La presión tributaria de las provincias en Argentina ha aumentado un 50% en los últimos 24 años, lo que refleja un creciente desafío fiscal a nivel local.
Por qué es obligatoria la coparticipación y no podría ser eliminada
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Juan Manuel Álvarez Echagüe, abogado, doctor en Derecho, profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, quien expresó que, “los análisis actuales son, en general, poco precisos”.
Según el entrevistado, existe un conocimiento limitado sobre el federalismo fiscal en nuestro país, y “los problemas relacionados no se solucionarán de manera inmediata”.
En ese sentido, el abogado expresó que hay que entender que el régimen de coparticipación es obligatorio y no puede ser eliminado porque “debe existir una ley de coparticipación de impuestos, tal como lo establece la Constitución Nacional”.
En continuidad con el tema, el entrevistado explicó que el artículo 75 de la Constitución establece claramente que el régimen es obligatorio, y si algunos proponen su eliminación, “sería un error jurídico, ya que ello implicaría, entre otros problemas, la creación de múltiples impuestos a las ganancias y al valor agregado, uno por cada provincia y otro nacional”.
Qué deben garantizar los fondos coparticiapables
Por otra parte, Álvarez Echagüe explicó que la distribución de los fondos coparticipables debe considerar, entre otras cosas, los servicios y funciones que las provincias, municipios y la nación realizan. Y remarcó que un informe de la Universidad Nacional de La Plata señala que hace un año y medio, más del 80% de los servicios prestados a los ciudadanos son responsabilidad de las provincias y los municipios.
En cuanto a la necesidad de una reforma tributaria, el entrevistado sostuvo que, “todos estamos de acuerdo en que la presión fiscal es elevada y que existen tasas que no corresponden a su naturaleza jurídica, pero el problema es que el debate sobre estas cuestiones no se lleva a cabo de manera técnica, profunda y seria como debería”.
Según algunos informes, “el recorte de fondos fue de entre el 12% y el 15%, lo que obligó a las provincias a realizar ajustes”, dijo Álvarez Echagüe y mencionó que este cambio no puede ser inmediato porque requiere modificar muchas estructuras.
Para finalizar, el abogado agregó: “En un país federal, con provincias que tienen recursos propios, municipios con autonomía y una nación que depende de lo que las provincias le permitan recaudar, la discusión debe ser muy seria y profunda”.
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