Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) están exigiendo que la Corte Suprema actúe para que comience a cumplirse con lo establecido en el artículo 2 de la ley 27.348 y que se ponga en marcha un cuerpo médico forense para que los peritos sean seleccionados mediante un concurso. Con el fin de analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con la presidente de la UART, Mara Bettiol.
“En 2017 hubo una reforma muy importante y ya casi 8 años que vamos a cumplir en febrero, hay cuestiones pendientes que hacen que esta litigiosidad no pare de crecer”, comentó Mara Bettiol. “Tuvimos un más 25% el año pasado, nos estamos encaminando casi más 8% y lo que no hay que perder de vista es el impacto que este tipo de decisiones, de sentencias, de judicialidad no tiene un arraigo en cuestiones reales”, agregó.
Se podrían integrar hasta 13 millones de personas en el sistema si se contara el empleo informal
Posteriormente, Bettiol planteó: “El sistema tiene una cobertura de 10 millones de trabajadores, pero si se abarcara el trabajo independiente o el trabajo no registrado, se podrían llegar a sumar 13 millones de personas más”. Luego, manifestó que, “es importante que esto no es solo un tema de ART, sino un tema de cómo conspira contra el trabajo registrado o de calidad”.
Qué establece la ley 27.348
“Con el Gobierno estamos hablando de manera permanente, es un sistema regulado por ambas superintendencias de riesgo de trabajo, pero lo pendiente es la justicia, es el poder judicial que no ha cumplido con lo previsto en la ley 27.348”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Esto es que ordene las pericias médicas en el ámbito de la justicia, la ley establece que se ponga en marcha un cuerpo médico forense, de manera tal que los peritos sean seleccionados por concurso”.
Por otro lado, la presidente de la UART señaló: “Debido a ese incumplimiento, muchas lesiones totalmente recuperadas conforme a la evaluación que hace la ART y también la comisión médica, va a la sede judicial y el perito, sin mayores fundamentos, establece un porcentaje de capacidad médica y así se genera un juicio con un adicional”.
Para finalizar, Bettiol dijo que, “lo único que se está pidiendo es que la Corte Suprema, en el caso de Nación y las cortes provinciales, en el caso de cada una de las provincias adheridas, cumplan con el párrafo establecido en el artículo 2 de la ley 27.348”.
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