La provincia de Buenos Aires no acompañó el alineamiento macroeconómico del Gobierno y anunció que no se adherirá al blanqueo, lo cual podría perjudicar a determinados contribuyentes que hayan blanqueado sus bienes, entre los reclamos del fisco podrían estar impuestos adeudados. En ese sentido, este medio se contactó con el abogado tributarista, Diego Fraga.
“La mayoría esperábamos una decisión así de parte del gobierno provincial por la falta de alineación completa con el Gobierno Nacional y como siempre los que salen perdiendo son los contribuyentes”, comentó Diego Fraga. “La primera reacción que podría tener la provincia al no adherir al régimen nacional es que subsisten todos los impuestos provinciales que hubiesen sido evadidos”, agregó.
Posteriormente, Fraga planteó: “La cosa sigue como ahora, es decir, si alguien tenía una casa no declarada en la provincia y ARBA la encuentra, va a reclamar el impuesto adeudado, los intereses, las multas, etc”. Luego, manifestó que, “uno podía esperar que, por una cuestión de política racional o por lo menos para acompañar las decisiones macro, el gobierno provincial se sumase a esta iniciativa pero por los problemas políticos no lo ha hecho”.
El fisco provincial podría reclamar impuestos adeudados a quienes hayan blanqueado
“Está abierta la posibilidad de que el fisco provincial, aquellos que hubiesen blanqueado, les reclamen los impuestos adeudados”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No es en todos los casos que se podría reclamar este tipo de impuesto porque hay que ver si los bienes blanqueados evadieron algún tributo provincial”.
Cuál es la esperanza de los contribuyentes
Por otro lado, el abogado tributarista señaló: “El riesgo de que la provincia reclame algo es bastante bajo porque a nivel federal hay una ley, la de entidades financieras, que trae una institución que se llama el secreto bancario”. Sobre la misma línea, remarcó que, “esto significa que ARBA no puede pedir masivamente datos a los bancos respecto de los sujetos que blanquearon”.
“Esto genera incertidumbre y genera inseguridad jurídica, lo lógico hubiese sido que todas las provincias adhieran”, expresó Fraga. Para finalizar, dijo que, “el riesgo es muy bajo salvo que exista una fiscalización puntual respecto de un contribuyente y le detecten algún bien no declarado”.
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