Argentina atraviesa una situación de “emergencia real” en materia de derechos para las personas del área de discapacidad. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el abogado especializado en discapacidad, Juan Cruz San Martín, quien detalló el alcance del proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad y sus puntos más urgentes.
La “calamitosa” situación del sector de discapacidad
“Parece que tardamos un año y medio en darnos cuenta de que el sector estaba en emergencia”, comentó Juan Cruz San Martín. Y agregó: “La situación no es buena hace mucho tiempo, pero hoy es calamitosa. Realmente es dantesco el panorama”.
A su vez, destacó que la comunidad con discapacidad está siendo vulnerada desde múltiples frentes. “Si antes hablábamos de un ajuste, hoy estamos hablando directamente de una tendencia a la extinción. Es un proceso mecanizado que vulnera y vulnera derechos”, subrayó.
Los cambios del proyecto de ley
“Los montos quedaron súper bajos a principios de 2024. Esta ley los actualiza y asegura los fondos para que se cubran necesidades reales”, explicó San Martín.
Además, criticó el actual régimen de pensiones no contributivas y señaló que muchas se quitan si el grupo familiar tiene ingresos formales: “Hasta el año pasado, si el grupo familiar registraba más de $400.000 mensuales, se perdía la pensión. Como si ese monto alcanzara para vivir dignamente”.
Críticas a las auditorías
Una de las propuestas más destacadas del proyecto es el control de los procedimientos de revisión de pensiones. “No se cuestiona que se hagan auditorías, sino cómo se hacen. Tienen que tener seriedad, argumentos y responder al fin de la ley: garantizar derechos”, dijo el abogado.
“Se están pidiendo re auditorías de documentos públicos. Es como si te pidieran comprobar que una escritura de tu casa es real”, ejemplificó.
El entrevistado también denunció obstáculos para acceder al certificado de discapacidad, especialmente en el interior del país: “En Santa Fe no hay neurólogos infantiles especializados en discapacidad en la gestión pública, pero te los exigen. Entonces la gente tiene que ir a Córdoba, donde no podés hacer el trámite porque no es tu jurisdicción. Es una utopía certificarse”.
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