Las imágenes son muy elocuentes. Huelgas generales, bloqueos de rutas, denuncias de corrupción, intentos de golpe de Estado y una acusación de tentativa de asesinato. La crisis económica pero, sobre todo, la interna política del partido oficialista están definiendo el último año de gobierno de Luis Arce y el rumbo hacia las elecciones presidenciales de 2025. ¿Cómo entender todo lo que está pasando en Bolivia? ¿Cuál es el origen de la crisis?
Hace cuatro años, Luis Arce asumió la presidencia de Bolivia con la promesa de una recuperación económica, apoyado en su experiencia como ministro de Economía durante la llamada “época de bonanza” del gobierno de Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente al de ese entonces. Desde el año pasado, Bolivia enfrenta serios problemas de liquidez y de abastecimiento de combustibles que impactan directamente en el costo de vida de la población y en el sistema productivo nacional.
La falta de dólares y combustible se ha convertido en un desafío crítico. Las exportaciones de gas natural, una de las principales fuentes de ingresos del país, han caído drásticamente, y Bolivia depende ahora de la importación de diésel y gasolina para abastecer el mercado interno, un gasto importante para el Estado. Según datos oficiales, el país necesita importar el 56% de la gasolina que consume, pero para lograr ese objetivo necesita divisas que hoy no están llegando ya que en la actualidad Bolivia exporta un tercio del gas que exportaba hace diez años. Esto ha llevado a la formación de un mercado paralelo de divisas y a la restricción de las transacciones bancarias, factores que agravan aún más la situación económica y la percepción de la ciudadanía.
Un reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert revela que un 88,3% de los líderes de opinión en Bolivia considera que el país “va por mal camino”, y el índice de desaprobación de la gestión de Arce alcanza el 72%. Esta percepción negativa se refuerza con la expectativa del Banco Mundial, que estima que el crecimiento económico de Bolivia para 2024 será de solo un 1,4%, muy por debajo de las expectativas del gobierno.
Pero sobre todo, a los problemas económicos se suman profundas divisiones y una virulenta interna dentro del partido oficialista. El presidente Arce y Evo Morales, ambos figuras claves del Movimiento al Socialismo, están enfrascados en una disputa por el control de la candidatura presidencial para 2025. Esta contienda ha escalado al punto de que, hace pocas semanas, Morales acusó al gobierno de intentar asesinarlo, tras un incidente en el que los vehículos en los que viajaba fueron tiroteados en la región del Chapare, uno de los bastiones políticos del expresidente. Pero esto no es todo. El pasado junio, Luis Arce denunció la presencia irregular de distintas unidades del ejército, que se instalaron en la plaza Murillo, en La Paz. Este levantamiento militar fue provocado por el, ahora, exgeneral Zúñiga, quien el día anterior al intento de golpe había sido destituido de su cargo como jefe del ejército después de declarar que no iban a permitir un nuevo gobierno de Evo Morales, dando a entender que estaban dispuestos a usar la fuerza para impedirlo. Ante la presión del sector de Evo, e incluso del propio expresidente, quien declaró que si Arce no lo destituía iba a ser cómplice de un golpista, el presidente boliviano se vio obligado a expulsar a Zúñiga del ejército. Sin embargo, a pesar de que el golpe fue apaciguado, tanto Arce como Morales se culparon mutuamente por lo sucedido.
En paralelo, el panorama institucional tampoco parece mejorar. La Asamblea Legislativa, que hoy es mayoritariamente opositora, estuvo paralizada durante bastante tiempo por la intervención del Órgano Judicial, sin poder sesionar. De hecho, hace unos días militantes del sector de Evo Morales irrumpieron en la Asamblea y atacaron al vicepresidente Choquehuanca para protestar contra la gestión de Arce.
En definitiva, la crisis económica y el conflicto político son dos caras de una misma moneda. En los últimos meses, utilizando la falta de combustibles y de divisas, seguidores de Morales interrumpieron el tráfico durante 24 días exigiendo medidas contra la crisis económica. Sin embargo, detrás de esas movilizaciones, e incluso detrás de la irrupción en la Asamblea Legislativa, hay un objetivo político mucho más importante: presionar al gobierno nacional para que arbitre los medios para que se habilite la candidatura de Evo Morales y se retiren los cargos judiciales en su contra.
Y los militantes “evistas” saben que pueden hacerlo, debido a la fragilidad en la que se encuentra hoy el gobierno de Arce. La inestabilidad económica y política ha desencadenado una ola de protestas ciudadanas y ha deteriorado el ánimo de la población. Las largas filas para abastecerse de combustible y la inflación, que se ubicó en el 7,26% en octubre, han aumentado el descontento social. Desde el gobierno, Arce ha culpado a las políticas de hidrocarburos aplicadas por el gobierno de Morales, del que él mismo formó parte como ministro de Economía, por no haber asegurado la autosuficiencia energética en tiempos de bonanza.
Este contexto de tensión ha sido aprovechado por la oposición, que también comienza a ganar terreno en la opinión pública. El líder opositor Luis Fernando Camacho, quien ha advertido que Bolivia se dirige hacia una crisis similar a la de Venezuela, ha propuesto un cambio de rumbo hacia un modelo de libre mercado, afirmando que la crisis actual es consecuencia del “estatismo centralista” del MAS. En una carta enviada a sus seguidores, Camacho ha instado a “desmontar” el modelo estatista como única vía para salir de la crisis.
En definitiva, Bolivia entra en 2025 con un conjunto de desafíos sin precedentes en las últimas décadas. Las divisiones políticas y la crisis económica plantean grandes interrogantes sobre la estabilidad del país. Pese a la compleja coyuntura, los analistas consideran que, políticamente, Arce aún podría mantener su liderazgo si la crisis no se profundiza hasta el punto de provocar un colapso total. Sin embargo, su capacidad para completar el mandato sin mayores altercados dependerá de si logra controlar la crisis de combustible y de divisas en el corto plazo. Con una economía en declive, un partido gobernante fracturado y una oposición en ascenso, el país se enfrenta a un escenario de alta incertidumbre que podría culminar en una crisis profunda o en un cambio de rumbo. El desenlace dependerá de las decisiones políticas y económicas que se tomen en los próximos meses, en los que Bolivia, más que nunca, necesitará encontrar un camino hacia la estabilidad.
*Licenciada en Ciencias Políticas (UCA). Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA). Co-host del podcast El Cafecito Latinoamericano en Spotify y en YouTube.
