Victoria Donda participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado de Periodismo de Investigación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y la Universidad del Salvador (USAL), en la que se refirió al cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que dirigió durante el gobierno del Frente de Todos. "Este gobierno está llevando a cabo una política de crueldad, aplicando medidas arbitrarias que dañan al tejido social. Por eso, no sorprende que el Gobierno cierre el Inadi, sería más sorprendente que no lo hiciera. ¿Que haría hoy el Inadi con un presidente que usa ‘mogólico’ como insulto?", declaró.
La ex diputada y referente del feminismo también se manifestó sobre las denuncias de Fabiola Yánez por violencia de género contra Alberto Fernández. "Siempre se le cree a la víctima. Le creo a Fabiola, no por fe, sino porque es importante la presunción de inocencia y lo que se resuelva en la justicia. Me parece gravísimo lo que hizo Alberto Fernández desde cualquier punto de vista. Aún si alguien dijera que Yáñez mintió, lo cual no creo, existe una responsabilidad ética de quien tiene un hijo con ella", sostuvo Donda en el Ciclo de Entrevistas coordinado por Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y vicerrector de USBA
—Luego de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, algunas referentes del feminismo del kirchnerismo sostuvieron que no siempre se le cree a la víctima. ¿Usted le cree a Yáñez?
—Siempre se le cree a la víctima. Le creo a Fabiola, no por fe, sino porque es importante la presunción de inocencia y lo que se resuelva en la justicia. Me parece gravísimo lo que hizo Alberto Fernández desde cualquier punto de vista. Aún si alguien dijera que Yáñez mintió, lo cual no creo, existe una responsabilidad ética de quien tiene un hijo con ella. Mucho más aún si tiene problemas de salud mental y la dejaron sola en España con un niño de dos años. También me preocupa que mientras el Gobierno recortó el programa “Acompañar” de asistencia a víctimas de violencia de género, muchos que se pronunciaron sobre el tema ahora no lo hicieron antes para combatir la violencia de género. Nadie cuestiona el rol de Alberto Fernández como padre en este contexto, lo cual es muy grave y refleja la sociedad patriarcal en la que vivimos.
—¿Entonces usted no comparte lo que dijo Julia Mengolini sobre la denuncia de Yáñez?
—Si me preguntás algunas cuestiones del relato de Fabiola, a mí me cierran todas. Soy una militante feminista que defiendo mujeres que están en situaciones de violencia y he vivido situaciones de violencia. Y, si además me decís que en el medio está el marido de Sandra Borghi que justo está haciendo el documental sobre Fabiola, creo que eso no opaca lo que dije anteriorimetne. Tal vez no hay un delito de acción penal, pero es algo sumamente reprochable. Alberto Fernández fue un hombre que se escondió detrás de las banderas del feminismo para seguir ejerciendo un poder violento y machista.
—A partir de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores detenidos, se abrió un debate sobre este tipo de visitas a condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Usted qué opina?
—El problema no es si las visitas son aceptables o inaceptables, ya que las visitas son un derecho humano. Estoy orgullosa de formar parte de un pueblo que ha construido un sistema de defensa y cumplimiento de los derechos humanos, respetando incluso a quienes nos los negaron durante la dictadura. Sin embargo, el problema es que un grupo de diputados nacionales usó esas visitas para tramar una política de lobby para lograr impunidad para los represores. No tengo problema con las visitas como derecho humano, pero sí con el rol que jugaron esos diputados, quienes fueron con la Comisión de la Cámara de Diputados y la venia de su presidente a planear un proyecto de ley para garantizar esa impunidad.
—¿Usted cree que en este gobierno se puede pensar en una amnistía para los que fueron acusados por los crímenes durante la dictadura?
—Una amnistía es una cosa y la domiciliaria es otra cosa. La amnistía es amnistía y la domiciliaria es una de las garantías que tiene cualquier persona condenada por cualquier tipo de delito y está en el Código Procesal Penal. Cualquier persona que cumpla una determinada edad puede recibir una prisión domiciliaria, si el juez lo considera por ciertas características y cuestiones de salud. No hace falta una ley para eso y hay que analizar cada caso concreto. Pero si son personas que se juntan a complotar y tratar de sacar una ley de amnistía, evidentemente están mostrando que tienen capacidad suficiente como para dañar el sistema democrático y el Estado de Derecho en el que vivimos. Es algo que ya hicieron una vez, y eso es un riesgo.
—¿Es correcto que el bloque de la Libertad Avanza expulse a Lourdes Arrieta tras revelar la organización de las visitas a los detenidos por lesa humanidad?
—Es una decisión del bloque de la Libertad Avanza. No coincido en nada con ellos. Creo que si la última reunión de bloque es como se dijo y como salió en todos lados, donde hubo gritos, golpes, tiradas de pelo e insultos hacia una diputada, estoy en las antípodas de esta mujer pero esto muestra que la violencia de género no es de un sector ideológico y es transversal a una sociedad que se puede dar en cualquier sector económico y en cualquier sector ideológico.
—Usted estuvo muy presente en la opinión pública recientemente por una denuncia de una empleada doméstica, quien supuestamente realizaba un trabajo que no estaba regularizado. ¿Cuál es su opinión al respecto?
—Gracias por preguntármelo. No pierdo la oportunidad de poder aclarar, porque lamentablemente salió mucho esa la noticia pero nunca se publicó en los medios que no pudieron probar ninguna de las mentiras que dijeron. Era una mujer que trabajaba en mi casa, que trabajó durante cuatro años unas pocas horas y que se le pagaba en forma registrada, como corresponde. Pero salió a decir cosas que no eran ciertas. Ni ella ni los abogados de la Fundación Apolo, que está a cargo de Magioncalda, pudieron probar que se trató de conseguirle un cargo en el Estado o que se le ofreció un cargo en el Estado. No pudieron probar que no estaba registrada, porque estaba registrada. Obviamente se desvinculó laboralmente, tuvo la indemnización que correspondía, como toda desvinculación laboral. Y ninguna de las cosas que se dijeron pudieron ser constatadas en la justicia. No salió nada de eso en los medios como sí salió la denuncia y pudimos probar que era mentira.
—Hubo un audio en el se la escuchaba a usted ofreciendole a esta empleada un contrato en el Estado. ¿Qué tiene para decir al respecto?
—No fue así. En ese audio no aparecía ofreciendo un contrato en el Estado. En ese audio yo le decía a una señora, que me había llamado muy afectada porque tenía un hermano internado y que no podía viajar más desde Almirante Brown, que había otras formas de trabajar cerca de su casa. Conozco esa situación desde hace muchos años, porque mi madre de crianza era empleada doméstica. Y creo que el trabajo doméstico debe ser reconocido y registrado. Nunca le ofrecí un contrato en el Estado. Solo traté de calmarla. La causa se cerró y archivó porque esos audios no existieron.
—¿Por qué cree que el cierre del Inadi pasó casi desapercibido y no generó repercusiones ni manifestaciones públicas para impedirlo?
—Desconozco para quién no hubo repercusiones, pero para quienes denunciaban discriminaciones en el Inadi y esperaban una respuesta, sí las hubo. Tal vez no salen en la prensa, pero el Inadei procuraba diariamente dar respuestas a las personas que denunciaban y necesitaban acompañamiento. Sin embargo, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, es difícil reclamar por hechos de discriminación y la ley antidiscriminatoria es limitada. El cierre del Inadi afecta a las poblaciones más vulnerables, como aquellas con enfermedades raras que ya no reciben medicamentos. Este gobierno está llevando a cabo una política de crueldad, aplicando medidas arbitrarias que dañan al tejido social. Por eso, no sorprende que el Gobierno cierre el Inadi, sería más sorprendente que no lo hiciera. ¿Que haría hoy el Inadi con un presidente que usa ‘mogólico’ como insulto?
—Desde que se produjeron las fallidas elecciones en Venezuela, se abrió un debate entre representantes de la izquierda y el campo popular sobre si hay o no hay democracia en Venezuela. ¿Usted considera a Nicolás Maduro como un dictador?
—Por una cuestión de respeto hacia aquellos que están trabajando para resolver la situación en Venezuela, cualquier tipo de calificación es una calificación de posición política y arbitraria. Mi posición es que si los derechos humanos están siempre amenazados cuando el Estado no garantiza el derecho a protesta, tenemos que reclamar que se restablezca. Creo que el Estado venezolano tiene que garantizar que aquellas personas que no están de acuerdo con lo que una parte del Estado está sosteniendo, que es un cierto resultado electoral, tiene que garantizar que esas personas se puedan expresar en plena libertad y de esa forma sean respetados sus derechos. Así como lo planteó Lula, el Estado venezolano tiene que arbitrar los mecanismos necesarios para mostrar las actas y arrojar luz sobre algo que evidentemente es muy controvertido. Los que mejor posición han tenido sobre este tema son Cristina, Lula, Petro, y me parece que han sido la intervención internacional más acertada.
—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.
—Para mí es un placer participar en este Ciclo de Entrevistas porque creo que el periodismo, a pesar de haber sido muy atacada por una parte del periodismo, es una profesión esencial para controlar a cualquier gobierno en libertad. Yo soy docente en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata porque creo en la necesidad de un periodismo objetivo. Aunque algunos pueden no estar de acuerdo con mi gestión en el Inadi, pero lo que no se puede hacer desde el periodismo es mentir. En los últimos años, la profesión ha sido usada para operaciones que crean verdades paralelas basadas en fake news. Para combatir esto, necesitamos periodistas comprometidos con la objetividad, que es la herramienta más poderosa que tiene la democracia.
Silvia Noviasky, Alejandro Castriota y Matias Suarez Saldivia
Estudiantes del Posgrado de Periodismo de Investigación
Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)
