El ministro Luis Caputo puso la lupa sobre el plan Argentina Hace, lanzado el 9 de marzo de 2020, cuyo objetivo era ejecutar infraestructura en unos 2.300 municipios del país.
A mediados del año pasado el Gobierno publicó la Resolución 452/2024 del Ministerio de Economía, que planteó tres alternativas para provincias y municipios con obras inconclusas:
* Devolver los fondos al Estado nacional.
* Finalizar la obra en un plazo de 120 días con financiamiento nacional.
* Hacerse cargo de la obra con fondos propios.
La norma aclaró que si la jurisdicción decidía continuar sin financiamiento nacional, debía evaluar “viabilidad” y que, ante incumplimientos, los fondos podían reclamarse y actualizarse conforme a la tasa activa del Banco Nación.
Según datos del Gobierno, había 951 obras en observación, con saldos ascendentes a aproximadamente $598.522 millones para municipios.
¿Cuántos municipios devolvieron el dinero?
Pese al alcance del plan y el monto reclamado, solamente 11 municipios de tres provincias (Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba) concretaron la transferencia del dinero. Entre ellos están: Diamante, General Las Heras, Guaminí, San Benito, Viale, Colón, Monte Leña, Victoria, Chascomús, Libertador San Martín y Alejandro Roca.
En términos de montos:
* El municipio de Victoria (Entre Ríos) lideró las devoluciones con $82.641.747,79.
* Chascomús devolvió $81.547.454,53.
* San Benito, Entre Ríos, entregó $69.961.014,47.
* En el otro extremo, Monte Leña (Córdoba) devolvió poco más de $600 mil.
Durante 2024, el Ministerio de Economía solo logró recuperar unos $370.859.409,87 de los municipios.
Contexto e implicancias
La decisión de Caputo se enmarca en un contexto de crisis económica aguda. En la resolución se advierte que “se considera necesario dejar sin efecto determinados programas … que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público”.
Qué sigue: pasos y desafíos
Las claves a considerar tras esta medida son:
* Verificar cómo se evalúan los proyectos que se continuaron con financiamiento nacional y si cumplieron el plazo de 120 días.
* Verificar la aplicación de la actualización de montos para devoluciones, conforme a la tasa activa del Banco Nación.
* Mayor fiscalización estatal hacia provincias y municipios que recibieron fondos pero no finalizaron obras.
* Transparencia respecto a los montos originales, la ejecución real de obras, y los motivos por los cuales tantos municipios no devolvieron el dinero o no finalizaron las obras.
En definitiva, se trata de una batería de medidas que buscan mejorar la eficiencia de los recursos públicos destinados a obra pública en un contexto económico difícil. Pero el hecho de que solo un puñado de municipios haya respondido hasta ahora plantea desafíos importantes de gobernabilidad, coordinación jurisdiccional y control.
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