A partir de abril, todos los prestadores de servicios y vendedores de productos en Argentina estarán obligados a detallar en sus facturas cuánto corresponde al producto o servicio y cuánto se paga en impuestos. La medida, impulsada por el Gobierno a través de ARCA, busca ofrecer mayor transparencia fiscal a los consumidores. En ese sentido, este medio se contactó con el tributarista, Sebastián Domínguez.
Sebastián Domínguez explicó que las empresas grandes ya cumplen con esta norma desde el 1 de enero: “Los supermercados más importantes ya están discriminando el IVA en el ticket de compra”. Sin embargo, a partir del 1 de abril, la obligación se extiende a todos los comercios. Aquellos que usen el sistema de comprobantes en línea de ARCA lo tendrán automatizado, pero quienes empleen software propio o controladores fiscales deberán adaptarse.
Domínguez señaló que hubo pedidos de prórroga por parte de las cámaras empresariales, pero ARCA indicó que no la concederá. No obstante, “si se llegara a prorrogar, lo razonable sería anunciarlo antes de la fecha límite”.
Cuáles son las consecuencias de no adherirse a la normativa
No cumplir con la normativa podría generar sanciones graves: “El comercio podría enfrentar un proceso de clausura de dos a diez días”. El entrevistado advirtió que una sanción de este tipo podría ser devastadora para los pequeños negocios en un contexto económico complicado.
En cuanto a los costos de implementación, Domínguez dijo que, “dependen de si el comercio debe actualizar su software o el controlador fiscal”. Esto podría impactar en los precios al consumidor o en la rentabilidad de los comercios.
Transparencia fiscal para los consumidores
El tributarista destacó el beneficio principal de la medida: “Es fundamental que los consumidores sepan cuánto están pagando en impuestos”. En las facturas se discriminará el IVA y otros tributos indirectos nacionales, como los impuestos internos y el impuesto a los combustibles. “Por ejemplo, si alguien carga nafta, podrá ver qué porcentaje del pago corresponde a impuestos”.
Sin embargo, no todas las provincias y municipios se adhirieron a esta transparencia fiscal. “El Gobierno podría argumentar políticamente que las provincias no quieren que se sepa cuánto se paga de ingresos brutos y tasas municipales”, anticipó Domínguez.
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