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CANAL E
Denuncias a la línea 134

La justicia realizó allanamientos a comedores de los movimientos sociales

Un informe del Ministerio de Capital Humano y de Seguridad apuntó a agrupaciones piqueteras por el entramado de extorsiones y manejo irregular de fondos. Se allanaron 27 establecimientos.

comedores
Comedor comunitario | Télam

Este lunes, la Justicia Federal realizó 27 allanamientos en el marco de la causa que investiga a varios dirigentes sociales que pertenecen a diferentes organizaciones por presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales para asistir a manifestaciones y marchas.

Denuncias y pruebas

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Silvia Sarabia de Libre del Sur, quien expresó que la causa se inició “a partir de denuncias anónimas en un contexto donde se buscaba amedrentar a quienes protestaban por las medidas de Javier Milei”.

Según la entrevistada, el propio juez de la causa “planteó que no había pruebas suficientes como para llevar adelante los allanamientos que se hicieron en la madrugada de ayer” y que “algunos funcionarios del gobierno difundieron datos personales y domicilios”. “Mucha de la información que está circulando hay que ver si efectivamente es verídica”, agregó. 

Entorno político

Para la entrevistada es llamativo que estos allanamientos se den en un contexto donde “la Ministra Petovello tiene sobre sus espaldas una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público” y cuando “se plantean irregularidades en la designación de funcionarios”. Y continuó: “Dicen que la mitad de los comedores no existen, entonces nosotros nos preguntamos qué pasa con los que ellos constataron que existe porque tampoco hay asistencia alimentaria para ellos”.

En ese contexto, la entrevistada aseguró que hay “una intencionalidad política” porque “somos las organizaciones las que estamos denunciando la habilitación al narcotráfico a avanzar en nuestros barrios y hacer quienes hoy hacen parte de la asistencia alimentaria”. “Nosotros nos hemos movilizado muchas veces y denunciamos también en la gestión anterior, pero ahora se profundizó la situación”, agregó.

Transparencia pública

Con respecto a la causa, Saravia contó que, “no se puede ver qué es lo que hay como prueba de acusación para plantear también el derecho a la defensa”, pero “es extraño que en este contexto se halla difundido toda esa información, mientras tanto los abogados que encabezaron las defensas no pudieron acceder”. “Lo que menos hay en este gobierno, es la decisión de transparentar la política pública porque da la sensación de que lo que se está haciendo es estigmatizar y desprestigiar a organizaciones”, continuó.

Para cerrar, agregó:  “Nosotros llevamos adelante una tarea inmensa y no se está tomando en cuenta que somos las mismas organizaciones las que hemos planteado una y otra vez que es importante transparentar la política pública, porque sino se trata de clientelismo; y si hay situaciones ilegales, hay que avanzar con la justicia con los pasos como corresponde”.