Desde artículos sobre la absorción del suelo, canales de desagote y posibles obras para evitar inundaciones, investigadores del Conicet advirtieron que podría ocurrir la catástrofe que azotó Bahía Blanca. Juan Manuel Milanesio, ingeniero químico, profesor de Termodinámica de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador adjunto del Conicet en el Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada, explica la desconexión entre los gobiernos y el sistema científico, que ha cruzado todas las banderas políticas.
—¿Qué podés contar acerca del informe que advertía que algo como lo que pasó en Bahía Blanca iba a suceder?
—La tesis de la doctora Paula Zapetti, del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), y los trabajos posteriores de su grupo, dan cuenta de factores importantes como la absorción de agua dadas las características del suelo bahiense, las líneas de nivel de los distintos barrios, los caudales que pueden manejar los canales de desagote y el efecto de la urbanización en el aumento de las escorrentías. En consonancia, el ingeniero Juan Carlos Scheffer, exdocente de la UNS y exdirector de Obras y Mantenimiento del Agua, también trabajó en obras posibles para mitigar inundaciones, como la represa del arroyo Napostá a la altura del puente Canessa. Si bien es cierto que no se tiene registro de una precipitación de la magnitud de la del pasado 7 de marzo, a partir de datos históricos se sabe que la capacidad de los canales de desagote está subdimensionada y hubo propuestas para su mejora. No hay dudas de que se trató de un evento excepcional, pero eso no implica que no haya otros factores, tanto locales como nacionales o regionales, que también influyen en las inundaciones y en otras catástrofes naturales que estamos observando en los últimos años. Por ejemplo, el desmonte para ampliar la frontera agrícola y la utilización extensiva de agroquímicos generan impermeabilización de suelos, aumentando las escorrentías. Naturalmente esto tendrá un efecto en el aumento del caudal de agua que deben ser capaces de desagotar los canales. Y normalmente las obras hidráulicas corren detrás de las catástrofes.
—¿Cuál es la dinámica que pudo haber hecho que esto haya sido ignorado por distintas gestiones de gobierno?
—La tarea de los distintos grupos de investigación del Conicet es generar publicaciones científicas, es decir generar conocimiento nuevo que se publica normalmente en revistas específicas de cada área. Esto no necesariamente está articulado con las distintas gestiones políticas municipales, provinciales o nacionales. Que distintos grupos de profesionales en la materia hayan advertido sobre un riesgo de inundación de Bahía Blanca no implica que ese conocimiento haya sido tenido en cuenta por el área de obras hidráulicas de la Municipalidad de Bahía Blanca o por la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional. Muchas veces la utilización política del Conicet y los debates públicos sobre la utilidad o inutilidad de sus investigaciones parten de un desconocimiento de las tareas cotidianas de los investigadores, becarios y personal de apoyo que formamos parte del organismo. La desconexión entre la realidad nacional y el sistema científico es algo que me ha llamado la atención desde mi ingreso al organismo y ha pasado con todas las banderías políticas, aunque a veces se hayan hecho intentos. Y no solo por la poca articulación con otros organismos del Estado, sino también con el sector productivo. Para entender eso, a mi criterio, es necesario entender cómo se financia la ciencia en nuestro país.
—¿Es frecuente que informes e investigaciones caigan en saco roto?
—No solo es frecuente, sino que es lo habitual. En el sistema científico tenemos actores bien diferenciados; por un lado, el Conicet es un organismo que tiene personal civil del Estado nacional de planta permanente (investigadores y personal de apoyo) y becarios que reciben un estipendio y no forman parte de la planta. Los proyectos de investigación, es decir los fondos para la compra de insumos, equipamiento, bibliografía, viáticos, destinados a comprobar hipótesis científicas o en desarrollos tecnológicos, provienen principalmente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, más conocida simplemente como la Agencia. Este organismo financia los proyectos de investigación científica y tecnológica (PICT). A pesar de que el Conicet tiene sus propios instrumentos de financiación de proyectos de investigación, los más importantes y difundidos son los que otorga la Agencia. Simplificando, podemos decir que el Conicet paga los sueldos y la Agencia paga los proyectos. Esto si hablamos de fondos públicos. Muchas investigaciones también son financiadas a través de convenios con empresas privadas. Los fondos para los PICT y otros instrumentos de la Agencia provenían normalmente de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde la década del 80. Este gobierno decidió suspender el pago de desembolsos de PICT provenientes del BID. Ante esto, buena parte de la comunidad científica hizo un reclamo directo a las autoridades del BID.
—¿Esos organismos que mencionás son neutrales a la hora de financiar?
—Hay estudios de la injerencia de los bancos multilaterales de crédito en la política científica por parte de grupos de la Universidad de Río Negro y de La Plata. Claramente esta financiación no es neutral y estos organismos participan activamente de la construcción de las agendas en conjunto con los funcionarios del país. Van delineando tanto la agenda científica como su instrumentación. Esto fue quedando cada vez más en claro en los últimos llamados a financiación, con cláusulas específicas para la redacción y aceptación de proyectos que llegaron al paroxismo. Este esquema de financiamiento de la ciencia que se implementó desde los 80, y que continuó hasta el último gobierno, promovió una agenda de intereses que en muchísimos casos no tuvo nada que ver con el interés estratégico nacional. Este nuevo gobierno hace una crítica de la agenda promovida en gobiernos previos y decide cortar el financiamiento lisa y llanamente. Mi sospecha es que lo hace para generar nuevos mecanismos e instrumentos que le darán un nuevo enfoque, probablemente más vinculado a un financiamiento mixto con empresas privadas y corporaciones, pero que seguramente no difiera en los objetivos de fondo, ya que el rol geopolítico asignado a nuestro país sigue siendo el mismo. El ejemplo que sirve como muestra es justamente este: una tesis doctoral de nuestro sistema científico que describe el riesgo de una posible tragedia cae en saco roto y, por otro lado, se anuncia con bombos y platillos el patentamiento de una semilla transgénica de trigo resistente a agroquímicos de probados efectos, que profundizará el modelo extractivista y que seguramente generará problemas en la salud e inundaciones en pueblos de todo el país. Y tanto gobiernos progresistas como liberales estarán de acuerdo en qué investigaciones aplaudir y cuáles ignorar.
—¿Por qué el Conicet es defendido por todo el arco opositor al actual gobierno y víctima de episodios como este al mismo tiempo?
—En este punto mi opinión particular es que creo que la pelea entre las supuestas posiciones ultraliberales del actual gobierno y las posiciones liberales progresistas del ciclo de gobierno anterior son de reciprocidad: se necesitan y se utilizan para aplastar toda otra alternativa que se pueda generar. En el ciclo anterior de gobierno se utilizó el mecanismo de financiamiento mediante planes sociales. Se hizo a gran escala con los sectores más necesitados apuntando a paliar el hambre, y eso generó una estructura de poder a cargo de movimientos sociales o del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social. Para la clase media se utilizó el mismo enfoque: becas, en muchos casos del Conicet, como planes sociales para otra clase social. En este caso el objetivo no fue paliar el hambre, pero sí la vanidad propia de sectores universitarios “clasemedieros” donde la competencia es por un cierto prestigio académico, orientando las investigaciones mediante financiamiento externo. Esto fue generando un sector académico endogámico, de citas circulares, de comisiones que decidían el financiamiento de proyectos de investigación de otros miembros de comisiones y de opiniones monolíticas e incluso de censura de posiciones disidentes. Creo que ese sector está vinculado al arco opositor. Pero del otro lado, el actual gobierno criticó e incluso estigmatizó de casta al sector científico, generalizando una opinión que corresponde, en todo caso, a ese sector endogámico al que hice referencia. Y generó que al pato lo pague todo el sistema, cortando financiación de proyectos y reduciendo el ingreso de jóvenes. Está claro que ninguno de los dos caminos lleva a buen puerto.
—¿Cómo era el esquema en las gestiones anteriores?
—El sector universitario y científico estuvo muy ligado al gobierno de Alberto Fernández, que se autocatalogó en su momento como el “gobierno de científicos”. En las universidades históricamente la representación política ha estado vinculada al radicalismo y a sectores progresistas. La defensa del sector científico por parte del arco opositor radica en darle coherencia al discurso actual con su origen y su línea histórica de pensamiento político. El ataque al sistema científico por parte del gobierno actual es una continuidad de lo vivido en la década de los 90, cuando el gobierno liberal de Menem también atacó fuertemente a este sector. El gobierno actual rinde homenaje al expresidente Menem y lo llama “el mejor presidente de los últimos cuarenta años”. Es indiscutible que los avances científicos y tecnológicos son indispensables para el desarrollo de un país y que un organismo con enorme potencial como es el Conicet puede servir a esos objetivos de desarrollo. Desde hace años se fomenta un perfil del “científico global” cuyas investigaciones, si no se pueden realizar en Argentina, se financian corporativamente y se pueden llevar a cabo en cualquier lugar del mundo. Aquello de que la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí, quedó en el olvido. Lo que está sucediendo hoy en el sistema científico es la consecuencia lógica del desfinanciamiento. Los jóvenes que están finalizando sus doctorados no ven perspectivas de desarrollo en el país y buscan oportunidades afuera o en el sector privado. Y para el personal que decide seguir en el país, la desfinanciación hace que se busquen desesperadamente fondos a través de servicios o convenios con empresas o corporaciones, o bien financiamiento internacional directo. Esto genera competencia interna en el sector científico y orienta las temáticas de investigación en función de intereses privados corporativos, otra vez en detrimento del interés nacional en muchos casos. Y en sectores que no tienen esa posibilidad de vinculación con el sector privado, simplemente se produce la desaparición paulatina por inanición.
