Una vez conocido el decreto del Presidente Javier Milei donde se nombra a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, el centro de la agenda política se enfocó en la falta de constitucionalidad que implicaba la medida. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el abogado, Guillermo Lipera.
Denuncian falta de argumentación en la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla
Según Guillermo Lipera, el argumento del Gobierno de que la Corte no puede funcionar sin estos nombramientos es infundado. "La Corte hoy está funcionando en el 99% de los casos sin ningún problema", afirmó, señalando que la crisis institucional mencionada por el Ejecutivo no es real. Además, subrayó que el uso excesivo de Decretos de Necesidad y Urgencia es un problema recurrente en Argentina, con más de 1.300 decretos desde 1994, a pesar de su prohibición constitucional.
Lipera advirtió que este tipo de medidas generan inseguridad jurídica, lo que afecta la confianza de los inversores. "El mensaje que se está dando es: la Constitución no me importa, las reglas no me importan", criticó. También señaló que Argentina tiende a tomar decisiones de corto plazo sin considerar sus consecuencias futuras, lo que complica el desarrollo económico del país.
La designación de Ariel Lijo podría correr peligro si no renuncia a su cargo actual
En cuanto a posibles obstáculos para la designación, el entrevistado explicó que la Corte Suprema podría negarse a tomar juramento a Ariel Lijo si no renuncia a su actual cargo judicial, basándose en precedentes como el fallo Nicholson de 1975. Además, el Senado tiene la facultad de rechazar el nombramiento con mayoría simple, lo que podría bloquear la designación.
El Gobierno ha intentado justificar su decreto citando el antecedente de Mauricio Macri en 2015, pero Lipera aclaró que hay diferencias clave. "Macri primero nombró jueces por decreto, pero al ver la reacción, rectificó su postura y envió los pliegos al Senado", explicó. En contraste, el actual Gobierno parece decidido a seguir adelante sin modificaciones, lo que, según Lipera, demuestra falta de prudencia.
Uno de los riesgos más graves, según el abogado, es que el Ejecutivo intente tomar juramento directamente, lo que violaría el artículo 112 de la Constitución. "Si eso ocurre, estaríamos ante una catástrofe institucional y un posible juicio político", advirtió. También mencionó la posibilidad de una decisión dividida en la Corte sobre este tema, lo que aumentaría aún más la incertidumbre jurídica.
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