billeteras virtuales como protagonistas, comenzando por Marcos Galperín y su Mercado Libre-Mercado Pago que directamente apuntó a los gobernadores calificando al tributo como “injusto” y “perjudicial” para las economías locales, argumentando que afecta a consumidores y PyMEs. El argumento es el mismo que el de Caputo: Ingresos Brutos es un impuesto “cascada”, que grava el total de lo facturado y no las ganancias, generando una presión inflacionaria sobre los precios. A Galperin lo siguió otro referente del sector: Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, la segunda Fintech en importancia de la Argentina. Del otro lado hubo tibias críticas y algún que otro apoyo desde provincias como Mendoza. Hasta que el responsable de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien embistió contra la Nación y Galperin, defendiendo el tributo y asegurando que se trata de una herramienta necesaria para financiar inversiones clave en infraestructura y combatir la evasión fiscal, en tiempos de ajuste eterno desde la Nación a las gobernaciones.
Todos saben que el tema no quedará en declaraciones. Y que se espera en poco tiempo, una embestida aún más fuerte desde la Nación, y hacia un contrincante superior a Pullaro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes que acompañan la idea de incrementar las tasas locales como herramienta antiajuste. Cuando esto suceda, y cuando Javier Milei tome en sus manos la conducción, al menos dialéctica, del combate, la guerra habrá comenzado.
Se sabe qué es lo que buscan los libertarios. Una reforma impositiva integral y profunda, que incluya Ingresos Brutos además de los tributos nacionales. Y, tal como se dijo en estas páginas, tiene preparada una sorpresa casi mortal. El Ejecutivo tiene pensado un proyecto majestuoso a ojos de los libertarios: una reforma impositiva integral; basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes criollos, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo. El problema para los gobernadores está en la idea base del proyecto que Milei, Caputo (ministro) y los técnicos libertarios que trabajan en la letra fina de la reforma. El lanzamiento de una especie de “Súper IVA”, que concentre no sólo al Impuesto al Valor Agregado, sino que sume además, el denominado tributo a los Ingresos Brutos que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución), se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5 a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial de 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y que pasaría a ser luego de ingresado en el ahora organismo recaudador, girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación, es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA; con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino; abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”. Todos ganan. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del Súper IVA, los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero que es obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.
En definitiva, Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal), por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder, básicamente, incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
Milei busca dar vuelta con la creación de la gestión Alberto Fernández, donde se aprobó el consenso fiscal, que avalaba la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros.
Es verdad que el tributo va al contrario de la modernidad tributaria mundial. Y un severo retroceso a la producción y el crecimiento. Sin embargo, priman otras cuestiones. Básicamente una. Que los gobernadores tengan más dinero, y que a partir de esta piñata apoyen a la
Nación en la aplicación de una mayor carga impositiva que permita evitar los ajustes, que siempre reclama el Fondo Monetario Internacional. De más está decir que desde este organismo se aplaude de pie la alternativa del “Súper IVA”.
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura militar y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo al anterior Impuesto a las Actividades Comerciales. Se aplica a todas las provincias argentinas y a la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van de 1,5% a 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales y la alícuota depende del distrito y de la industria.
